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| 11/28/1994 12:00:00 AM

CONTRA LAS CUERDAS

De todos lados le llueven críticas al Procurador General por los problemas que le causa su estrecha relación con sus ex compañeros del Congreso.

DURANTE LOS ULTIMOS 60 días, unos 150 senadores y representantes, es decir, la mitad de los miembros del Congreso de la República, han ido a visitar al procurador general de la Nación, Orlando Vásquez Velásquez. Aunque el desfile de políticos es normal en cualquier dependencia del Estado, no necesariamente lo es en el caso del Ministerio Público, uno de los más importantes organismos de control, que por añadidura es el encargado de vigilar -entre otras- la conducta de los mismos congresistas. Y, más discutible aun es el motivo que los llevó al piso 12 del edificio de la Procuraduría: la búsqueda de puestos para cumplir compromisos políticos regionales.

Esto no pasaría de ser un asunto anecdótico, si no fuera por los hechos ocurridos en las ultimas semanas que han implicado por un lado la necesidad de Vásquez de declararse -en su calidad de ex congresista- impedido para estudiar la constitucionalidad de por lo menos 12 leyes, y por el otro algunos problemas con la designación por parte del Procurador de colaboradores suyos recomendados por congresistas o procedentes de la planta del Congreso.

La lista es larga y comienza con el propio viceprocurador general de la Nación, Orlando Solano Barcenas, quien hasta el día de su posesión laboró como asesor de planta en derecho constitucional e internacional de las comisiones Primera, Segunda y Sexta del Senado. Su cercanía con el Congreso ya empezó a generarle problemas, porque debió declararse impedido para tomar una decisión en el sonado caso de las indemnizaciones del Senado. En su calidad de asesor, el hoy viceprocurador recibió 25 millones 400.000 pesos dentro del Plan de Retiro Compensado de 1992. Solano fue recomendado por media docena de congresistas de la Costa Atlántica, entre ellos el sector de Jose Name Terán.

La nueva jefe de personal, encargada del manejo administrativo de 2.800 empleados, es Luz Helena Córdoba, ex asesora del Senado y quien venía trabajando en la Contraloría en Medellín. La funcionaria fue recomendada por el representante Horacio Zapata Muñoz.

El procurador delegado para las Fuerzas Militares es Jesús Orlando Gómez López, quien se desempeñó como senador suplente, representante a la Cámara y presidente de la Comisión VII de esa corporación. Fue recomendado por diferentes grupos políticos caucanos, entre ellos el de Aurelio Iragorri Hormaza.

También está el procurador primero delegado para la Vigilancia Administrativa, Flavio Rodríguez Arce, quien fue recomendado a Vasquez por el senador Alberto Santofimio. Hasta antes de su posesión, Rodríguez fue director del Registro Nacional de Abogados en el Consejo Superior de la Judicatura.

Pero la entrega de puestos con criterio político no se ha dado sólo en Bogotá. Dos casos muestran que el fenómeno de polítización se ha regionalizado: Luis Polo Castillo, recomendado por el senador Roberto Gerlein para la Procuraduría en el Atlántico, quien fue nombrado por Vásquez sin conocerlo. Posteriormente, tuvo que revocar el nombramiento porque los medios de comunicación revelaron que en el pasado Polo fue vinculado a un caso de narcotráfico. Polo aclaró que había salido limpio de la investigación, pero el asunto -en particular la virulencia de unas declaraciones de Gerlein contra Vásquez por haber desnombrado a su recomendado- puso sobre el tapete los problemas derivados de la cercanía de Vásquez con sus antiguos colegas del Capitolio.

Además, SEMANA conoció que el procurador Vásquez acaba de congelar el nombramiento -que estaba prácticamente listo-- de Guillermo Roa Rertrepo en la Procuraduría departamental del Quindío, como consecuencia de la enérgica protesta de diversos sectores de esa región, entre ellos el Comité Intergremial, que aseguró que Roa no tenía mayores méritos para el cargo, salvo quizás el de pertenecer al grupo político del dirigente regional Rogelio González Ceballos.

De otro lado, hay dos nombramientos que parecen confirmar que el nuevo Procurador está pagando favores por su elección. Primero fue la designación de Edilma Celly de Suárez como procuradora delegada para la Policía Judicial. Su esposo, el consejero de Estado Daniel Suárez, fue promotor del nombre de Vásquez como candidato de la corporación a la terna de aspirantes al cargo de Procurador. Finalmente, la jurista declinó el nombramiento. El segundo es Luis Montoya Medina, quien se posesionó como procurador tercero delegado para la Vigilancia Administrativa. El funcionario se desempeñó como magistrado auxiliar del consejero de Estado, Carlos Orjuela.

En diálogo con esta revista, el Procurador reconoció que en efecto los nombramientos se han hecho con base en recomendaciones políticas, pero aclaró que sus hojas de vida fueron sometidas a un riguroso exámen. "Le mentiría si le digo que conozco a todos los funcionarios que nombro", agregó.

En todo este debate nadie cuestiona ni los conocimientos jurídicos del Procurador, ni su solvencia moral. El problema estriba en la inconveniencia que parece saltar a la vista por el hecho de que un ex senador sea elegido por sus antiguos compañeros para el cargo de Procurador, desde donde debe por un lado pronunciarse sobre las leyes que aprueban esos mismos senadores, e investigarlos disciplinariamente, mientras les recibe y nombra recomendados para los principales cargos en la Procuraduría.

Vásquez se defiende tras alegar que su gestión esta siendo juzgada prematuramente y pide que se le de un plazo. "Aqui no se trata de hablar sino de hacer, de mostrar resultados. Por eso he solicitado que me den tiempo, no eterno, sino prudencial, para ajustar a la Procuraduría a la dimensión que yo quiero imprimirle", le dijo a SEMANA. De hecho, su acertada intervención en el tema de los billetes robados al Banco de la República, en la cual salió en defensa de los ciudadanos comunes y corrientes, demuestra que cuando el asunto no tiene que ver con el Congreso, el Procurador da en el clavo. El problema, sin embargo, es que a juzgar por lo visto hasta ahora, los casos que llegan a la Procuraduría y en los que el Congreso no tiene que ver son más bien la excepción.
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