Con el costo de un trasplante de médula en EE. UU. se hacen “diez en Colombia”: oncóloga

Gaviria ha recibido críticas por, supuestamente, representar los intereses de las empresas promotoras. Así lo ha dicho en múltiples ocasiones el senador por el Polo Democrático Jorge Robledo y, más recientemente, Abelardo de la Espriella, abogado de Abuabara, quien le recordó a Semana.com la formación como economista del funcionario y agregó que “el ministro parece estar representando a las EPS”.

“Diez trasplantes”

Sin embargo, no sólo Sanitas y el Ministerio tienen reparos con respecto a la decisión del juez que generó la sonada respuesta de Gaviria.

La vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, Virginia Abello, quien también es hematoncóloga de la Unidad de Trasplante de Médula Ósea de la Clínica de Marly (Bogotá), defiende la experiencia de las instituciones colombianas en trasplantes de este tipo y en el manejo de pacientes de alto riesgo como Abuabara.

“Es completamente falso que en Colombia no exista experiencia en el manejo del período postrasplante en pacientes como Camila. Sólo en la Clínica de Marly, donde yo trabajo, hemos hecho hasta hoy 1.280 trasplantes, de los cuales casi 500 son trasplantes alogénicos. Hemos realizado más que en cualquier otro país, y muchos de ellos en pacientes de alto riesgo”, dice la especialista, y añade que en Colombia los médicos se ven abocados a tratar a pacientes en fases más avanzadas de las leucemias, debido a las barreras administrativas para acceder a un trasplante.

Pero la experta defiende no sólo el número de procedimientos realizados en Colombia, sino la calidad. “Solo para dar un ejemplo de lo avanzado del país en el área, en una encuesta reciente, la Clínica de Marly ocupó el primer puesto en Latinoamérica en número de trasplantes realizados en los últimos tres años. Y el nuestro es solamente uno de muchos (centros) en el país”, dice.

La experta anota que, si se revisa la página web del Instituto Nacional de Salud (INS), sólo el año pasado se realizaron en el país 140 trasplantes alogénicos y 40 trasplantes haploidénticos –el que le harían en EE. UU. a Camila–. “No hay ningún argumento para decir que la experiencia del país es poca en el área”, explica Abello.

La vicepresidenta también defiende la experticia del equipo que le realizaría el procedimiento a Camila en Colombia. “El trasplante haploidéntico que se le está proponiendo a la paciente y que su EPS estaba dispuesta a pagar en Colombia se hace en varios centros de muchísima trayectoria en el país. El doctor Amado Karduss, de la Clínica de las Américas, en Medellín, quien iba a asumir el caso, tiene una experiencia de casi 20 años en el área y es pionero en la realización de este tipo de trasplantes”, indica la especialista.

Sobre el delicado debate jurídico al que se enfrenta la justicia colombiana con el caso de Camila, la hematoncóloga resalta que, al igual que ella, los otros colombianos con su enfermedad tienen derecho a disponer de los recursos del sistema para recibir tratamiento.

“Sería una tremenda injusticia que ocuparan los recursos con los cuales se podrían realizar hasta diez trasplantes en Colombia, que salvarían igual número de vidas en vez de una sola. Nuestra Constitución consagra la igualdad de los colombianos. Por triste que sea la situación de esta paciente, de ninguna manera es más dramática que la de los demás colombianos con leucemia”, concluyó.

“Protección inequitativa”

Mientras tanto, el ministro Gaviria, tal como anunció este 7 de noviembre, solicitó la suspensión de la medida provisional y la vinculación a la acción de tutela interpuesta por Abuabara.

En el oficio, conocido por Semana.com, la cartera de salud argumenta que la financiación por parte del Fosyga de un procedimiento que se encuentra disponible en Colombia y está dentro del POS incurriría en “perjuicios ciertos e inminentes al interés público”, porque llevaría a “una protección inequitativa del derecho a la salud (…) y tendría efectos financieros en la disponibilidad de recursos para atender al resto de la población que requiere servicios no cubiertos”.

Finalmente, el documento insiste en que “no se debe dejar desprotegida a la tutelante”, quien “debe acceder a la atención que necesita de manera oportuna y continua, pero en el contexto de las reglas legales jurisprudenciales vigentes”.

El texto también menciona casos anteriores en los que la justicia autorizó procedimientos en el exterior que debieron ser cubiertos por el sistema de salud. “Los casos en los que la Corte ha ordenado la provisión de servicios en el exterior han sido pocos y ocurrieron, en su mayoría, antes del año 2000”. Señala, además, que en dichos precedentes se trataba de personas “muy vulnerables” y cuyas circunstancias han “desaparecido por completo”, dado que Colombia ya provee los servicios que requerían.

Este espinoso debate revive el planteamiento sobre si privilegiar, por ejemplo, una operación estética de las orejas de un niño porque las burlas truncan el libre desarrollo de su personalidad, o si esos recursos se deben usar en los programas de vacunación y mantener puestos de salud en zonas marginales.

Mientras los jueces deciden, el caso de Camila refleja la disyuntiva en la que se encuentra el sistema de salud colombiano, pues si algo tienen claro las economías mundiales es que los recursos son como una cobija de avión con la que el pasajero decide si se cubre los pies o la cabeza, porque en los casos en los que se intenta estirar al máximo, se rompe.