Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2003/09/15 00:00

Contra las cuerdas

Llegó a un punto crítico la pelea entre el director de la Policía y la Ministra de Defensa. ¿Le costará esto la cabeza al general Teodoro Campo?

Contra las cuerdas

Quince minutos antes de la medianoche, cuando estaba por terminar en el Salón Elíptico del Congreso un debate de más de cinco horas, el senador Javier Cáceres cogió el micrófono y le preguntó a la ministra de Defensa, Marta Lucia Ramírez: "Ministra, quiero que nos explique ¿por qué continúa el general Teodoro Campo como director de la Policía?"

La pregunta no sorprendió a un auditorio de más de 30 senadores que llevaban oyendo varias horas los increíbles pormenores del escándalo de una veintena de policías que le devolvieron cinco toneladas de cocaína a la mafia en el Atlántico. El hombre en el banquillo era el jefe máximo de la Policía, el propio general Campo, a quien los senadores le exigieron que le explicara al país qué había ocurrido y quiénes eran los responsables.

El debate fue un festín de dardos y mantuvo atentos a los televidentes. Hubo, por ejemplo, un fuerte cruce de acusaciones entre el general (r) del Ejército Gabriel Díaz y el general Campo. Mientras el primero tildó al segundo de mentiroso, Campo le contestó que lo iba a acusar ante la Fiscalía porque le habían llegado unas pruebas contra él.

La Ministra, por su parte, se desahogó: "Espero que no haya en el futuro ningún ministro de Defensa que tenga que pasar por esta vergüenza. De que no lo enteren de las cosas que suceden en las Fuerzas". El sablazo tenía nombre propio: el general Campo, a quien la Ministra le había solicitado en varias ocasiones que le informara sobre lo que había ocurrido en el Atlántico, pero nunca obtuvo respuesta. Y más grave aún. El general Campo no sólo no le contó nada a la Ministra sino que no le informó a la justicia sobre las denuncias que tenía. Y todavía hoy no le ha dicho toda la verdad al país sobre el peor escándalo de corrupción en la Policía de los últimos años.

El pecado original

Todo empezó con un anónimo. La carta, de una sola página, estaba dirigida al general Campo y denunciaba, con nombres propios, al Gaula y a la Sijin del Atlántico por haber devuelto 500 kilos de cocaína incautada a cambio de un soborno de 1.500 millones de pesos de un narcotraficante del Valle del Cauca. A pesar del calibre de la denuncia el anónimo se quedó corto. La Policía abrió una investigación interna y en septiembre 10 de 2002 arrojó un informe que mostró la punta del iceberg. No fueron 500 kilos sino tres toneladas de cocaína y no fueron 1.500 millones sino 2.000 millones de pesos de soborno. Según ese primer reporte estaban involucrados 15 miembros de diferente rango de la Sijin y del Gaula del Atlántico, que encontraron el cargamento de droga camuflado en un camión repleto de ñame escondido en un parqueadero al sur de Barranquilla. Decía el reporte que los policías, en complicidad con sus superiores, decidieron negociar con la mafia la devolución de la coca. Pero el episodio, ya de por sí grotesco, no paró ahí.

Meses después se conocieron otros dos informes de contrainteligencia que revelaban otros dos casos nuevos de devolución de coca a la mafia y que mostraban hasta dónde habían llegado los tentáculos de la corrupción. En los tres casos los policías les habían devuelto a los narcos no tres, sino cinco toneladas de coca; no habían sido comprados con 2.000 millones de pesos sino con 3.450 millones; no habían sido 15 los policías untados sino 29; no había sólo agentes rasos y motorizados sino mayores y coroneles, y las entidades involucradas no eran sólo el Gaula, la Sijin y la Policía departamental, sino que también estaba metida la Policía de Carreteras. Un verdadero nido de corrupción que atravesaba varios estamentos de la institución.

Frente a esta situación el coronel Luis Andrés Estupiñán, director de la Policía del Atlántico, se saltó a sus superiores inmediatos, le envió los tres informes de inteligencia al alto mando de la Policía y puso el caso en conocimiento del general Campo en Bogotá. Desde ese momento comenzó una cadena de contradicciones y mentiras que no ha llegado a su fin.

Hermetismo

Siete meses pasaron y nada sucedió. Sólo hasta marzo de 2003 Campo llegó a una junta de asesores de generales y solicitó la desvinculación de 28 uniformados. Argumentó que esos oficiales y suboficiales no le convenían a la institución, pero jamás les informó que 14 de ellos estaban relacionados con el escándalo de Barranquilla. La Ministra de Defensa, que firmó el retiro, tampoco sabía lo que había detrás de ese despido.

O sea que, hasta ese momento, del vergonzoso episodio sólo sabían Campo, Estupiñán y los oficiales de inteligencia y contrainteligencia. Un mes después, el 10 de abril, el presidente de la República, Alvaro Uribe, fue enterado, y no propiamente por el general Campo sino por el general del Ejército Gabriel Díaz, quien por esa época se desempeñaba como comandante de la Segunda Brigada con sede en Barranquilla.

El escándalo se hizo público en los medios sólo hasta junio de este año. Frente al cuestionamiento de los periodistas de lo que había ocurrido, el general Campo se limitó a decir que no sabía de lo que le estaban hablando. En junio le dijo al diario El Tiempo que "no conocía de ningún cargamento y mucho menos sabía de investigaciones al respecto". Luego, en un comunicado oficial de la institución, Campo dijo que sólo se había enterado el 9 de julio de este año de que miembros de la Policía "estarían comprometidos en la aprehensión ilegal de sendos cargamentos de cocaína y en la posible negociación de los mismos para su devolución a las organizaciones del narcotráfico". Sin embargo dos días después, el 11 de julio, le dijo a los noticieros de televisión RCN y Caracol que: "Yo tengo aquí los decomisos del 2002 y 2003 y aquí no aparece ninguna cocaína incautada en el Atlántico ni en Bolívar. Y si no aparece yo no puedo salir a los medios a decir si eso se dio".

Enterados los generales de lo que había ocurrido le solicitaron a Campo una junta extraordinaria para hablar del tema y varios de ellos pidieron la cabeza de Estupiñán. Como una disposición de la Corte Constitucional le impedía despedirlo a discreción, Campo lo trasladó a Bogotá a un cargo administrativo.

Pero no sólo eran los generales los que le estaban pidiendo explicaciones al director de la Policía sobre lo ocurrido sino la propia Ministra de Defensa. Desde que el escándalo estalló en los titulares de prensa, hace cerca de tres meses, la Ministra le ha pedido al general de todas las formas que le cuente qué pasó. Al cierre de esta edición, más de un año después de ocurrido el hecho y tres meses después de que salió a la luz pública, la Ministra no ha recibido un informe oficial.

La actitud

¿Por qué Campo ocultó durante ocho meses el escándalo de corrupción más grande que ha tenido la Policía en los últimos tiempos? ¿Acaso son tales los enemigos que tiene el director de la Policía en su institución que lo llevaron a desconfiar de la validez de los informes de inteligencia? O, ¿sería más bien que, tratando de evitar desprestigiar a la Policía con semejante olla podrida, Campo quiso hacer los correctivos en secreto?

Porque, contrario a lo que ha ocurrido en episodios similares de ocultamiento, como el famoso Watergate, en este caso Campo no estaba tratando de encubrir un delito en el que hubiera sido cómplice sino que estaba tratando de controlar una crisis.

Que le estallara a Campo esta bomba, en la que sus subalternos devolvieron cinco toneladas de cocaína a la mafia, podía ser mucho más grave para él que para cualquier otro director de la Policía. No hay que olvidar que Campo ha sido el primer general retirado que vuelve a ser llamado al servicio activo para dirigir la entidad y, en ese salto con garrocha, se brincó a una larga fila de generales. Eso le granjeó enemigos poderosos en los pasillos de la institución. Pero sus opositores no surgieron sólo por la forma sorpresiva como llegó, sino también por las drásticas medidas que ha tomado para desterrar los privilegios y sanear los sórdidos rincones de la casa.

Por ejemplo, envió a 600 oficiales de escritorio a zonas críticas, y muchos de ellos quedaron indignados pues perdieron la comodidad de servir en despachos como las Cortes o el Congreso. Así mismo, suspendió contratos con el Fondo Rotatorio que beneficiaban a unos pocos contratistas y afectaban a los policías rasos.

Sin embargo nada de esto justifica su comportamiento en el escándalo del Atlántico. El mínimo ético que se le puede pedir a un funcionario público es que denuncie las irregularidades cuando vea que existen indicios graves, como ocurrió en este caso. Cosa que no hizo Campo en varios meses, ni siquiera después de que estallara el escándalo en los medios.

Otro principio inviolable para un hombre público, sobre todo con altas responsabilidades, es que no le mienta a la opinión. Primero, Campo dijo que no sabía nada, luego que no existían investigaciones internas, y después admitió que sí existían pero que no eran creíbles. Todos estos mensajes equívocos dejan un mal sabor, en especial cuando hay una directiva presidencial que exige a todos los funcionarios verdad y transparencia.

El espectaculo

Pero más allá de los errores de Campo, el episodio destapó un problema de Estado aún más grave. En cualquier país sería de por sí preocupante que una Ministra de Defensa confiese en público no tener idea de lo que sucede en la Policía y que el director de ésta admita abiertamente que no considera importante informarle a su superior sobre un escándalo de semejantes proporciones. Pero tratándose de Colombia, un país en guerra y con un gobierno cuya punta de lanza es derrotar a la guerrilla, que dos de los mariscales de campo estén peleándose como perros y gatos raya en lo caricaturesco. 'Marulanda' y el 'Mono Jojoy' deben estar frotándose las manos al ver esta pelea de verduleras en la cúspide del Estado al que combaten.

De este bochornoso enfrentamiento son responsables Campo, por no mantener informada a la Ministra sobre temas críticos, pero también Marta Lucía Ramírez, por salir a ventilar a los medios lo que no pudo resolver en privado. Desde esta óptica, sin embargo, la mayor responsabilidad recae en los hombros de Alvaro Uribe. No se entiende cómo un Presidente que suele llamar hasta al último coronel para preguntarle sobre un robo de ganado no haya sido capaz de ponerle fin a un enfrentamiento de estas dimensiones y que fractura su unidad de mando. Y si no puede lograr que trabajen juntos, entonces tendría que decidirse por uno de los dos.

Es lamentable que mientras los policías están arriesgando su vida para defender las instituciones, quienes las lideran se enfrasquen en peleas de coctel que más tienen que ver con egos y pulsos de poder que con los altos designios del Estado.

Credibilidad en la mira

Todo lo anterior ha minado la credibilidad del general Campo y le ha reducido su margen de maniobra. Hacia afuera, su falta de claridad y su reticencia a poner la cara ha producido desconfianza. Al no haber ofrecido a la opinión pública las explicaciones de manera oportuna, el general ha subestimado el derecho que tiene la sociedad en una democracia a estar informada sobre lo que ocurre en el Estado y lo que hacen los funcionarios públicos. Callar lo que hicieron los policías en el Atlántico no hace a la Policía más legítima sino todo lo contrario: la debilita. Mientras más se tape más crecerá el escepticismo de la ciudadanía frente a las instituciones.

Y, hacia adentro, el liderazgo de Campo también se ha erosionado. Al ocultar por un tiempo prolongado un acto tan grave se mandan mensajes equivocados y se va imponiendo una atmósfera sombría donde no llega la luz del sol y puede florecer la corrupción.

Por estas razones el episodio no se circunscribe a un simple lío judicial que debe resolver la justicia. Es decir, no termina con meter a la cárcel a todos los policías que devolvieron la cocaína a cambio de un soborno y con decidir si hubo o no omisión o encubrimiento. Las implicaciones de este lío tienen un trasfondo político insoslayable. Este no es un asunto de pruebas reinas, sino que involucra también la responsabilidad política de los gobernantes. Campo debe responder políticamente por sus acciones y omisiones. Lo cual, en cualquier parte, querría decir que debería renunciar.

A pesar de todo el Presidente le mantiene su respaldo. Quizá para él pesen más las razones de tipo estratégico, pues Campo está cumpliendo un importante papel en la recuperación del control del territorio y la seguridad ciudadana.

De todos modos a Campo no le quedará fácil sostenerse. Hasta ahora sus argumentos no convencen. Porque si lo que quería al acallar el escándalo era proteger a la institución está logrando todo lo contrario. Y su confusa actuación lo tiene hoy contra las cuerdas.


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