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| 7/7/2016 10:06:00 PM

Consejo de Estado, el contrapoder al procurador

La anulación de la destitución del exministro Sabas Pretelt es el segundo gran fallo de Ordóñez que cae en ese organismo. Antes ocurrió con el exalcalde Alonso Salazar y se podría repetir con Piedad Córdoba y Petro.

Con la sorpresiva anulación de la destitución e inhabilidad que la Procuraduría le impuso al exministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega por la denominada ‘Yidispolítica’ sigue creciendo la sensación gestada en los bastidores judiciales según la cual el Consejo de Estado se ha convertido en un verdadero contra poder para el jefe del Ministerio Público.

Puede consultar: Tumban destitución de Sabas Pretelt por yidispolítica

Antes de tumbarle semejante providencia, ese alto tribunal ya había anulado, por ilegal, la sanción que Ordóñez le impuso al exalcalde de Medellín Alonso Salazar. Esto sin mencionar las ponencias que estudia la misma corporación en las que se propone dejar sin efectos las destituciones que el procurador le impuso a Piedad Córdoba y Gustavo Petro.

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A pesar de que el Consejo de Estado es, por mandato legal y constitucional, la autoridad encargada de examinar la legalidad de los fallos disciplinarios del organismo de control y por eso es común que controvierta las determinaciones de esa entidad en ese campo, pocas veces se vio que las providencias que provinieran del propio jefe del ente fueran tan fuertemente cuestionadas.

Los reveses del procurador en el tribunal de lo contencioso administrativo empezaron cuando esa corporación invalidó su decisión de destituir e inhabilitar por 12 años a Alonso Salazar porque, como alcalde de Medellín, se había referido a los supuestos nexos que tenía con los paras uno de los candidatos a sustituirlo en la Alcaldía.

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Aunque para Ordóñez el dirigente había violado la prohibición de los servidores para participar en actos de los partidos, para el Consejo de Estado no fue más que un comentario imprudente que no podía terminar marginándolo de la actividad pública. Por eso le cambió la durísima sanción por una simple amonestación.

Esa fuerza en contra de las decisiones de Ordóñez se siguió haciendo notoria cuando el órgano judicial suspendió los efectos de la sanción que le impuso a Gustavo Petro cuando estaba al frente de la Alcaldía. Fue un proceso que estuvo cargado de demandas, contrademandas, marchas y hasta la intervención de la justicia internacional.

Gracias a esa decisión del órgano contencioso administrativo, Petro, en vez de salir del Palacio de Liévano y marginarse de la actividad pública por 15 años como lo pretendía la Procuraduría, pudo terminar su cuatrienio y ahora está a punto de recuperar su carrera política, pues la ponencia en la que se examina la legalidad del proceso disciplinario se propone declararlo nulo.

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La semana pasada se puso en evidencia que el procurador también va perdiendo el pulso que mantiene con la exsenadora Piedad Córdoba, debido a que el consejero de Estado William Hernández también pretende dejar sin efectos la destitución e inhabilidad de 18 años con la que Ordóñez marginó de la vida política a la líder de izquierda.

Como si el alto funcionario tuviera poco con esas decisiones, este jueves se conoció que el órgano de lo contencioso administrativo tumbó la sanción que le impuso hace seis años al exministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt por su participación en la ‘Yidispolítica’.

Para el Consejo de Estado, el exfuncionario no tenía por qué cargar con la destitución y la inhabilidad de 12 años que dictó en su contra el organismo de control, debido a que al momento de emitirse la decisión ya había prescrito el término legal que tenía esa entidad para investigar y juzgar las supuestas dádivas que el procesado ofreció a congresistas, por las cuales fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel por la Corte Suprema.

Por lo visto, este tribunal parece haberse convertido en todo un contrapoder frente a varias de las decisiones más importantes que ha tomado Alejandro Ordóñez en sus siete años de trabajo al frente de la Procuraduría General de la Nación.

Y si la Sala Plena decide de una vez por todas sacar al funcionario de su cargo, como se lo pidieron representantes de Dejusticia desde el 2012 y como lo propone la propia consejera ponente de la demanda, Rocío Araújo, mucho más fuerte e imponente será la sensación de que esta entidad judicial ejerció el verdadero contrapoder a las decisiones del jefe del Ministerio Público, que muchos creían “todopoderoso”.

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