El incumplimiento que el Consejo de Estado le recordó al Gobierno

Ya casi nadie recuerda el censo poblacional y de vivienda que adelantó el Gobierno de Álvaro Uribe en el 2005. El olvido resulta más que explicable, pues los datos que tiene en su poder el DANE no se han convertido en ley de la República, como lo exige la propia legislación.
 
Por eso, el Consejo de Estado le ordenó al Ejecutivo que cumpla la obligación que ha dejado de atender por más de 10 años. De ahí que se la haya impuesto el deber de presentar el proyecto de ley para la incorporación al ordenamiento de los resultados del censo, a más tardar, dentro de cuatro meses.
 
Durante el gobierno de Álvaro Uribe se estableció la necesidad de renovar el censo poblacional que, hasta entonces, había sido practicado por última vez en 1993.
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a través de sus propios funcionarios y otros colaboradores, emprendió una tarea que se extendió por varios meses, a lo largo del 2005. Servidores públicos, maestros y estudiantes universitarios y de último grado de bachillerato emprendieron esta tarea, según lo estipulado en la Ley.
 
El paso a seguir, luego de culminada esa labor, era que el Gobierno presentara un proyecto de ley ante el Congreso, para adoptar los resultados al ordenamiento. El plazo del Ejecutivo era de tres meses, según lo ordena la Ley 79 de 1993 (artículo 7º), norma que además establece que no puede pasar más de un año entre la realización del censo y la expedición de la norma.
 
Se terminó el 2005 y nada pasó. El DANE tabuló la información y la organizó bajo diferentes criterios, a partir de los cuales se han podido medir aspectos como el acceso a vivienda y servicios de los que disponían los más de 41 millones de habitantes que, según el estudio de la época, tenía el país.
 
Con el paso del tiempo, el país se olvidó del asunto y del incumplimiento del Gobierno de convertir en Ley los resultados del censo. Sólo el interés de un ciudadano para que se asignaran nuevas curules en el Congreso activó ese recuerdo.
 
Como la Constitución exige que la asignación de nuevas curules debía estar sujeta a los resultados del censo, salió a relucir el incumplimiento. Por eso, interpuso una acción de cumplimiento ante el Consejo de Estado, con el propósito de que ese controvertido censo se incorporara al ordenamiento jurídico, como lo exige la ley.
 
De esa manera, la Sección Quinta de la corporación pudo establecer que el Ejecutivo lleva una década escurriendo el bulto frente a esta responsabilidad. Por eso, le dio plazo hasta el 16 de marzo del 2016 para que presente la respectiva iniciativa legislativa.
 
A diez años de ese dispendioso conteo, es bien discutible que los datos sean asimilables a nuestra actual dinámica poblacional. Así, quién sabe si una eventual reasignación de curules refleje realmente la realidad.