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| 6/25/2011 12:00:00 AM

Contra las cuerdas

SEMANA revela las pruebas que tienen la Fiscalía y la Corte Suprema contra Samuel Moreno.

Hasta ahora, las opiniones en el país sobre hasta dónde había llegado la participación del alcalde Samuel Moreno en el carrusel de la contratación se dividían en dos: por un lado estaban quienes creían que no había prueba reina que implicara al alcalde en el escándalo; y por el otro, quienes pensaban que su hermano, Iván, era capaz de todo, pero Samuel no. La situación, después de un año de destaparse el escándalo, era bastante inusual: estaba armado todo el rompecabezas y faltaba la pieza clave.

La semana pasada -judicialmente hablando- empezó a encajar esa pieza. Primero, el martes, la fiscal general, Viviane Morales, salió a anunciar que luego de una investigación de ocho meses, le imputarán cargos a Samuel Moreno por cuatro delitos, algunos tan graves como peculado por apropiación y concusión. Eso quiere decir que la Fiscalía considera tener pruebas suficientes para que condenen al alcalde Samuel Moreno por apropiarse de bienes del Estado y por haber presionado a particulares para que le pagaran 'mordidas'.

Pero eso no es todo. Unos días antes se filtró la medida de aseguramiento de la Corte Suprema, que si bien es contra el senador Iván Moreno, tiene una frase demoledora para su hermano, el alcalde. Los magistrados dicen que tienen evidencias de un acuerdo en el que participó Samuel Moreno para entregar contratos a cambio de comisiones. "El acuerdo de voluntades entre Miguel Nule y Álvaro Dávila, como intermediario representando los intereses de los hermanos Iván y Samuel Moreno, (…) de prometer cancelar comisiones si resultaban adjudicatarios de los contratos, lo cual efectivamente ocurrió a través de la manipulación de los procesos licitatorios en el IDU", dice el documento de la Corte del 27 de abril, conocido en los últimos días.

La importancia de Inocencio

Y la mala racha de Samuel Moreno se cerró el jueves en la Procuraduría. El exsecretario jurídico del IDU Inocencio Meléndez, en una audiencia de más de cinco horas, levantó polvareda con varias de sus declaraciones. Unas que no tienen implicaciones legales, pero que dejan un mal sabor, como cuando dijo que el contratista Emilio Tapia se refería a Samuel Moreno como "la doctora" y a su hermano Iván, como "el jefe".

Meléndez mencionó otros dos episodios complicados para el alcalde: uno relacionado con la cesión del contrato de TransMilenio de la 26 y el otro con la adjudicación de la obra de la troncal de la séptima. Y vale la pena detallar los dos, porque son parte sustancial de la imputación que hará la Fiscalía al alcalde Moreno.

El primero tiene que ver con un encuentro en el que el alcalde, según Meléndez, le pidió 5.000 millones de pesos a Miguel Nule. "Miguel (Nule) me dijo que se encontró en el aeropuerto en la sala VIP con el alcalde (Samuel Moreno) y Emilio Tapia, y me dijo que eran unos descarados porque viajaban juntos. Ahí le comentaron sobre la entrega de unos cinco mil millones de pesos para la entrega de contratos, pero no tengo más detalles", dijo Inocencio.

La Fiscalía tiene este caso mucho más documentado. La historia es que para cuando se dio el viaje a Miami, hace un año, en el que se encontraron Samuel Moreno, Emilio Tapia y Miguel Nule, ya era insostenible ante la opinión que el consorcio de los Nule siguiera con el contrato de TransMilenio de la 26. Y las opciones eran dos: o el Distrito le caducaba el contrato o permitía que lo cediera a otro contratista. Si lo caducaba era como ponerles una bomba a todos los demás contratos que en ese entonces tenía el conglomerado de los Nule. Por eso, la única opción para ellos era cederlo. Pero si lo cedían, los Nule tenían que pagar una multa de 69.000 millones de pesos. Y, para la Fiscalía, la supuesta petición de 5.000 millones de pesos que Samuel Moreno le hizo a Miguel Nule era para rebajarle el monto de esa multa o para facilitarle que no la tuvieran que pagar.

Cabe anotar que, en efecto, el Distrito no solo no le aplicó la caducidad al contrato de los Nule, sino que la multa no fue asumida por ellos sino por la aseguradora Segurexpo.

La opinión pública ya había oído hablar de manera tangencial sobre este caso, pues la reconocida presentadora Viena Ruiz fue llamada a declarar en calidad de testigo por estar en la lista de pasajeros de ese vuelo a Miami de hace un año.

En su momento, Viena dijo: "Me preguntaron si había visto al señor alcalde Samuel Moreno. Yo dije que sí, y recuerdo que estaba con su señora y con su hijo. Lo saludé, como lo hacen muchas personas". Agregó que en la misma sala VIP estaba Miguel Nule. "No lo conozco personalmente, pero estaba ahí".

El otro episodio que relató Inocencio Meléndez es aún más comprometedor, pues, a diferencia del anterior, en este él es testigo directo de lo ocurrido. El año pasado, el alcalde Samuel Moreno decidió que el contrato para la construcción de TransMilenio en la séptima no lo iba a entregar por licitación pública, sino que haría adiciones a un par de contratos que estaban en ejecución. Según dijo Meléndez a la Procuraduría, los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia eran partidarios de esa fórmula, pero él, como jefe jurídico del IDU, no quiso estampar su firma "porque era ilegal". Sin embargo, según dijo a la Procuraduría, cuando se negó, el alcalde Moreno lo llamó y "me pidió que mirara a ver cómo se podía sacar".

En líneas generales, lo dicho por el exjefe jurídico es cierto, pero también fue Meléndez quien ejerció más presión para que el concepto jurídico se emitiera. Y como, por la evidente irregularidad en la que se incurría, ningún funcionario se animó a prepararlo, Meléndez alcanzó a buscar abogados externos de la entidad que se prestaran para ese fin. ¿Lo hizo por un interés propio o tal vez por obedecer la orden del alcalde?

Cuando ya estaba todo previsto para validar el concepto jurídico de Meléndez, SEMANA denunció el hecho. Tras el impacto causado, suspendieron este particular proceso y, posteriormente, la obra se entregó mediante una licitación pública. El ganador fue uno de los dos consorcios a los que les iban a entregar la obra antes de la licitación, vía adición.

Y el 'ventilador' Olano

Sin duda, el caso de Samuel Moreno parece una olla a presión que comenzó a cargarse y ahora está dejando salir todo el vapor acumulado. Como si la imputación de cargos de la Fiscalía, las referencias que hace la Corte Suprema y el destape de Inocencio Meléndez fueran poco, en los últimos días también prendió el ventilador el excongresista Germán Olano en la Corte Suprema.

En lo que se refiere a Samuel Moreno -según lo reveló El Espectador- dijo que incluso antes de ser elegido alcalde, él pudo constatar la amistad que existía entre el entonces senador y los contratistas Manuel Sánchez y Julio Gómez. Según Olano, se reunían en la casa de Sánchez y allá "Julio Gómez decía que él había aportado como tres mil millones de pesos a la campaña (de Samuel)".

Esa amistad perduró tanto, según Olano, que a la hora de asignar cargos en la alcaldía de Samuel Moreno se pelearon el IDU entre Julio Gómez y Álvaro Dávila. El asunto terminó, según su testimonio a la Corte, en un acuerdo en el que Julio Gómez se quedaría con el IDU y Dávila con la Uaesp, entidad que durante esta administración ha entregado contratos por más de tres billones de pesos.

Pero más allá de todos estos trascendentales detalles jurídicos, el hecho de que la Fiscalía haya destapado sus cartas tiene una importancia política singular. En un país en el que los escándalos suelen quedarse en los mandos medios y no logran llegar hasta la cabeza -por ejemplo, "todo fue a mis espaldas" o el cohecho de un solo lado de Yidis Medina-, realmente es muy novedoso que esta investigación llegue hasta la más alta instancia.

'Solo se ha conocido el 10 por ciento'

La expectativa ahora está puesta en lo que ocurra el próximo 29 de julio, fecha que fijó la fiscal Morales para la imputación de cargos a Samuel Moreno.

¿Qué tanto tiene la Fiscalía? Fuentes en el búnker le contaron a SEMANA que lo que conoce la opinión pública sobre el caso es apenas el 10 por ciento de lo que existe en el expediente. Sin embargo, eso no quiere decir necesariamente que saldrán a relucir nuevas irregularidades, sino, más bien, que la Fiscalía tiene muchas más evidencias para probar los delitos que le está imputando al alcalde.

Muchas de las evidencias parten de los testimonios y los documentos entregados por los Nule que los investigadores han ido enriqueciendo con otras pruebas y declaraciones. Se sabe que la Fiscalía tiene indicios, por ejemplo, del contrato que, según los Nule, servía de fachada para garantizar el pago de la comisión del 6 por ciento (cerca de diez mil millones de pesos) a los hermanos Moreno por los contratos de malla vial que les dieron a consorcios de los Nule. También, en el CTI reposan pruebas de unos supuestos giros que los Moreno habrían hecho a cuentas en el exterior.

SEMANA tuvo acceso a los detalles de los cuatro delitos que la Fiscalía imputará al alcalde Samuel Moreno. El primero de ellos es concusión, en el que incurre un funcionario cuando induce a alguien a dar o prometer una utilidad. Y este delito se sustentará, entre otras, con la petición de los 5.000 millones de pesos en el aeropuerto El Dorado para rebajarles la multa de 69.000 millones de pesos a los Nule.

El segundo delito es peculado por apropiación en favor de terceros, que se da cuando un funcionario coge para sí o para un tercero bienes del Estado. En este caso, la Fiscalía mostrará que el Distrito se dispuso a pagar dos veces el anticipo para construir el polémico tramo de TransMilenio de la 26: primero, le dio a Transvial, el consorcio de los Nule, 69.000 millones, y después, la empresa a la que le cedieron el contrato, Conalvías, también aceptó anticipo por un monto menor. Sin embargo, esta última precisamente ha criticado al Distrito porque no le ha desembolsado ese dinero.

Lo cierto es que el contrato de ese tramo de los buses rojos, que se había pactado con los Nule en 315.000 millones de pesos, luego quedó en manos de la firma Conalvías y terminó costándole al Distrito, por ahora, al menos 467.000 millones de pesos. Esa diferencia de más de 150.000 millones, con una nueva adición, podría subir a 200.000 millones de pesos.

El tercer delito que la Fiscalía le imputará es el de prevaricato por omisión, pues el alcalde no hizo nada para evitar la cesión del mencionado contrato de TransMilenio de la 26 de los Nule a Conalvías, a pesar de que el procedimiento, según el expediente, tiene un rosario de irregularidades.

Y el cuarto y último delito es el de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En este caso, la Fiscalía hará referencia a varios contratos que han sido cuestionados. Entre otros, los dos distritos de mantenimiento de la malla vial, a los cuales se refiere la grabación revelada hace ya un año, en la cual Germán Olano y Miguel Nule hablan de la entrega de una comisión de 6 por ciento a los hermanos Moreno Rojas.

Para confrontar todos estos señalamientos, SEMANA trató de comunicarse con el alcalde Samuel Moreno pero, según uno de sus allegados, estaba fuera del país y no se podía localizar. Sin embargo, Moreno emitió un comunicado en respuesta al anuncio de la Fiscalía en el que dice que está "convencido" de "no haber infringido norma alguna del Código Penal", y se defiende diciendo que la contratación está en manos de "entes que gozan de autonomía e independencia" y agrega que "jamás he solicitado dinero, ni ordenado contratar con determinadas personas o facilitado que otro se apropie de dineros del Estado".

La Fiscalía, no obstante, cree tener pruebas suficientes para demostrar que Samuel intervenía en la decisión de la contratación. Entre otras, el testimonio de Inocencio Meléndez, en su calidad de jefe jurídico del IDU. Meléndez aseguró a la Procuraduría que "todos los contratos de la malla vial fueron por orden del alcalde".

Nadie sabe qué va a pasar el 29 de julio, cuando se lleve a cabo la audiencia de imputación de cargos. En ese momento, un juez decidirá si ordena detener o no al alcalde Samuel Moreno. Sin embargo, esa detención puede ser el menor de sus problemas. La verdadera prueba de fuego vendrá cuatro meses después, como máximo, cuando el juez decida si hay lugar a condenarlo. Porque dados los delitos que le han imputado, de ser hallado culpable, podría recibir de 8 a 22 años de cárcel.

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