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Piedad Córdoba fue destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 18 años.

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Consejo Estado descarta levantar fallo que destituyó a Piedad Córdoba

La excongresista considera que con el fallo se consolidó la persecución política que a su juicio hay en su contra.

21 de noviembre de 2011

El Consejo de Estado descartó la solicitud de suspensión del fallo por el cual la Procuraduría destituyó e inhabilitó a la exsenadora Piedad Córdoba en septiembre del 2010 por su supuesta colaboración con las FARC, informó este lunes ese tribunal.

En un comunicado, el Consejo de Estado negó a la exlegisladora del Partido Liberal la "medida de suspensión provisional" de la decisión por la que la Procuraduría la sancionó para que no pudiera ejercer cargos públicos durante 18 años.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado consideró que "resulta evidente que no cabe aludir a la existencia de la acción constitucional de pérdida de investidura de los congresistas como justificación de la imposibilidad de que estos sean objeto de sanciones disciplinarias".

El alto tribunal subrayó que se trata de "dos acciones diferentes que no es posible confundir" y que "no es válido argumentar la existencia de una de estas acciones como fundamento para invalidar la existencia de la otra."

Además, recordó que la excongresista, que ha participado como mediadora ante más de 15 procesos de liberación de secuestrados por las FARC, ha sostenido que desarrolló una "actividad humanitaria" en su trato con la guerrilla.

Sin embargo, según la demanda que se interpuso en su contra, "resulta imposible acceder a la solicitud de suspensión provisional dado que se requiere examinar el supuesto acto de delegación, lo que implicaría aportar una prueba en tal sentido".

La Procuraduría, encargada del control disciplinario de los funcionarios, defendió su decisión de sancionar por 18 años a Córdoba "por haber promocionado (a) y colaborado" con las FARC.

Para Córdoba, con el fallo se consolidó la "persecución política" que a su juicio hay en su contra y la Procuraduría violó sus derechos en ese proceso, por lo que interpuso una demanda por nulidad y restablecimiento del derecho.

EFE