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| 2/23/2003 12:00:00 AM

Consenso contra los violentos

Sin un acuerdo sobre la legislación antiterrorista el frente común parlamentario se quedaría en letra muerta.

No se acababa de disipar el humo del bombazo del club El Nogal, de Bogotá, cuando varias fuerzas políticas comenzaron a ventilar independientemente la posibilidad de llegar a un acuerdo político contra el terrorismo. Y cuando una vivienda bomba de Neiva demostró hasta la saciedad que el terrorismo amenazaba a la sociedad colombiana, comenzaron los contactos. Era la génesis de lo que luego se conocería como el Frente Común contra el Terrorismo

El senador Rodrigo Rivera, jefe de la bancada liberal oficialista, se reunió con Carlos Holguín Sardi, director del Partido Conservador, y con representantes del uribismo como los senadores Germán Vargas Lleras y Mario Uribe así como los representantes a la Cámara Zulema Jattin y William Vélez. Mientras tanto el senador Antonio Navarro Wolff convencía a sus colegas del Polo así como al ex candidato presidencial Luis Eduardo Garzón y las centrales obreras.

A pesar de que los grupos aún no han firmado un texto conjunto, fuentes cercanas al proceso confirmaron a SEMANA que existe consenso sobre la mayor parte del contenido del borrador. ¿En qué consistiría este frente común parlamentario? La idea es, en esencia, una réplica del "acuerdo por las libertades y contra el terrorismo" que firmaron en octubre del año 2000 en España el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español contra las acciones terroristas de la banda separatista ETA.

Ese ejemplo es diciente. A raíz del rompimiento de las conversaciones entre el gobierno de José María Aznar y los etarras una serie de atentados conmocionaron a la sociedad española. Los dos partidos más poderosos de ese país acordaron un documento en el que rechazaban la violencia como método de acción política y sacaban de la confrontación partidista las estrategias antiterroristas. Además reiteraban que el terrorismo no era un problema exclusivo del Estado sino de competencia de toda la sociedad. Con ese modelo en mente, Rivera, Navarro y Holguín intercambiaron borradores para iniciar la redacción del texto común.

Dado el buen ambiente que rodea la propuesta, se espera que el acuerdo sea anunciado esta semana. Las implicaciones políticas de un frente de estas características son tanto simbólicas como prácticas. En primer lugar, que todas las fuerzas parlamentarias rechacen al unísono la justificación política del terrorismo manda un mensaje claro de fortalecimiento de la democracia y evita que algún partido o parlamentario busque dividendos políticos con el tema de la lucha antiterrorista.

Hasta ahora las crisis de seguridad tipo Palacio de Justicia o Pablo Escobar no producían más allá de unas reuniones formales destinadas a "rodear al Presidente" pero que, en últimas, se quedaban en mera retórica. Hoy lo que se espera es conseguir un salto cualitativo mediante un acuerdo multipartidista en torno a las estrategias estatales y a la condena a la violencia. La idea es que cuando el gobierno complete los detalles de un paquete legislativo contra el terrorismo, la existencia de un pacto entre las bancadas agilice los trámites al eliminar el ingrediente ideológico de los debates parlamentarios.

Es precisamente en la toma de posiciones frente a la legislación en que radicaría el éxito del frente común. Si el Polo Democrático, el uribismo, los liberales oficialistas y los conservadores llegan a un consenso sobre el eventual estatuto antiterrorista que trabaja la administración Uribe, el margen de maniobra política del terrorismo quedaría reducido a su mínima expresión. Sería el primer paso para una estrategia de Estado y no de gobierno ante un flagelo que debe ser condenado sin ninguna clase de reservas.
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