Contra el gigante

La Union de Trabajadores del Acero de Estados Unidos (Uswa, por sus siglas en inglés) uno de los sindicatos más poderosos del mundo, tiene a primera vista poco en común con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal), una pequeña asociación gremial colombiana con apenas 2.500 afiliados. Sin embargo algo los acerca estrechamente: en unión con el Fondo Internacional de Derechos Laborales, una organización no gubernamental estadounidense, esas dos entidades tan disímiles adelantan un proceso legal contra Coca-Cola Company y Panamerican Beverage, Inc. Estas últimas están a punto de responder a la demanda presentada en su contra ante la Corte del Sur de la Florida el 20 de julio.

La historia se remonta a diciembre de 1996 y para los demandantes tiene parecido con lo que ocurrió en Guatemala a finales de la década de los 70 (ver recuadro). En Colombia existen 20 plantas embotelladoras de Coca-Cola, 17 de las cuales pertenecen a Panamco Colombia S.A. El resto, ubicadas en Florencia (Caquetá), Leticia (Amazonas) y Carepa (Antioquia) son manejadas por particulares. En una de estas últimas la compañía Bebidas y Alimentos de Urabá S.A., de propiedad del reconocido ciudadano estadounidense Richard Kirby, tuvieron lugar parte de los hechos que motivaron la demanda en Estados Unidos y que también son investigados por la Fiscalía en Colombia.

El 5 de diciembre de 1996 dos hombres en moto se acercaron a las 9 de la mañana a la puerta de la empresa. Uno de los porteros, Isidro Segundo Gil, de 28 años, los atendió. Después de confirmar su identidad le dispararon y huyeron hacia Carepa. Isidro, quien era secretario general de Sinaltrainal y hacía parte de la comisión negociadora del pliego laboral, murió en ese lugar. Ese mismo día otro miembro del sindicato escapó a un intento de secuestro. Y hacia la medianoche ocho hombres robaron y quemaron la sede del sindicato en el barrio María Cano de ese municipio.

El 6 de diciembre varios de los 12 miembros de la junta directiva de Sinaltrainal fueron amenazados, al parecer por paramilitares de la zona, y conminados a emigrar. Esa misma noche un trabajador fue citado en una taberna por cuatro hombres, quienes le dijeron, según contó luego a la Fiscalía, “que ellos habían sido los que habían matado a Isidro y habían quemado la sede, que ellos lo que no querían saber era nada de sindicato”.

El 12 de diciembre reunieron a los trabajadores sindicalizados en la embotelladora y, según Javier Correa, presidente de Sinaltrainal, “a las 9 de la mañana les dijeron que a las 4 de la tarde volvían por la carta de renuncia al sindicato”. Treinta y cinco de los agremiados abandonaron la organización. Sin embargo el 26 de diciembre otro trabajador fue sacado de la embotelladora y asesinado en Apartadó.

La Fiscalía determinó que los asesinos de Isidro fueron dos paramilitares apodados ‘Caliche’ y ‘El Mago’, quienes murieron en forma violenta en febrero de 1997. Al parecer ellos habrían actuado por órdenes de un jefe paramilitar llamado Miguel Salcedo, mejor conocido como ‘Cepillo’. También estuvieron vinculados al proceso Ariosto Milán, ex gerente de la embotelladora, y Rigoberto Marín, ex jefe de producción, por presuntos vínculos con el grupo que cometió los hechos.

Pero aunque la Fiscalía no se ha pronunciado los directivos de Sinaltrainal creen que en Colombia lo sucedido va a quedar en la impunidad. Por eso consiguieron el apoyo entusiasta de sus poderosos aliados y demandaron a Coca-Cola Company con el fin de obtener una indemnización millonaria. Para ello se ampararon en la ley norteamericana de 1789 llamada Alien Torts Claims Act (que permite hacer valer a los extranjeros sus derechos ante tribunales federales por violaciones cometidas por ciudadanos o empresas estadounidenses fuera de su país). Su argumento es, según dijo a SEMANA el abogado demandante Terry Collingsworth, que “Coca-Cola controla todos los aspectos de producción de las embotelladoras, de control de calidad del producto, están encima de todo el proceso. Así que es obvio que no podían ignorar las amenazas contra sus empleados”. Los abogados de Panamco, según Juan Carlos Domínguez, uno de los gerentes de esta compañía, “tienen dudas evidentes respecto a los argumentos de la demanda”. Además, la empresa sostiene que se trata de un problema de una embotelladora independiente y ha calificado la acción del sindicato como temeraria.

La multinacional ha dicho que estudia la posibilidad de una contrademanda por los perjuicios que esta situación puede causarle a su imagen. Mientras tanto su contraparte está confiada. Collingsworth sostiene que “la demanda tiene todas las posibilidades del mundo. Contando todas las apelaciones, el proceso se puede demorar hasta siete años. Sin embargo, ya empezó la campaña para alertar a los consumidores sobre las violaciones cometidas por la compañía contra sus empleados. No creo que una compañía como Coca-Cola esté dispuesta a soportar esta presión y este escándalo mucho tiempo”.