El colegio militar que deberá aceptar la diversidad sexual

Las convicciones conservadoras con las que crecieron muchos de los colombianos han ido quedando atrás. Antes era impensable que los colegios enseñaran a sus alumnos a tratar como iguales a homosexuales y heterosexuales. Hoy es un deber legal. Si las entidades educativas lo desconocen, la justicia actúa en su contra.

Y así lo hizo el Consejo de Estado. Les ordenó a las directivas del Colegio Militar Antonio Nariño que adapten su manual de convivencia hacia esas exigencias. La meta es lograr que la institución cuente con medidas efectivas para que la orientación sexual de sus estudiantes no se convierta en una causal de exclusión o discriminación.

La decisión obedece a supuesto caso de matoneo del que fue víctima uno de los alumnos de ese plantel.
El tema fue puesto en evidencia por la madre del menor. Según ella, su hijo fue víctima de matoneo por parte de alumnos que le hacían la vida imposible, llamándolo ‘gay’, marica y homosexual.

A juicio de esta mujer, las directivas no hicieron nada para proteger a su hijo de semejante abuso. Al contrario, aseguraba que una profesora se habría encargado de difundir una historia sobre su supuesta condición homosexual.

Para ella, era claro que el acoso de los compañeros del alumno y la indiferencia de los profesores eran la causa de su bajo rendimiento académico. Sin embargo, consideraba que la situación de su hijo no era tan grave como para que perdiera el año. Por eso, estaba convencida de que la decisión de no promoverlo de noveno a décimo era la clara muestra de la intención del colegio de “deshacerse del problema” sin tener que tomar medidas para protegerlo del matoneo.

Por todo esto, la acudiente del estudiante interpuso una acción de tutela que llegó a ser conocida por el Consejo de Estado. La intención era que el joven fuese promovido al siguiente nivel y que se llamara la atención a los directivos del Colegio Antonio Nariño por no tratar de repeler los ataques continuos contra la identidad sexual de este adolescente.

Aunque el alto tribunal determinó que con las pruebas aportadas a este expediente era imposible concluir que el alumno hubiera sido objeto de algún tipo de acoso, sí se hizo evidente que, de haberse presentado, la institución no contaba con herramientas para proteger a la víctima.

Para el Consejo de Estado, no está claro si es la comunidad educativa o incluso la familia del menor la que no acepta las convicciones del menor en materia sexual, y por eso solicitó la mediación del ICBF. Lo que sí está claro es que el colegio debe asegurarse de contar con herramientas efectivas contra el matoneo, especialmente frente al respeto por la diversidad sexual.

Así, al margen de si en este caso se presentó o no un caso de bullying o matoneo, la institución demandada debe tomar medidas. Ello a fin de que integrantes de la comunidad educativa con identidad de género distinta a la de la mayoría pudieran blindarse de la mejor manera contra la discriminación.
“Particularmente, se ordena que en el plazo señalado, se adopten las siguientes medidas:

(i) Una revisión extensiva e integral de su Manual de Convivencia para determinar que este sea respetuoso con la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes, y para que incorpore nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, y (ii) que se instituya, de manera plena y eficaz, un comité de convivencia escolar”, dice el fallo.

Un problema para los adolescentes

Para nadie es un secreto que el matoneo escolar es una de las principales causas de la desestabilidad emocional que sufren los menores en su edad estudiantil. No sólo engendra problemas de adaptabilidad para las víctimas, sino que en no pocas ocasiones ha llevado a muchos jóvenes a inmiscuirse en actividades delincuenciales.

El tema no es nuevo. En realidad, ha sido un mal endémico que desde hace décadas se vive en los colegios. Lo que ocurre es que desde hace unos años las instituciones empezaron a notar las increíbles dimensiones de problema. Y como en tantos otros frentes, fue la Corte Constitucional la primera en tomar decisiones efectivas.

Desde finales del 2010, el alto tribunal exhortó al Congreso a legislar. En el 2013, aprobó una ley que obligaba a los colegios a contar con diversos instrumentos normativos para detectar tempranamente casos de matoneo.

Como de manera dramática lo puso en evidencia el caso de Sergio Urrego, algunos colegios no se han tomado en serio sus deberes para generar aceptación y respeto a la orientación sexual diversa. La homosexualidad sigue siendo una de las principales causas de hostigamiento, estigmatización y exclusión en muchos planteles educativos.

El Consejo de Estado considera que se deben incrementar los esfuerzos para que las directivas del Legislativo en esta materia no sean letra muerta.