Los gremios y la paz

Pocas veces en la historia reciente el sector privado ha asumido posiciones frente a temas que van más allá de sus intereses económicos y se ha metido a fondo en el ámbito de la política o la vida institucional del país. Una de ellas se presentó durante la crisis institucional desatada por el proceso 8.000 a mediados de los años noventa, que tenía al presidente Ernesto Samper contra las cuerdas, y otras veces en los procesos de paz que intentaron Belisario Betancur y Andrés Pastrana. En estos últimos casos hubo más pronunciamientos sectoriales o de empresarios individuales que unánimes. Por eso resultó tan elocuente que el lunes pasado el Consejo Gremial Nacional fuera a Palacio a reunirse con el presidente Santos a entregarle una carta para manifestarle su respaldo a las negociaciones de La Habana.

Que los dirigentes de 21 gremios del Consejo hayan llevado a Palacio un documento de “reflexiones” es una muy buena noticia. Primero, porque resulta casi una hazaña que hayan logrado un acuerdo entre posiciones tan disímiles, lo cual demuestra que hubo mucha discusión detrás del texto.

Lo segundo es que las posiciones de algunos de los dirigentes gremiales que firman el documento se han atemperado. El tono mismo, a pesar de contener fuertes críticas, es constructivo y no hay ninguna descalificación al proceso de paz. Personas como José Félix Lafaurie, de Fedegán, o Guillermo Botero, de Fenalco, duros contradictores del proceso, suscribieron las “reflexiones” junto a posiciones mucho más moderadas como las de Bruce Mac Master, de la Andi, Jorge Humberto Botero, de Fasecolda y Santiago Montenegro, de Asofondos, entre otros. También lo hizo el presidente de Asocaña, Luis Fernando Londoño, que por estos días no está muy contento con la sanción que el gobierno les impuso a los azucareros, muy criticada por el propio Consejo Gremial. Esto refleja que por encima de sus intereses particulares se impuso el propósito de aportar a la discusión pública sobre el proceso de paz.

El documento es sincero, como la reunión con el presidente, y en algunos casos expresa inquietudes legítimas. En otros apartes, sin embargo, se perciben prejuicios y se trazan líneas rojas discutibles.

La letra menuda

Si bien el texto arranca con un respaldo a la negociación y reconoce los avances logrados en La Habana, los motivos por los que justifican las conversaciones han dejado muchas dudas. “Las razones son humanitarias”, dicen ellos y agregan que “no negocian los jefes de dos ejércitos enfrentados para culminar una guerra civil en la que ninguno de ellos ha podido vencer”.

Este es un punto de partida divergente con la visión del gobierno. Como ha aclarado Humberto de la Calle, jefe de la delegación oficial, “silenciar los fusiles no es el único objetivo de los diálogos de La Habana”. El gobierno entiende la firma de un acuerdo con las FARC como una oportunidad para cambiar realidades que pueden convertirse en caldo de cultivo para que la violencia se reproduzca más adelante. Algunas de ellas tienen que ver con la equidad social y otras con un mayor fortalecimiento de la democracia y la integración territorial.

El desarrollo de los diálogos también ha ido dejando claro que Colombia está cerrando una guerra que de todos modos tiene motivos políticos e ideológicos, y no solamente obedece a una lógica criminal.

Los gremios creen que “la negociación tiene que ser asimétrica a favor del gobierno”. Aunque en la realidad nadie con dos dedos de frente compararía el peso del Estado con el de la guerrilla, De la Calle reconoce que en cualquier negociación se da una “igualdad funcional en la Mesa” que presupone tratar con dignidad a la contraparte. Y esa es una discusión superada por los hechos, especialmente después de que el 23 de septiembre Santos y Timochenko estrecharon sus manos en La Habana, en un acto simbólico que le dio la vuelta al mundo.

Una de las inquietudes de los gremios es que los acuerdos se implementen respetando la Constitución y las leyes, lo cual no impide que “preservando los valores que ellas plasman, sean reformadas para cumplir los compromisos resultantes de un eventual acuerdo con las FARC”.

En ese punto hacen referencia implícita al proyecto de comisión legislativa especial y las facultades presidenciales que hará trámite en el Congreso. Sin duda algunos sectores del empresariado se oponen a esta fórmula y por eso el documento en este punto tiene algo de ambigüedad, ya que al mismo tiempo reconoce que el derecho no puede ser un obstáculo y que, si es necesario, hay que hacer reformas.

El modelo rural

En el tema agrario, más que interrogantes, los gremios trazan una línea roja y hacen explícitos los temores que ya han expresado en el pasado. La línea roja es el modelo de desarrollo. Dejan claro que no se puede poner en riesgo la propiedad privada ni el modelo empresarial del campo y defienden el mercado como fórmula de desarrollo en todos los niveles. Temen que haya un sesgo exagerado en favor de los pequeños campesinos y en detrimento de los grandes.

Frente a estas inquietudes, el acuerdo de La Habana no cuestiona en ninguna parte la propiedad privada ni la gran empresa. Ni siquiera las FARC lo hacen. De hecho, para muchos expertos lo pactado en este punto es más conservador que las recomendaciones que han hecho instituciones como el Banco Mundial y la Misión Rural en temas como la concentración de la propiedad y el uso de la tierra. De hecho, el acuerdo con las FARC contempla explícitamente el desarrollo de la gran agroindustria y la necesidad de insertar a la economía rural en la globalización.

Otra cosa es que el acuerdo busque equilibrar las brechas e injusticias que afectan sobre todo a los campesinos pequeños y pobres, con políticas que necesariamente los van a favorecer. La inmensa pobreza del campo no solo es producto de la precariedad institucional en las regiones y de la corrupción, sino del desequilibrio de políticas que muchas veces han favorecido a quienes tienen más capital. Basta con recordar el capítulo Agro Ingreso Seguro. Por eso lo pactado en Cuba hace énfasis tanto en que los campesinos participen en el diseño de planes y políticas de desarrollo, lo que los gremios temen que se convierta en “coadministración” del sector agrario.

Algo interesante de las “reflexiones” de los gremios es que no se oponen a las zonas de reserva campesina, como habían hecho algunos en el pasado, sino que señalan que no deben convertirse en un modelo de segregación y aislamiento del mercado.

¿Responsables indirectos?

Uno de los temores más arraigados en los empresarios tiene que ver con la justicia. Si bien parecen estar de acuerdo con el modelo de justicia transicional, y no hay ninguna referencia ni al castigo para la guerrilla ni a su participación en política, se muestran en desacuerdo con que se pueda extender a quienes tienen responsabilidad indirecta en el conflicto. Algunos sectores sienten, y así se lo expresaron a Santos, que pueden pasar de ser víctimas de secuestro y extorsión a ser acusados de formar parte de redes criminales. Temen una cacería de brujas, y ponen como ejemplo lo que ha ocurrido en Justicia y Paz, de donde han salido miles de compulsas de copias contra civiles, muchos de ellos empresarios, por indicios de colaborar con grupos de autodefensa.

También expresan su desacuerdo con que no haya fueros en la justicia transicional y reclaman más claridad en este punto, “si de lo que se trata es de aclimatar la paz”. Es una referencia tácita al presidente Álvaro Uribe, sobre cuyo nombre se ha centrado el debate público acerca de los alcances que tendrá la nueva jurisdicción de paz.

Sin embargo, sobre este ítem ellos mismos dan respuesta más adelante en sus “reflexiones” y reiteran que quien haya cometido crímenes en el conflicto armado debe responder ante la justicia, que es exactamente lo pactado en La Habana.

¿La verdad para qué?

El mayor desacuerdo de los gremios con lo pactado en La Habana es que se cree una Comisión de la Verdad. La consideran un riesgo en la medida en que revisará el pasado de las instituciones, lo que afectaría su legitimidad. Jorge Humberto Botero, de Fasecolda, ha expresado ampliamente esta posición en sus columnas de prensa. Sin embargo esto es debatible, primero porque las víctimas exigen la verdad y Colombia tiene 7 millones de ellas. Es decir, la cuarta parte de su población. El país también tiene un récord de violaciones de derechos humanos que hacen imposible pasar la página del conflicto sin revisar su pasado. El punto aquí es que hay que hacerla bien, para que contribuya a la reconciliación del país y no a alimentar la sed de venganza.

En la jugada

Con las “reflexiones” de los gremios quedó claro que a medida que la firma del fin del conflicto se acerca, ellos buscarán un diálogo sostenido con el gobierno. Esto es muy positivo pues se empieza a romper la dialéctica maniqueísta de amigos-enemigos del proceso de paz en el que han caído no solo varios empresarios sino algunos funcionarios del gobierno y del propio santismo. Con este documento empieza a abrirse una discusión pública seria sobre lo que está en juego para el país y cuál es el papel que van a desempeñar los distintos actores de la sociedad, especialmente el sector empresarial.

Gusten o no las críticas que hacen y las preocupaciones que aquejan a los gremios, es necesario aclimatar un diálogo franco sobre lo que se viene con la implementación de los acuerdos. El gobierno también debe reconocer que mientras más se informe y se debata sobre lo que se negocia en La Habana, más será posible acercar a detractores y defensores del proceso.