El viacrucis de un juez que vivía con 373.000 pesos

En materia de pensiones y seguridad social parece que ni los jueces de la República están exentos de las arbitrariedades del sistema y las autoridades responsables de su administración. Al menos así lo demuestra un fallo en el que el Consejo de Estado se apiada de la calamidad de un exjuez de 77 años que vive por debajo de la línea de pobreza desde hace 15 años por culpa de una pensión mal liquidada.

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Con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, ese tribunal le ordenó a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales del Ministerio de Hacienda (UGPP) corregir de una vez por todas el error que llevó a que este hombre tuviera que sobrevivir con 373.000 pesos mensuales, tratando de sobreponerse a sus males coronarios y hasta a una cirugía de corazón abierto.

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Durante 20 años este hombre le sirvió al poder judicial, tratando de defender a los ciudadanos de la injusticia. Nunca pensó que su compromiso para proteger a los débiles de los excesos que cometen los más poderosos le dejarían a él mismo –en el futuro– como una indefensa víctima de las arbitrariedades de las instituciones.

Tras una intensa actividad al frente de los despachos judiciales, el protagonista de esta historia empezó a disfrutar de su derecho a la pensión en el 2001, cuando la ya desparecida Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) le autorizó el pago de una mesada pensional cuyo monto era infinitamente inferior a lo esperado.

Desde entonces, este abogado empezó a librar una pelea silenciosa pero valiente para que las autoridades pensionales corrigieran el error. Primero buscó convencer de su equivocación al propio fondo, pero fracasó y no tuvo otra alternativa que volver a los estrados para pelear por lo que consideraba una arbitrariedad.

Mientras tanto, la salud del veterano juez iba desmejorando y las necesidades económicas agobiándolo cada día más. Con su modesta pensión, equivalente a un salario mínimo, el hombre pagaba el arriendo del pequeño apartamento de Facatativá (Cundinamarca) en el que vive y solventaba los costos de los estudios superiores de sus dos hijos.

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Nadie se explica cómo los 373.000 pesos que le quedaban cada mes, descontando pagos por salud y deudas, le alcanzaban para pagar el alquiler y cubrir los gastos de los estudios de sus hijos. Sólo el propietario de la vivienda en la que habita desde hace tiempo parecía solidarizarse con su situación; tanto, que lleva tres años sin cobrarle ni un solo mes.

Un fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá y posteriormente una acción de nulidad y restablecimiento del derecho resuelta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, encontraron el error aritmético en el que había incurrido el fondo pensional y ordenaron reliquidar la pensión desde el 2005.

Sin embargo, la UGPP no hizo más que repetir la equivocación. Lo hizo a lo largo de los últimos 11 años y, lo peor, aprovechando la situación de necesidad del exjuez para impedir que este acudiera a la justicia para reclamar lo que le correspondía.

El caso quedó en manos del Consejo de Estado y ahí sí el jurista obtuvo la respuesta que estuvo esperando los últimos 15 años. La Sección Quinta del alto tribunal le pidió al fondo que no siga tratando de hacerle el quite a la justicia, como lo ha hecho todos estos años, y que le pague a este hombre lo que realmente le debe.

Por eso, la UGPP debe reliquidar el monto de la mesada, actualizar esos pagos y cancelarle las obligaciones que ha dejado de entregarle en los últimos tres años. La entidad judicial dice no entender cómo la demandada le puso tantas trabas a su obligación y tratar de aprovechar la situación de apremio que vivía el pensionado para que este no intentara reclamar ante la justicia lo que le debían.

Según cálculos extraoficiales, gracias esta decisión, el adulto mayor pasará de recibir una mesada de poco más de 644.000 pesos a disfrutar de un pago mensual superior a 2’160.000 pesos. Además, se prevé que reciba unos 80 millones más de los dineros que se le adeudan y que todavía tiene la oportunidad de reclamar.