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| 3/16/1998 12:00:00 AM

CONTRA LA PARED

El contralor David Turbay se encuentra de nuevo en una encrucijada. ¿Qué pruebas tiene la Fiscalía contra él?

Desde que comenzó el proceso 8.000 el nombre de David Turbay siempre ha estado en el ojo del huracán. Pero sin duda el miércoles de la semana pasada fue el día más agitado en la vida del Contralor General, desde que su nombre empezó a asociarse con el de los hermanos Rodríguez Orejuela. A las 8 y 30 minutos de la mañanade ese día debió comparecer ante una funcionaria de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema para responder por nuevos cargos relacionados con el presunto ingreso de dineros provenientes del cartel de Cali. La citación tomó por sorpresa no sólo a David Turbay sino a la opinión pública, que consideraba que después de múltiples investigaciones el Contralor había logrado capotear con éxito el temporal desatado por el mayor escándalo político del país en los últimos años. Así lo sentía el propio Contralor, quien se amparaba en el auto inhibitorio dictado por la Fiscalía el 2 de diciembre de 1996, según el cual no había pruebas suficientes para demostrar que David Turbay había recibido dineros provenientes del cartel de Cali, ni había tenido vínculos comerciales con esa organización criminal. En esa oportunidad la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema lo había exonerado de ocho cargos, todos ellos relacionados con presuntos vínculos entre Turbay y los hermanos Rodríguez Orejuela.
Uno de los cargos por el cual fue investigado tenía que ver con un cheque que habría sido girado por Pastor Perafán en enero de 1992. Los investigadores descubrieron que el dinero girado por Perafán, hoy recluido en una cárcel de Estados Unidos, fue a parar a una cuenta corriente del Contralor. En una diligencia de versión libre ante el entonces fiscal delegado, Fabio Espitia, Turbay reconoció que ese título valor había tenido su origen en la venta de un cuadro al propio Perafán. Según declaró Turbay en esa oportunidad, la obra de arte había sido regalada a Turbay por parte del cónsul de Islandia en Colombia.
Antes de proferir el auto inhibitorio de diciembre de l996 la Fiscalía también investigó el presunto obsequio de un carro blindado por parte de Miguel Rodríguez al Contralor. La acusación se basó en la declaración de Guillermo Pallomari según la cual, David Turbay acudió a Miguel Rodríguez en busca de apoyo económico, en la época en que era uno de los precandidatos liberales. De acuerdo con la versión de Pallomari, el capo le habría ofrecido un automóvil, al parecer, un Mazda o un Monza. La Fiscalía consideró que esta declaración de Pallomari era "ambivalente", puesto que no se sabía si se trataba de un ofrecimiento por parte de Miguel Rodríguez o de una aceptación por parte de David Turbay.Además, la Fiscalía también se ocupó de investigar las presuntas relaciones personales entre Miguel Rodríguez y David Turbay, basadas ellas en declaraciones de Pallomari, quien afirmó que había conocido al hoy Contralor durante una visita que éste habría hecho a Rodríguez en Cali, cuando aspiraba a ser nominado precandidato presidencial por el Partido Liberal. Según Pallomari, el capo del cartel de Cali abrió una cuenta de crédito en el Hotel Intercontinental de Cali, denominada 'Inversiones Ara' para atender a las personas 'importantes' que acudían a él en busca de ayuda económica. Múltiples parlamentarios se alojaron allí por cuenta de los Rodríguez Orejuela en sus peregrinajes a Cali. De todos ellos el único que pudo mostrar el comprobante de pago fue David Turbay lo cual lo salvó de ese episodio.
Ninguno de los cargos en su contra pudo prosperar en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema y fue por ello que el fiscal Espitia decidió proferir el auto inhibitorio a favor de Turbay Turbay en diciembre de 1996. Ese auto inhibitorio, dictado por la Fiscalía en la época de Alfonso Valdivieso, había servido hasta el miércoles pasado como una especie de salvoconducto para el Contralor General. Curiosamente, mientras el Contralor era exonerado por la Fiscalía en Colombia, Estados Unidos le cancelaba su visa por presuntos vínculos con narcotraficantes.Al parecer, el Contralor confiaba en que el auto inhibitorio le serviría para mantener alejado el fantasma del 8.000, el cual nunca ha dejado de rondarlo. "Ese documento no le garantiza nada al Contralor. Lo único que le podía garantizar era que mientras no aparecieran nuevas pruebas en su contra él estaba a salvo. Como, al parecer, surgieron nuevas pruebas entonces las reglas del juego cambiaron", dijo a SEMANA un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Pero mientras el Contralor parecía salir inmune de todas las acusaciones, sus familiares más cercanos empezaban a enredarse en la telaraña del proceso 8.000. Es el caso de su hermano, José Félix Turbay, y su cuñado, Pedro Malaver, quienes fueron requeridos por la Fiscalía General debido a sus presuntos vínculos con el cartel de Cali. Contra el primero de ellos la Fiscalía dictó medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelación, en diciembre del año pasado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares, luego de que se comprobara que había sido beneficiario de dineros provenientes de los Rodríguez Orejuela. La semana pasada el hermano del Contralor se declaró culpable de varios de los cargos y reconoció que efectivamente había usufructuado dineros del cartel de Cali para adelantar su campaña política a la Cámara de Representantes en 1994. Además, decidió acogerse al beneficio de la sentencia anticipada con el fin de lograr una rebaja de pena. Por su parte, Pedro Malaver, ex director de la oficina de Proexport en Madrid, y cuñado del Contralor, a quien también se le encontraron cheques de empresas de los Rodríguez, está prófugo de la justicia y deberá responder por el cargo de enriquecimiento ilícito.

Las nuevas pruebas
¿Qué fue lo que sucedió para que la Fiscalía General llamara por primera vez a indagatoria al contralor David Turbay? La semana pasada los medios de comunicación especularon acerca de las nuevas pruebas de la Fiscalía. La historia tiene mucho que ver con el proceso de su hermano José Félix Turbay, quien resultó ser el destinatario de los dineros girados por empresas de fachada del cartel de Cali a la cuenta de Pedro Malaver. Turbay Turbay renunció a su condición de congresista y perdió el fuero correspondiente que le permitía a la Corte Suprema investigarlo. Al renunciar a su investidura, el caso pasó a manos de la Fiscalía General.
Durante la investigación del hermano del Contralor, la Fiscalía General encontró dos cheques, cada uno de 50 millones de pesos, girados por Exportcafé, empresa de fachada del cartel de Cali. De acuerdo con la versión de Pallomari, los cheques fueron girados de la cuenta conocida como LTD4, destinada por los hermanos Rodríguez Orejuela para financiar exclusivamente las campañas políticas. Los cheques fueron girados en mayo de 1994 a nombre de Antonio Félix Turbay Samur, tío de David y José Félix Turbay Turbay.
El primero de los cheques fue consignado en una cuenta corriente perteneciente a José Félix Turbay, quien reconoció ante la Fiscalía que en efecto había recibido ese dinero de parte de su tío, pero que desconocía su verdadera procedencia. De acuerdo con las investigaciones, el 11 de mayo de 1994 el señor Antonio Félix Turbay giró un cheque por 24,5 millones de pesos a nombre de Consuelo Arango de Turbay, esposa del Contralor General, quien, a su vez, abrió una cuenta corriente en una sucursal del Banco Comercial Antioqueño de Bogotá por 20 millones de pesos. Poco tiempo después, Consuelo Arango de Turbay giró un cheque a nombre de un tercero, identificado hasta ahora con el nombre de Ezequiel, al parecer un ex empleado del Congreso en la época en que el Contralor era parlamentario. La transacción fue realizada el 17 de mayo de 1994. El título valor fue girado por la suma de 16.370.000 pesos. Ese mismo día lo cobraron por ventanilla y al día siguiente la misma cantidad de dinero fue depositada en la cuenta denominada 'David Turbay Campaña Presidencial', cuyo titular era el propio Contralor.
La Fiscalía también indagó al Contralor acerca del recibimiento por parte de un cheque de seis millones de pesos girado por César Villegas en 1989, el cual también habría tenido como procedencia una de las empresas del cartel de Cali.
Habla el Contralor
David Turbay ha basado su defensa en el hecho de que la negociación realizada por su tío es perfectamente legal puesto que se trata de una operación comercial por la venta de unas esmeraldas, negocio al cual se dedica Antonio Félix Turbay, desde hace muchos años. El Contralor dijo a SEMANA que "los nuevos cargos nada tienen que ver con Pallomari. Quiero decir, por tanto, que en mi caso se mantiene el auto inhibitorio. Se trata de dos nuevos cargos. Uno tiene que ver con un cheque que me giró un dirigente deportivo en 1989 y el otro es una operación comercial de mi tío, que tampoco tiene nada que ver con narcotráfico o enriquecimiento ilícito".
Para los nuevos investigadores del 8.000 hay una pieza que no encaja en las explicaciones que hasta ahora ha dado David Turbay. Desde la primera indagatoria que los fiscales sin rostro realizaron hace más de un año a Guillermo Pallomari en Estados Unidos, el ex contador de Miguel Rodríguez ha reiterado, una y otra vez, que los dineros girados a los políticos provenían exclusivamente de la cuenta LTD4 y cuya empresa de fachada era Exportcafé. Según los investigadores, si el negocio del tío del Contralor hubiese tenido relación con la compra o venta de esmeraldas, como afirma el Contralor, el dinero del pago por esta transacción habría salido del rubro denominado en las cuentas de Miguel Rodríguez como 'gastos generales' y no de LTD4. El otro punto de la defensa de David Turbay se basa en que, según él, su señora Consuelo Arango nada tuvo que ver con aperturas de cuentas y mucho menos con transacciones de dineros. "La operación la hice completamente yo, y solamente yo. Es una operación legítima y tampoco tiene relación de causalidad con narcotráfico ni con Exportcafé". Según la versión del Contralor General, el dinero que recibió de su tío proviene de la venta de un lote y no de dineros de empresas de fachada del cartel de Cali. "Mi defensa no está fundamentada en palabras. Tengo los documentos que estoy seguro me permitirán demostrar mi inocencia", dijo el Contralor a SEMANA.
Sea como fuere, lo cierto es que el llamado a indagatoria a Turbay, en el que está de por medio un cheque, demuestra que mientras sigan apareciendo giros provenientes de empresas fachadas del cartel de Cali a dirigentes políticos el proceso 8.000 estará lejos de morir. Así ha sucedido recientemente con los casos del ex alcalde de Cali, Mauricio Guzmán Cuevas, y el del ex contralor Rodolfo González, entre otros, quienes han sido detenidos por la actual Fiscalía General, que luego de investigar a fondo sus cuentas ha encontrado méritos para dictarles medidas de aseguramiento. En el caso del Contralor, no es la primera vez que el alto funcionario parece estar en serias dificultades y queda por verse si esta vez también logrará salir airoso como la vez pasada.
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