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| 5/9/2012 12:00:00 AM

¿Continuaron las ejecuciones extrajudiciales en Colombia?

Un informe de Naciones Unidas sostiene que el año pasado se presentaron varios casos de ejecuciones extrajudiciales y entre ellas incluyó el caso del joven grafitero. El gobierno lo consideró “inadmisible”.

"La práctica de las ejecuciones extrajudiciales no se ha erradicado totalmente", dijo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en su informe sobre el 2011. Dicho organismo "observó casos con características de esta grave violación en Arauca, Bogotá, Cauca y Cesar".
 
Uno de los casos registrados es el del joven Diego Felipe Becerra, el grafitero de 16 años que murió por un tiro en la espalda disparado presuntamente por un patrullero de la Policía.
 
La Oacnudh advirtió que estos casos, también conocidos como 'falsos positivos', no son un tema superado puesto que se siguieron cometiendo en el 2011 en el país.
 
Las autoridades han respondido con el argumento de que las ejecuciones extrajudiciales son un episodio superado, una página negra del pasado. 
 
"Cometimos un error, son errores del pasado, una página negra que se dio porque los ejércitos no están conformados por querubines sino por humanos", dijo Alejandro Navas, comandante de las Fuerzas Militares.
 
A su vez, Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa, envió una carta al comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, pidiendo precisión por los casos citados en el informe.
 
En la misiva, Pinzón rechaza que el caso del grafitero sea considerado como una ejecución extrajudicial: "A pesar de lo doloroso del caso, para la institución (la Policía Nacional) y este Ministerio resulta inaceptable equiparar que la actuación obedeció a una ejecución extrajudicial".
 
El ministro argumenta que los casos denunciados en el informe "son objeto de investigación por la Fiscalía General de la Nación, por lo cual consideramos jurídica y políticamente improcedente el término de ejecuciones extrajudiciales".
 
Pero la familia de Becerra respondió a la carta diciendo que "es poco afirmar que se trata de una ejecución extrajudicial". El patrullero Wilmer Alarcón afronta un juicio por el caso, acusado del delito de homicidio agravado.
 
Pero además del debate por los calificativos que se le dan a estos casos, también se presentan pocos avances en la justicia. Según el documento de Naciones Unidas, hasta agosto del 2011 la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía tenía 1.622 casos de presuntos homicidios atribuidos a agentes del Estado, pero sólo se habían proferido 148 sentencias condenatorias.
 
La Oacnudh señaló que "algunos oficiales del Ejército continúan negando la existencia de las ejecuciones extrajudiciales y desprestigian el sistema judicial cuando se producen sentencias condenatorias".
 
La negación de los casos, como señaló la Oacnudh, no contribuye "a crear una cultura de repudio de estas violaciones, lo que pone en peligro las garantías de no repetición".
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