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| 5/2/2017 10:08:00 PM

Constructores de edificio que se cayó en Cartagena tienen al menos 20 obras más

A 21 se eleva la cifra de muertos por el derrumbe del edificio Blas de Lezo II en Cartagena. Control interno del distrito inició las investigaciones disciplinarias en contra de una posible cadena de responsables.

Este martes, Alfonso Vargas, el inspector de Policía de la Comuna 12 de Cartagena tenía previsto realizar una diligencia en contra los constructores del edificio que se cayó en Cartagena. La razón: una querella que antes de la tragedia había presentado un vecino que denunciaba que la obra violaba las normas de retiro y altura.

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Pero los responsables no cumplieron la cita. La diligencia se iba a realizar por una querella específica, no como consecuencia de la labor de inspección y vigilancia de la administración municipal. Esa misma función que ha sido modificada desde abril de 2016 en tres ocasiones y que devino en que dichas competencias  recayeran finalmente sobre el director de Control Urbano, un funcionario de la Alcaldía.

Desde que se desplomó el edificio Blas de Lezo el foco de atención estuvo sobre el rescate de las víctimas, operaciones que concluyeron el sábado con la remoción de escombros. El terreno quedó bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación.

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Pero desde el mismo sábado, el alcalde de Cartagena presentó ante la Fiscalía una denuncia en contra los constructores y ordenó a la oficina de Control Interno iniciar una investigación disciplinaria. Indagarán en las actuaciones de la secretaria de Planeación, Luz Helena Patermina; el director de la oficina de Control Urbano, Olimpo Vergara; la alcaldesa de la localidad 3, Patricia Zapata; y el Inspector de Policía de la Comuna 12 de Blas de Lezo, Alfonso Ramos.

Frente a los funcionarios, las autoridades tendrán que determinar por qué permitieron que se construyera una obra con licencia falsa, que además excedía el tope de altura e incumplía con los retiros.  La oficina del trabajo del departamento de Bolívar deberá explicar si se hizo vigilancia a las condiciones en las que laboraban los obreros en esa edificación.

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Tras la muerte de 21 obreros aún averiguan por el paradero de los constructores, los hermanos Wilfran y María Quiroz, oriundos de Valledeupar, ciudad donde tienen registrada la sociedad que venía operando en Cartagena. Otra de las preocupaciones se cierne sobre el portafolio de más de 20 obras que estos hermanos construyeron o están construyendo en los barrios Blas de Lezo, El Bosque, El Socorro, El Recreo y Chipre, entre otros.

En diálogo con Semana.com, el Inspector de Policía de la Comuna, Alfonso Ramos, sostiene que él no es el responsable de lo que ocurrió porque no era competente para realizar tareas de inspección y vigilancia, que sus labores, de acuerdo con el Código de Policía, son la de imponer correctivos después de que los encargados (los alcaldes locales en su momento y posteriormente el director de Control urbano), le oficiaran para que impusiera medidas correctivas en materia de infracciones urbanísticas.

Efectivamente, el pasado 30 de enero, el alcalde Manuel Duque, expidió el decreto 020 que,  en el numeral 3, establecía las obligaciones de la dirección de Control Urbano: “Ejercer el control y la vigilancia durante la ejecución de las obras civiles, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las licencias de urbanismo, de construcción y demás normas y especificaciones técnicas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. Además, inspeccionar y vigilar a las personas naturales o jurídicas que se dedican a la enajenación de inmuebles destinados a vivienda, se encuentren o no en la lonja de propiedad raíz”.

Pero no sólo esta oficina estaba facultada para vigilar las obras. Los curadores debían hacerle seguimiento a las licencias otorgadas en el sentido de verificar si los constructores estaban cumpliendo con lo autorizado en cada licencia.

El director de la veeduría Transparencia Caribe, Rei Tovar, había solicitado en varias ocasiones al director de Control Urbano que le certificara las obras visitadas e inspeccionadas durante los dos últimos años y qué medidas preventivas o sancionatorias había dispuesto. Según Tovar, el oficiado no contestó sino cuando un juez penal le obligó a hacerlo vía tutela.

La respuesta de Olimpo Vergara llegó el 6 de febrero pasado: “En atención a lo requerido por el accionante, son datos que no se tabulan en la dirección administrativa, razón por la cual, su recaudo demandaría un esfuerzo en recursos humanos, tiempo y recursos tecnológicos de los cuales carece esta entidad; por tal motivo dentro de nuestras posibilidad se atendió la petición del accionante”.

Otra de las entidades que se vio obligada a responder vía tutela a la veeduría Transparencia Caribe fue la Oficina Territorial del Trabajo, pues se le preguntó por la inspección y vigilancia sobre el sistema de seguridad social y salud de los obreros que trabajan en las obras de construcción: “Esta entidad no cuenta con el talento humano para abarcar la totalidad de las obras que se están ejecutando en nuestra jurisdicción, las cuales se desconocen”.

En dialogo con Semana.com, el alcalde Manolo Duque, visiblemente consternado por esta tragedia, confirmó que desde agosto de 2016 la responsabilidad fue delegada en la dirección de Control Urbano adscrita a Planeación Distrital. El alcalde fue enfático en ordenarle a las brigadas de Planeación, Control Urbano y alcaldes Locales, que suspendan todas las obras que estén violando las licencias expedidas por los curadores y que sancionen a los constructores que estén exhibiendo licencias falsas, como la del edificio Blas de Lezo II, que se llevó 21 vidas. Frente a los constructores desaparecidos, dijo:  “Los van a capturar, están detrás de ellos”.

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