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| 1/29/2016 10:32:00 PM

Mindefensa pierde pelea por 'superpoderes' de contratación

El Consejo de Estado ratificó la suspensión de las potestades especiales que tenían entidades del sector defensa para garantizar la seguridad nacional.

El Gobierno perdió otra batalla por recuperar la capacidad con la que contaba el Ministerio de Defensa y otros organismos de ese sector para contratar, a dedo, servicios y adquirir elementos destinados a la seguridad nacional.

El Consejo de Estado mantuvo suspendidas las normas que permitían a estos estamentos saltarse las normas de contratación estatal. Algunas de esas reglas le permitían a las entidades mantener bajo reserva los detalles de muchos de esos contratos.

En el 2013, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos estableció un procedimiento especial para la contratación de servicios, maquinaria, tecnología y otros elementos necesarios para mantener la seguridad nacional.

Se trataba de un procedimiento abreviado, que permitía concretar rápidamente esos negocios y mantener en secreto gran parte de esos procesos. Esto teniendo en cuenta que lo que estaba en juego era la seguridad del Estado, la soberanía y la protección de los ciudadanos.

Esa reglamentación especial permitía que entidades del sector defensa fueran exoneradas del deber de justificar la contratación o compra de armamento, equipos médicos, alimentación, vehículos, contratación de obras civiles, así como tecnología en materia de seguridad carcelaria.

Bajo esas mismas condiciones podía contratarse la adquisición de instrumentos tecnológicos útiles para el desarrollo de contiendas electorales, el funcionamiento de la Rama Judicial y el de la Unidad Nacional de Protección.

Además, estos mandatos daban lugar a que entidades estatales del sector, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección no estuvieran obligadas a escuchar varias ofertas antes de seleccionar a los contratistas, como sí deben hacerlo otros organismos estatales, por regla general.

Esas potestades especiales estuvieron vigentes hasta mayo del 2014. Por entonces, el magistrado del Consejo de Estado Mauricio Fajardo decretó la suspensión provisional de esas normas.

El Ministerio de Defensa no se quedó de brazos cruzados. Interpuso un recurso de súplica, con la esperanza de que se le permitiera seguir haciendo uso de estas normas especiales de contratación. Para la cartera, el magistrado Fajardo había prejuzgado, lo que debería dar lugar a echar para atrás esa medida cautelar.

Sin embargo, el Gobierno perdió la parte más importante de esa pelea. La Sección Tercera del alto tribunal ratificó varias de las conclusiones de Fajardo. Eso significa que las entidades no podrán recuperar varias de las facultades especiales de contratación que conservaban.

“(…) El hecho de que la intención del Gobierno Nacional fuera evitar que cualquier entidad pudiera contratar bienes para la seguridad y defensa nacional no es fundamento válido para justificar el exceso de la potestad reglamentaria”, concluyó la Sala.
 
Pero no todos los esfuerzos del Ejecutivo en este litigio se perdieron. El Consejo de Estado levantó la suspensión sobre la norma que determina qué bienes pueden ser concebidos como necesarios para la seguridad nacional. Además, permitió que la adquisición de equipos y herramientas puede adelantarse sin tener que escuchar varias propuestas.

Al final, el sector defensa no tendrá otra alternativa que adecuarse a las rigurosas exigencias que deben sortear la mayoría de las entidades para adelantar gestiones contractuales.

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