Domingo, 22 de enero de 2017

| 2015/10/30 19:10

Por fin jueces de descongestión serán permanentes

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura emitió el acuerdo por el que esperaban unos 8.000 funcionarios.

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Foto: Archivo SEMANA

Disputas laborales, confrontaciones con el Gobierno y un tira y afloje de varios años llega a un final feliz. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura emitió el acuerdo por el que clamaban unos 8.000 funcionarios provisionales del plan nacional de descongestión de la justicia para integrar la planta de personal de manera permanente.

Se termina así la incertidumbre que durante años vivieron varios de los empleados que a lo largo de la última década fueron incorporados a los juzgados de descongestión que venían siendo creados por la creciente demanda de justicia.

Pese a que en los años anteriores los trabajadores afectados por esa situación de inestabilidad protagonizaron más de una protesta, la situación llegó al tope en mayo del 2014, cuando el Consejo Superior se vio obligado a eliminar varios juzgados de descongestión por falta de recursos. La decisión generó una fuerte ola de protestas que terminó en un paro judicial al que, cabe aclarar, se unieron solo algunos sectores.

La protesta terminó con un compromiso de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial para desembolsar 100.000 millones de pesos más, que permitieran sostener el funcionamiento de esos despachos por algunos meses más. En ese entonces, se nombró un equipo técnico que se encargaría de diseñar un plan definitivo que diera lugar a superar el déficit que estaba afectando a los trabajadores, especialmente los que laboraban en juzgados de descongestión.

Finalmente, el Gobierno aceptó comprometerse a contribuir a que esos cargos se convirtieran en permanentes. En noviembre de ese mismo año se comprometió a financiar, con 500.000 millones de pesos más, el plan para transformar en cargos de planta los puestos de trabajo que durante años fueron ocupados por estos funcionarios en condición de provisionalidad.

La pelota volvió al campo del Consejo Superior de la Judicatura,  responsable del diseño de la plataforma para materializar la promesa del Ejecutivo. Luego de varios meses de discusiones y estudios técnicos en los que se basó un proyecto borrador que fue presentado por primera vez en agosto del 2015. La iniciativa debía ser valorada por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y empezaba otro calvario.

La ley exige el concepto previo de la Comisión y aunque no es vinculante, su emisión es un requisito ineludible para emitir el acuerdo. Tras la primera evaluación al plan de la Sala Administrativa, el organismo expresó su desacuerdo con varias de las directrices de la iniciativa. Por eso se abstuvo de emitir el concepto, mientras no fueran atendidas sus recomendaciones para modificar algunos meses.

La discusión, en la que entraron la Sala Administrativa y la Comisión, se prolongó por varios meses. El organismo, que integran los presidentes de las altas cortes, se oponía a la creación de nuevos cargos y otras decisiones, lo que a su juicio le impedía emitir el tan anhelado concepto. Sin este documento, la Sala Administrativa se encontraba maniatada para expedir el acto administrativo definitivo. Mientras tanto, miles de funcionarios seguían a la espera de ser incorporados a la planta de personal de la Rama.

La espera terminó la semana anterior. Los presidentes de las altas cortes expidieron el concepto y aunque mantuvieron las objeciones que formularon desde el principio, abrieron la puerta que faltaba para materializar la promesa del Gobierno.

En la noche de este jueves terminó la incertidumbre en la que estaban los funcionarios. A través del acuerdo 10402 del 2015, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ordenó la creación con vocación de permanencia de los cargos, que serán ocupados por jueces, escribientes, auxiliares y demás trabajadores que por años sostuvieron a cuestas el plan nacional de descongestión.

El reto ahora para estos funcionarios será permitir que el usuario supere las tantas barreras que todavía tiene para acceder a la justicia. La falta de garantías de continuidad ya no será una excusa válida para no entregar el rendimiento que de ellos se espera.

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