¿Contra la corrupción y la politiquería?

Cuando un presidente tiene la bandera de luchar contra la corrupción lo mínimo que tiene que hacer es rodearse bien. Eso no ha pasado con este gobierno. La lista de altos funcionarios que han tenido que renunciar en medio de escándalos es larga y hay para todos los gustos. Desde las que sugieren entuertos con paramilitares, como lo sucedido en el DAS y la Supervigilancia, pasando por las que involucran multimillonarios recursos, como Cajanal y Emcali, hasta las que, otorgando un amplio beneficio de la duda, son vistas como indelicadezas o faltas éticas, como lo sucedido recientemente en el Invías. Lo sorprendente es que pese a que estos escándalos corren pierna arriba en el Ejecutivo, el Presidente ha salido a capotearlos con desdén, como si pareciera que desestimara la gravedad de lo que pasa. En lo corrido del año van más de 10 funcionarios de alto nivel -algunos muy cercanos a Palacio- que han salido de sus cargos enredados por las denuncias. Los opositores vienen capitalizando esta situación. Por ejemplo, el Partido Liberal, en el debate de la semana pasada a la Canciller, aprovechó para hacer una declaración política en la que deplora lo que considera actos de politiquería y corrupción en las dependencias oficiales. "El presidente Uribe habla mucho y dice poco -concluye la misiva-. No ha entendido que los problemas de la Colombia de hoy debe resolverlos su gobierno y no los anteriores". La reacción del gobierno, que defiende su silencio con el argumento de la prudencia a la espera de los fallos de la justicia sobre estos casos, contrasta con la forma implacable como ha puesto en la palestra pública por ejemplo al secretario de Hacienda de Buenaventura, señalado de colaborar con narcos, o a generales que han perdido su cabeza por situaciones en las que no participaron directamente. También ha dado a entender que varias de estas situaciones son infladas por sus detractores. Eso puede suceder en parte, pero no sobraría tener presente el adagio que dice que cuando el río suena, piedras lleva. Estas son algunas de las perlas del collar de anomalías que adorna esta administración:
 
EL DAS Y JORGE NOGUERA
 
El ex director del DAS Jorge Noguera tiene sobre sí dos procesos penales. Se le investiga por fraude electoral y por haber permitido que se borraran los antecedentes de paramilitares y narcotraficantes de este organismo de inteligencia. Además de los cargos por paramilitarismo que tiene en la Procuraduría. Este organismo de control también investiga al que era su secretario general y además era director de inteligencia, Giancarlo Auque, por comisiones cobradas a contratistas de la entidad. Estos cargos también involucran al entonces jefe de informática Rafael García, que se ha convertido en testigo clave en el llamado escándalo de la para-política.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Y MANUEL CUELLO

Este es uno de los casos que trascendieron gracias a la intervención de la Presidencia. El ex superintendente de Notariado y Registro, y compadre del presidente, Manuel Cuello Baute, salió de su cargo tras denuncias de que habría utilizado su cargo para buscar aportes para la campaña al Congreso de su hermano Alfredo Cuello, actual presidente de la Cámara. Además se le investiga por pedir dinero a notarios para evitar sancionarlos.

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y FERNANDO SESGURA

En marzo pasado, cuando el entonces superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Fernando Segura, conoció de una publicación que planeaba hacer el diario El Tiempo, renunció. En la nota periodística se revelaba un informe policial según el cual Segura habría asesorado a empresas de Enilce López, conocida como 'La Gata', para lograr que les devolvieran las licencias de las armas. Esta empresaria hoy es investigada por lavado de activos y una de sus empresas fue de las mayores aportantes a la primera campaña presidencial del Presidente. En el informe policial se dice que la asesoría de Segura habría sucedido antes de llegar a esta dirección. Esto fue negado por el funcionario, quien adujo que su salida tenía más que ver por presiones del que era viceministro de Defensa, Hernán Sanín, quien quería dejar a otra persona en su cargo.

INCODER Y LUIS ORTÌZ
 
Un informe de la Procuraduría mostró cómo tierras de los Llanos Orientales que esta entidad debía entregar a desplazados, campesinos y reinsertados, terminaron en manos de un paramilitar no desmovilizado y de personas dueñas de otras propiedades. Esto propició la salida del director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) Luis Ortiz. Junto a él salieron otros jefes territoriales. Funcionarios de esta entidad están investigados por otros dos casos por posibles irregularidades en las adjudicaciones de estas fincas. Uno de ellos es Omar Quessep, quien era subgerente de Ordenamiento de la Propiedad de esta entidad, y según unas grabaciones y correos que están en evaluación, entregaría fincas a cambio de dinero y tendría relación con los paramilitares. En otro caso denunciado por SEMANA, se está investigando el director de la oficina de Enlace Territorial del sur del país, Jose Joimer Tovar, para esclarecer si tras decisiones irregulares habría intereses de políticos.

 FINAGRO Y ROGER TABORDA
 
El presidente del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) Roger Taboada, salió de su cargo en medio de mutuas acusaciones con el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Este último señaló que en la gestión de Taboada se otorgaron créditos por más de 25.000 millones de pesos al Fondo Ganadero de Caquetá de forma irregular y de los cuales se habría beneficiado el antiguo socio de Pablo Escobar Luis Enrique 'Micky' Ramírez, hoy investigado por lavado de activos. Por su parte, Taboada acusó al Ministro de presionarlo para entregar créditos a negocios de alto riesgo. No se conoce investigación alguna por estas denuncias.
 
 INVIAS Y MAURICIO RAMÌREZ
 
La semana pasada, el terremoto de los escándalos llegó al Invías. Su director, Mauricio Ramírez Koppel; el secretario administrativo y técnico; la jefe de la Oficina de Planeación, y el jefe de la Red Nacional de Carreteras renunciaron irrevocablemente en medio de cuestionamientos por problemas en el proyecto vial bandera de la primera administración Uribe, conocido como el Plan 2.500. La conmoción que generó esta salida masiva de funcionarios se asoció con denuncias de supuesta corrupción y de faltas éticas que se habrían dado en este Plan y en el manejo de los dineros para atender emergencias viales. Estas no han sido confirmadas por el gobierno ni por algún organismo de control. 
 
EMCALI Y CARLOS POTES
 
El gerente interventor de las Empresas Publicas de Cali (Emcali) salió de su cargo luego de una fuerte polémica por un contrato por 26 millones de dólares que fue adjudicado a dedo. El caso es investigado por la Procuraduría, que ya adelantaba una investigación contra el funcionario por hacer nombramientos irregulares. La superintendente de Servicios Públicos, Eva María Tobón, respaldó en todo momento a Potes, quien aseguró que contrataciones como la de la polémica siempre se ha hecho de la misma manera y que no violó la ley.

CAJANAL Y VICTORIA LÒPEZ
 
Es quizá el mayor desangre del erario que se ha conocido este año. Más de 500.000 millones de pesos se están pagando por cuenta de decisiones judiciales que el gobierno califica como irregulares. Tras conocerse una publicación de SEMANA sobre el tema el gobierno relevó de su cargo a la directora de la entidad, Victoria Rosa López, y ordenó un inusual retoma de la entidad que incluyó la Fuerza Pública. Las dudas que ha habido sobre esta funcionaria tienen que ver con la falta de gestión para defender a la entidad del embate jurídico, lo que habría facilitado el pago de millonarias demandas.

ESTUPEFACIENTES Y OSWALDO PÈREZ
 
La venta de una bodega incautada al Clan Grajales, acusado de narcotráfico, para pagar una deuda bancaria, puso en aprietos a Oswaldo Pérez, asesor y mano derecha del entonces director nacional de Estupefacientes, Juan Carlos Vives. Pese a que la transacción fue autorizada despertó dudas el hecho de que Pérez ya hubiera hecho el negocio antes de conseguir su aprobación. La Fiscalía logró reversar la venta. Pérez salió de la entidad y su director ordenó investigarlo. Está pendiente de aclarar si esta bodega tiene alguna relación con la mencionada en las conversaciones entre el presidente del Consejo de la Judicatura, José Alfredo Escobar, y el presunto narcotraficante Giorgio Sale, en las que este último le pide interceda para una reunión ante José Fernández de Castro, subdirector de Bienes de Estupefacientes y compañero de Pérez.
 
 LA CORRUPCIÒN EN LA SALUD
 
El desfalco de los dineros de la salud de los más pobres ha sido motivo de escándalo, pues hay cantidad de información que se estaría desviando no sólo a políticos corruptos, sino a grupos paramilitares. Pese al volumen de denuncias, las actuaciones del gobierno dejan mucho que desear. El Presidente ha mencionado los nombres de varias empresas de salud que supuestamente estarían involucradas en estos delitos, sin embargo, no se conocen los avances de las sanciones ejemplares que se han anunciado. El año pasado, el Ministerio de Salud y Protección Social calculó las pérdidas de este sector en más de 1,3 billones de pesos.