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Los conservadores vivieron un día agitado. | Foto: SEMANA.

POLÍTICA

Conservadores: crónica de un día convulsionado

Divisiones internas por las tesis de Andrés Pastrana y los líos judiciales de Ramos y Andrade marcaron la jornada.

28 de agosto de 2013

Hace mucho tiempo que los conservadores no vivían un día tan agitado como este 28 de agosto. Fueron epicentro de las noticias políticas desde tempranas horas de la mañana y dos dirigentes de su estirpe terminaron siendo protagonistas por líos judiciales.

A las 7:30 de la mañana los conservadores se habían dado cita en la sede nacional de su directorio, convocados con el sencillo propósito de explorar estrategias electorales para las elecciones de Congreso del año próximo. Pero en esa reunión, más allá de hablar de votos y de propuestas de campaña, los conservadores terminaron por desnudar algunas fisuras internas, lo que reflejó que más allá de ser una bancada cohesionada, hoy es una organización dividida cuyo norte parece estar embolatado.

A la cita llegaron divididos por el respaldo o el desamor a su líder natural Andrés Pastrana Arango, quien días antes los había cuestionado de acomodados y les auguró una derrota electoral si no marcaban distancias con el gobierno de Juan Manuel Santos.

“El país, sin excepciones, ha comprendido que la dirigencia conservadora se acomoda en la coalición de gobierno por razones de confituras, lo que explicaría que los 32 senadores con los que la dejé tras mi mandato se hayan convertido en 18 y vayan hacia una bancada de un dígito”, escribió Pastrana en una carta abierta al Directorio Nacional Conservador.

Al parecer, las palabras tuvieron efecto. Y los conservadores no sólo desautorizaron a los senadores que habían criticado a su expresidente, sino que dieron un sorpresivo giro político al mostrarle los dientes al presidente Santos.

Primero anunciaron una rebelión contra el proyecto de referendo por la paz y en seguida enfilaron sus ataques a la canciller María Ángela Holguín al proponer un debate de control político que terminara con una moción de censura contra la funcionaria por el fallo de la Haya y las acciones del Gobierno contra los propósitos expansionistas de Nicaragua.

Pero al medio día los demás partidos políticos como los liberales, La U, los verdes y los progresistas rechazaron esa propuesta, entre otras al calificarla de politiquera, como lo expresó el senador liberal Juan Manuel Galán.

Eso supuso una especie de derrota anticipada para los conservadores, a tal punto que su presidente, el exsenador Ómar Yépez Alzate, confesó su escepticismo porque ese recurso tuviera éxito. “Aunque se aprobó pedir la moción de censura, no sé si los representantes lo vayan a hacer”.

Las críticas que los conservadores le hicieron al Gobierno volvieron a ser interpretadas por otros sectores políticos como afán de burocracia.

Al medio día, Hernán Andrade, expresidente del Congreso y uno de los senadores más importantes de la colectividad, volvía a ser noticia. Más allá de su condición de ponente del referendo para la paz, porque la Corte Suprema de Justicia le recordó que sigue vinculado a un proceso por enriquecimiento ilícito, producto del préstamo que le hizo uno de los implicados en el desfalco de Cajanal a su campaña política en el año 2010. La figura de este congresista volvía ser relacionada con una investigación por presunta corrupción.

La noche cayó para los conservadores con la noticia de la orden de captura de uno de los dirigentes de su estirpe. Aunque Luis Alfredo Ramos hoy esté en las filas del Centro Democrático, la mayor parte de su carrera política la ha adelantado en el Partido Conservador y hasta hace muy poco era uno de los presidenciables del partido.

Incluso, Ramos firmó la carta de los “notables de Antioquia” que le pedían al Directorio Nacional Conservador abandonar el gobierno Santos y hacer una coalición con el uribismo. Una petición que aún es objeto de debate en las huestes azules.

Y si la Corte Constitucional declara exequible el marco para la paz, otro dirigente de estirpe conservadora sufrirá una derrota. El procurador Alejandro Ordóñez, quien ha calificado ese acto legislativo como un instrumento a la impunidad. Al parecer, sus tesis sobre el asunto serían descalificadas por las mayorías de la alta Corte.