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| 12/15/1997 12:00:00 AM

CONTRA LA PARED

Las acusaciones de Myles Frechette contra el Ejército indican el endurecimiento de la posición de Washington en materia de derechos humanos.

Rayos y centellas y todo tipo de calificativos llovieron la semana pasada sobre la cabeza de Myles Frechette, quien pocas horas antes de dejar su cargo de embajador de Estados Unidos en Colombia lanzó serias acusaciones contra el servicio de inteligencia del Ejército Nacional. "En la Vigésima Brigada hubo actividades de escuadrones de la muerte. Esa es una preocupación que continúa y que va a salir seguramente en el nuevo informe de fines de año", fueron las palabras del diplomático. De inmediato, tanto el Ministerio de Defensa como el alto mando militar negaron las acusaciones y exigieron las pruebas que certificaran las afirmaciones de Frechette. La Procuraduría y la Fiscalía explicaron que, en efecto, se están adelantando investigaciones contra militares pero aclararon que éstas no han terminado. Ante el alboroto generado por Frechette, SEMANA buscó el porqué de sus denuncias y encontró que éstas no fueron el resultado de improvisaciones de última hora y que además las opiniones de Washington sobre lo que ocurre en el país se van a endurecer aún más. ¿La razón? A finales de cada año, como ocurre con el proceso de certificación, la embajada de Estados Unidos debe enviar un documento en el que consigna sus apreciaciones con respecto a la situación de derechos humanos. Ese panorama es analizado posteriormente por expertos en la materia en Washington. Así, en febrero del año siguiente, el Departamento de Estado divulga oficialmente el Country Reports on Human Rights Practices. En 1996 fue un libro de 1.513 páginas en el cual se consignó lo que estaba pasando en el mundo entero en esa materia. Ahí está la explicación de las frases de Frechette.Lo que ocurrió en Colombia durante 1996 está contenido en 18 páginas, tres de las cuales se refieren al tema abordado por el hoy ex embajador Frechette con respecto a las Fuerzas Militares y la Vigésima Brigada, encargada de los servicios de inteligencia del Ejército. El libro se refirió en concreto al aumento de las ejecuciones de personas a manos de paramilitares con el conocimiento y aprobación de altos oficiales; al avance de grupos de justicia privada en zonas controladas por la fuerza pública y a la presunta existencia de escuadrones de la muerte dentro de las filas del Ejército. Lo que vienePero si el reporte del Departamento de Estado sobre Colombia en materia de derechos humanos no fue favorable este año, tampoco lo va a ser en febrero de 1998. En fuentes autorizadas de Washington SEMANA conoció apartes del documento enviado por Frechette a finales de octubre pasado.Aun cuando reconoce que es evidente la disminución de muertes extrajudiciales a manos de fuerzas de seguridad estatales, el análisis de la embajada de Estados Unidos en Colombia indica que la fuerza pública continúa siendo responsable de serios abusos. El documento es especialmente duro cuando aborda el tema del paramilitarismo y la justicia militar.Con respecto a los grupos de justicia privada sostiene que en 1997 fue mucho más evidente la complacencia de algunos altos mandos del Ejército con los paramilitares. Sobre este aspecto el informe afirma que en varias regiones del país el Ejército fue un simple espectador de los choques entre guerrilla y paramilitares y da como ejemplo lo ocurrido a mediados de año en la región de Mapiripán, Meta, donde las autodefensas ocuparon un bastión de las Farc y combatieron durante más de una semana con la guerrilla sin que aparecieran las tropas.Al referirse a la justicia militar _dijo la fuente norteamericana_ el documento critica particularmente la investigación adelantada por el Ejército contra el general Farouk Yanine, quien resultó absuelto de varios cargos relacionados con la conformación de grupos al margen de la ley.Lo que todo esto significa es que lo que dijo Frechette antes de irse es realmente poco comparado con lo que dejó consignado en su informe para 1998 y que lo más probable es que Colombia reciba el año entrante otra descertificación más, esta vez en materia de derechos humanos.
El libro del escándaloos siguientes son los principales apartes del documento que hace un año produjo la embajada de EE.UU. en Colombia y que quedaron consignados en el libro Country Reports on Human Rights Practices, divulgado por el Departamento de Estado en febrero pasado:
"Las ejecuciones políticas y extrajudiciales siguen siendo un grave problema. Miembros de las Fuerzas Armadas continúan cometiendo ejecuciones extrajudiciales"
"De acuerdo con informes de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz y del Cinep, las Fuerzas Armadas fueron responsables de cerca del 8 por ciento de los asesinatos políticos, los cuales pueden ser identificados"
"En 1995 las Fuerzas Armadas fueron responsables del 16 por ciento de los asesinatos. En 1993 el 54 por ciento de los asesinatos políticos fueron cometidos por agentes del Estado"
"La Procuraduría reportó que de las 3.000 quejas en contra de los oficiales públicos recibidas entre junio de 1995 y octubre de 1996, ya se abrió investigación de 1.338 casos, incluyendo 28 masacres y 202 homicidios"
"Funcionarios del gobierno reconocieron las faltas de los militares y dieron crédito a las quejas sobre asesinatos fuera de combate por parte de los miembros de una brigada: la 20"
"Mientras los asesinatos por parte de las Fuerzas Militares disminuyeron lentamente, los asesinatos por parte de paramilitares han aumentado, así como los de los guerrilleros y narcotraficantes"
"La Comisión Colombiana de Juristas reportó que un 46 por ciento de los asesinatos políticos de 1995 fueron cometidos por paramilitares, comparado con un 18 por ciento de 1993. A las guerrillas se les atribuye el 38 por ciento de estos asesinatos, comparado con un 28 por ciento de 1993"
"La policía judicial no tiene suficientes recursos para investigar estos asesinatos adecuadamente. En junio el Consejo Superior de la Judicatura reportó que el 74 por ciento de los crímenes no se reportaron y que el 97 y 98 por ciento de los responsables de estos crímenes no fueron sentenciados" n "Según un reporte de la Comisión del Gasto Público, la impunidad en los crímenes es de un 99,5 por ciento"
El próximo informe sobre derechos humanos en Colombia tampoco será favorable para las FF.AA.
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