Caso Petro: ¿Qué sigue en el Consejo de Estado?

Extenuante y compleja fue la Sala Plena del Consejo de Estado que se realizó durante 12 horas para analizar las tutelas interpuestas en el caso de la destitución y la inhabilidad del alcalde Gustavo Petro. La principal conclusión fue la negativa de ocho impedimentos presentados por los magistrados, quienes por distintas razones solicitaron ser apartados del debate que va a definir la permanencia del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Aunque se creía que ese alto tribunal se iba a tomar su tiempo en resolver las tutelas, incluso se hablaba de un año para que se conociera un fallo definitivo, esa Corte pisó el acelerador y tomó decisiones de fondo.

La primera de ellas fue negar los impedimentos de los magistrados María Claudia Rojas, Bertha Lucia Ramírez, Jaime Orlando Santofimio, Luis Rafael Vergara, Enrique Gil Botero, Carmen Teresa Ortiz, María Elizabeth García y Lucy Jeannette Bermúdez.

Para la Sala Plena de este alto tribunal, la existencia de familiares de siete magistrados en la Procuraduría o en la Alcaldía no es razón suficiente para apartarse del debate, la razón, ninguno de los cargos desempeñados por las personas cercanas a los magistrados tenían injerencia o relación al proceso de Gustavo Petro, por lo cual para la corporación, “no existe un interés directo”.

Igualmente el ponente Guillermo Vargas Ayala dejó claro que no existía fundamento alguno en los impedimentos puesto que desempeñados en la Procuraduría o Alcaldía, por personas cercanas habían sido designados en administraciones anteriores y no en las actuales.

El único impedimento que no estuvo relacionado con familiares fue el de Lucy Jeannette Bermúdez, quien se declaró impedida por una acción de grupo que tiene contra la Procuraduría por un tema salarial. Para la sala no es de recibo dicho impedimento puesto que no tiene relación alguna con el proceso de análisis de las tutelas.

Pero en las 12 horas que estuvieron reunidos los magistrados también se trató un delicado tema. Cómo hacer para estudiar las tutelas que han llegado al Consejo de Estado. En la Sala se impartió la instrucción de unificar todas las tutelas que lleguen. Estas tendrán como único ponente al magistrado Guillermo Vargas Ayala.

También se conoció que los 20 días para responder de fondo se contarán a partir de la primera, es decir, al alto tribunal le quedan 14 días para definir de fondo. Eso supone que se podría conocer la decisión antes que se realice la revocatoria prevista para el 2 de marzo.  

También se supo que el próximo martes podría ser presentado el proyecto de fallo para que empiece el debate de fondo sobre la suspensión de los efectos de la sanción disciplinaria.

Ante este escenario cabe la pregunta ¿qué pasará?, lo que se ha podido conocer es que ya se estableció una directriz para que toda la corporación esté enfocada en cumplir los términos de la tutela.