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Panorámica del ruedo de la plaza de toros de Santamaría en una de las corridas de toros de la tradicional temporada taurina. | Foto: Archivo

PROCESO

Consejo de Estado: el nuevo 'ruedo' en la puja por la Santamaría

La Corporación Taurina, que durante quince años administró la plaza de toros de Bogotá, insiste que le fueron vulnerados sus derechos por un tribunal de Cundinamarca que anuló el contrato que tenían con el Distrito Capital. Impugnaron el fallo.

12 de octubre de 2012

El pasado martes se conoció la decisión del Consejo de Estado que declaró “improcedente” la tutela que la Corporación taurina de Bogotá había interpuesto contra el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que el pasado 12 de julio que tumbó el contrato que la empresa taurina tenía desde 1999 con el Distrito Capital.

Ese fallo administrativo se produjo en respuesta de una Acción Popular en la que se cuestionó que el contrato número 411 de 1999, entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Corporación Taurina, no había sido adjudicado sin una previa licitación pública.

Dicho contrato, que se había prorrogado hasta el 2015, era el que le permitía a la Corporación Taurina administrar la plaza de toros de Santamaría y organizar la tradicional temporada de toreo en la capital del país.

La Corporación Taurina consideró que el Tribunal de Cundinamarca, al anular el contrato, había vulnerado sus derechos y por esos recurrió a la acción de tutela antele máximo tribunal de lo contenciosos administrativo.

El Consejo de Estado determinó que había recursos distintos para acceder antes que el de la acción de tutela, por lo que declaró el recurso interpuesto por la Corporación Taurina como “improcedente”.

La Corporación, según un comunicado conocido este viernes, insiste en que el Tribunal de Cundinamarca vulneró el derecho fundamental al debido proceso en el trámite de la segunda instancia de la mencionada acción popular.

Señala la Corporación en el comunicado que el Tribunal desconoció el “precedente judicial” materia del “alcance de algunos derechos colectivos, la valoración de pruebas que la Corporación no tuvo la oportunidad de controvertir y la formulación de argumentos distintos a los planteados en la demanda inicial”.

Por esas razones, la Corporación impugnará la decisión del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela y pedirá a otra sala de esa corporación que se pronuncie al respecto.

“Como quiera que la Corporación Taurina de Bogotá considera que en el trámite de la señalada acción popular efectivamente le fue conculcado su derecho al debido proceso, impugnará el fallo del 24 de septiembre pasado, para que otra Sala del Honorable
Consejo de Estado la evalúe y resuelva de fondo las peticiones planteadas en la demanda de tutela”, anunció la empresa taurina.

La nueva faena en la lucha política y jurídica por la Santamaría se traslada ahora al ‘ruedo’ del Consejo de Estado, donde la Corporación y taurina está dispuesta mantener en firme el contrato de administración de la plaza de toros de Santamaría.

La discusión que se adelantará en el Consejo de Estado se concentrará en dicho contrato, y no tiene alcances para determinar la abolición de la actividad taurina en la ciudad, pues esta está amparada por la Ley 916 de 2004 (Reglamento taurino Nacional), y por la sentencia C-666 del 2010, que declaró las corridas de toros como un espectáculo ajustado al ordenamiento jurídico colombiano.

Y es que al fallo del Consejo de Estado del pasado 24 de septiembre, el gobierno distrital le dio la lectura de que el alto tribunal había mantenido en firme la decisión del alcalde Gustavo Petro que, mediante un acto administrativo, decidió terminar unilateralmente el contrato que su administración tenía vigente para la celebración de espectáculos taurinos.

Así lo manifestó Guillermo Asprilla, secretario de gobierno, al afirmar que en la Santamaría no se volverían a dar corridas toros” y que continuaba siendo “un centro cultural”. Sin embargo, el fallo del Consejo de Estado no tuvo esos alcances.

El pasado mes de junio, el alcalde Petro al terminar el contrato de arrendamiento de la plaza de Santamaría encontró la forma de “prohibir” las corridas de toros, pues la Alcaldía no volvió a prestar el escenario para albergar espectáculos taurinos, pese a que la ley los avala.
 
La plaza de toros de Santamaría, desde el 9 de febrero de 1931, cuando fue inaugurada no había cerrada para los espectáculos taurinos en la ciudad. La temporada taurina del 2013 sigue cancelada.