Constructora tendrá que pagarles el arriendo a afectados de 16 edificios en Cartagena

El negocio de construcciones ilegales en Cartagena se le desmorona al clan Quiroz por cuenta de un proceso judicial, en el que este viernes se expidieron otras nueve capturas. Y mientras ello ocurre, los cientos de afectados que habitan 16 edificios en riesgo inminente acaban de ganar su primera batalla en medio de la crisis. 

La Superintendencia de Industria y Comercio les ordenó a los constructores Quiroz Ruiz el pago de un subsidio de arriendo mensual correspondiente al 1 por ciento del avalúo comercial del inmueble, que deberá ser girado a favor de las familias arrendatarias temporales, propietarios y poseedores de los apartamentos que deben ser evacuados. 

Un estudio de la Universidad de Cartagena determinó que 16 edificaciones de la Heroica están en riesgo inminente de desplome, razón por la cual la Fiscalía General de la Nación le pidió a la Alcaldía el desalojo inmediato de las familias. Las investigaciones avanzan por cuenta de la tragedia que vivieron 21 familias el año pasado, cuando se vino abajo el edificio Blass de Lezo II. 

Los edificios en los que se detectó riesgo inminente son Portal de Blas de Lezo, Brisas de Blas de Lezo, Villa May, Portal Caracoles I y II, Portal de los Alpes, Brisas de los Alpes, Alpes 31, Villa Naevia, Calipso, Villa Ana, Villa Vanessa, Brisas de la Castellana, Shalom, Tsalach, Villa Mary e Innova.

Como representantes de las firmas constructoras, los pagos a los afectados quedarán en cabeza de Wilfran Enrique Quiroz; Eusebio Quiroz Ruíz; Delis del Carmen Quiroz Ruíz; Luis Alfredo Rodríguez Cárdenas; María de las Nieves Quiroz Ruíz; Construmax QR SAS; Construcciones, Proyectos y Sesarrollo SAS; Emis Quiroz Ruiz; Juan Carlos Quiroz Luna, y Dagoberto Quiroz Ruiz. Con el fin de garantizar la orden impartida, la entidad también decretó el embargo preventivo de los bienes de propiedad de Wilfran Quiroz Ruiz y María de las Nieves Quiroz Ruiz. 

La suma deberá pagarse los cinco primeros días de cada mes, que cuentan desde la fecha de la evacuación del inmueble hasta el momento en que se dé por superada la medida de emergencia.

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Esta medida se adopta -dice la Superintendencia- para proteger de manera preventiva los derechos a la seguridad, indemnidad y a recibir productos de calidad de los propietarios, residentes y arrendatarios de los inmuebles afectados. 

En caso de que los constructores incumplan sus obligaciones, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres prevé el pago de un subsidio mensual para la atención de este tipo de emergencias. La Alcaldía de Cartagena podría, con fundamento en la declaratoria de calamidad pública, asignar a los hogares de cada edificio un subsidio mensual de arriendo temporal de hasta $ 250.000 presos mensuales, sin embargo, representaría una cobertura mínima para las familias.