Consejo de Estado pide investigar a cúpula de las FARC por secuestro de político

Para el Consejo de Estado, las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana se han convertido en un escenario propicio para que la guerrilla empiece a resarcir parte del daño causado a sus víctimas. Al parecer, su objetivo es que la insurgencia reconozca su responsabilidad en delitos atroces. Esta vez el alto tribunal busca que la cúpula de las FARC responda por un secuestro que se produjo el día que se rompieron las negociaciones con el gobierno de Andrés Pastrana.

Con ponencia de Jaime Orlando Santofimio, esa corporación le pidió al presidente Juan Manuel Santos que convenza a los máximos dirigentes de ese grupo de que presenten excusas a los familiares del excandidato a la Cámara de Representantes Silvio Vásquez Villanueva, por haberlo secuestrado.

Además, le pidió a la Fiscalía que establezca si hay lugar a investigar a la cúpula de ese grupo por estos hechos. Para el Consejo de Estado, es posible que esos hechos puedan ser imputados a Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez‘; Jesús Carvajalino, alias ‘Andrés París‘; Milton Toncel, alias ‘Joaquín Gómez‘; José Cabrera, alias ‘Fabián Ramírez‘; Ricardo Palmera, alias ‘Simón Trinidad‘; Luis Albán, alias ‘Marcos Calarcá‘, y Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko‘.

A juicio de la entidad, la posición de mando de estos guerrilleros los hace responsables de la ejecución de conductas de esta naturaleza. Según la providencia, se trata de un crimen de guerra que, por su gravedad, merece que sus gestores asuman sus culpas, aunque no sean agentes estatales.

Desde enero de 1999 el entonces presidente Andrés Pastrana buscó nuevamente una salida negociada al conflicto. Ordenó a la fuerza pública abandonar la zona de El Caguán para permitir que la insurgencia se concentrara allí. El lugar, conocido como la ‘zona de distensión‘, sirvió de escenario a más de tres años de infructuosas negociaciones con las FARC.

El 10 de marzo del 2002 los diálogos se rompieron. El Gobierno no toleró que la zona de despeje fuera utilizada para preparar grandes acciones delictivas, como lo fueron el secuestro de el excongresista Jorge Eduardo Géchem, quien eran rehén de guerrilleros de las FARC que se habían tomado un avión en Neiva (Huila).

El mismo día fue retenido el protagonista de esta historia, el excandidato a la Cámara de Representantes Silvio Vásquez Villanueva. Su recorrido por las calles de la capital huilense terminó ese día en la carretera que de Suaza conduce a Florencia (Caquetá). Allí fue sorprendido por hombres del frente 61 de las FARC, que lo mantuvieron en su poder contra su voluntad hasta febrero del 2003.

Años después de padecer semejante tragedia personal, el político y su familia demandaron a la Nación, en busca de ser reparados. El caso fue conocido por el Consejo de Estado, que no se limitó a conceder la indemnización económica. También impartió medidas alternas de reparación simbólica.

Además de atribuirle responsabilidad al Estado por no haber ofrecido seguridad suficiente a esta y otras personas secuestradas en la ‘zona de distensión‘, el órgano jurisdiccional describió cuál es el parte de culpabilidad de la guerrilla. Dijo que se trata de una flagrante violación los derechos humanos, que podría ocasionar juzgamientos por parte de organismos multilaterales contra la insurgencia.

Aparte de las órdenes que ya se dieron a conocer, el Consejo de Estado ordenó al Ministerio de Defensa y a la fuerza pública adelantar un gran acto de reconocimiento de responsabilidad. También concluyó que la sentencia debe contar con mecanismos efectivos de publicidad y difusión.

No es la primera vez que la jurisdicción contenciosa establece mecanismos de reparación que deban ser tratados en las negociaciones de La Habana. En el pasado lo hizo, al pedir que el impacto de la guerra en el deterioro del medio ambiente fuera examinado en la mesa.