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| 6/19/2012 12:00:00 AM

Constitución ya contempla excarcelación y justicia alternativa a guerrilleros

Culminó formalmente el trámite del marco para la paz en el Congreso luego de que Senado y Cámara de Representantes conciliaran el texto definitivo de la norma. El siguiente paso serán las leyes que reglamentan la disposición.

Desde este martes, la Constitución política colombiana tiene dos nuevos artículos. El primero contempla mecanismos de justicia transicional para que se puedan beneficiar los miembros de grupos armados ilegales, FARC y ELN, después de un proceso de desmovilización y de unos acuerdos de paz con el Gobierno.
 
La conciliación del marco jurídico para la paz fue aprobada por las plenarias de Senado y Cámara, quienes decidieron respetar la decisión de la cámara alta que en el último debate, el pasado 14 de junio, ajustó el texto que ha sido calificado como la lleve de la paz que ha reclamado el presidente Juan Manuel Santos.

Sin embargo, los dos artículos nuevos de la Constitución, que tienen carácter transitorio, no se pueden aplicar de forma inmediata, pues sólo corresponden a un marco jurídico, ya que ambos establecen que el Congreso, por iniciativa exclusiva del presidente de la República, tendrá que tramitar las leyes correspondientes para seleccionar a los miembros de los grupos armados ilegales que serán objeto de estos beneficios, y los criterios de priorización para que el estado cumpla con su obligación de investigar y sancionar los delitos de las guerrillas.
 
La cláusula que pusieron estos artículos es que en ningún caso serán excluidos de investigación y sanción los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, ni tampoco sus “máximos responsables”.
 
El segundo artículo transitorio incluido por el Congreso en la Constitución también establece que, mediante una ley estatutaria, se definirán los delitos conexos al delito político. Una ley que será la puerta para que los miembros de grupos ilegales puedan tener vocería política.
 
Los nuevos artículos también condicionan cualquier proceso de paz a la liberación de todos los secuestrados y el fin del reclutamiento de menores por parte de los grupos armados ilegales.
 
Este marco jurídico tendrá una vigencia de cuatro años desde el momento en que el presidente de la República tramite el primer proyecto de ley que contemple estos beneficios.
 
Esta reforma, al ser un acto legislativo autónomo del Congreso, no es sancionada por el presidente. Y solo podrá ser evaluada por la Corte Constitucional en caso de presentarse una demanda.
 
Varios congresistas afines al pensamiento del expresidente Álvaro Uribe ya anunciaron una demanda al marco para la paz, en lo que se podría convertir en el recurso final de una de las orillas ideológicas más críticas a esta iniciativa.
 
El marco para la paz, al contemplar la suspensión de la acción penal, es una “violación flagrante a un tratado internacional, como es el Estatuto de Roma, porque no se puede conceder de ninguna manera el beneficio de excarcelación a quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad y, precisamente, esto es lo que hace este proyecto”, recordó el senador Juan Carlos Vélez, quien anunció la demanda de constitucionalidad.


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