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| 3/7/2014 12:00:00 AM

Investigan cuatro consulados colombianos por delitos electorales

Dos están ubicados en Estados Unidos, uno en España y otro en Venezuela.

Por presunta participación en Política, la Fiscalía investiga cuatro consulados colombianos. Uno está ubicado en Madrid (España), otros dos en Nueva York y Newark (Estados Unidos); y el caso de mayor connotación es el de San Cristóbal (Venezuela).

En el último hecho la Fiscalía llamó a interrogatorio a la vicecónsul de Colombia en San Cristóbal, Rosiluz Sepúlveda Guerrero, por su presunta participación en política y quien, al parecer, se aprovechó de sus funciones para favorecer unos candidatos.

El vicefiscal general Jorge Perdomo dijo que la Fiscalía ha recibido 101 denuncias de presuntas irregularidades en torno a delitos electorales. La región donde más acusaciones se han presentado es Antioquia con 22 denuncias. Le siguen Santander, Bogotá, Bolívar, Risaralda, Atlántico y Caldas.

Otro de los casos puesto en conocimiento por Perdomo es el de Jorge Francisco García, líder de la campaña de Mauricio Lizcano en Caldas, a quien le imputarán el delito de constreñimiento al sufragante, por haber realizado presuntamente presiones sobre miembros del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) para conseguir benéficos en favor del senador.

En Montería fue llamado a interrogatorio a García al ser indiciado por el delito de fraude al sufragante, ya que, presuntamente, hizo unos ofrecimientos engañosos a votantes, en los que les prometía hacer parte del programa de vivienda del Gobierno.

Asimismo, la Fiscalía investiga una corrupción al sufragante en Bogotá. En la campaña del representante a la Cámara Ómar Rodríguez presuntamente se venían ofreciendo paquetes escolares y otras prebendas a cambio del voto.

“En Barranquilla hay una investigación por trashumancia, allí el Consejo Nacional Electoral excluyó 97.000 cédulas que habían sido inscritas. Aquí, la Fiscalía investiga el delito de fraude en la inscripción de cédulas, pero también se indagan las presuntas irregularidades de los funcionarios supernumerarios de la Registraduría, encargados del proceso de registro de documentos que habían favorecido la afectación del censo electoral”, dijo Perdomo.

En Bucaramanga, aseguró el vicefiscal, que se investiga la participación en política de funcionarios de la administración municipal, quienes habrían utilizado programas sociales para favorecer campañas. Se indaga si se cometieron los delitos de fraude al sufragante y de participación en política. Allí algunos secretarios de despacho ya han sido interrogados.

“Sabemos que en este momento se intentan cometer delitos para alterar los resultados electorales en el país y quiero ser muy enfático en que la Fiscalía está muy pendiente de todas las investigaciones y esperamos la semana entrante dar resultados”, dijo el vicefiscal.

Según Perdomo, los delitos que más se han denunciado son fraude en la inscripción de cédulas, que es lo que tiene que ver con la trashumancia; corrupción al sufragantes, es decir por compra de votos; ocultamientos y posesión de cédulas de ciudadanía para que las personas no puedan votar; constreñimiento e intervención en política.

Para la judicialización de las personas que presuntamente incurran en estos delitos, la Fiscalía ha destacado 104 funcionarios, 42 de ellos fiscales y 62 investigadores.

El director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Luis González, dijo que 9.000 funcionarios estarán al frente de las elecciones para evitar que se consumen delitos entorno a las elecciones en la que se elegirá Congreso, Parlamento Andino y se hará la consulta interna del partido Verde.

Según las leyes colombianas, son 11 los delitos relacionados con los mecanismos de partición democrática, los cuales tienen una pena mínima de cuatro y máxima de entre ocho a diez años de prisión.
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