Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2010/07/03 00:00

¡Contra la pared!

El crimen organizado tiene en jaque a la justicia. Los jueces son amenazados, asesinados o sobornados. El gobierno prepara una reforma para que no dejen libres a tantos jefes y sicarios del narcotráfico.

Muchos miembros de bandas criminales que han sido capturados recobran la libertad al instante por errores en los procedimientos de la captura o porque aceptan cargos como el porte de armas y son excarcelados.

Un juez de garantías que dejó en libertad a Óscar Galvis, alias 'Pantera', fue la gota que rebosó la copa. Hace dos semanas, tropas del Batallón Vial y Energético llegaron hasta una finca en la vereda Tucurú de Caucasia (Antioquia), allanaron la propiedad y capturaron al peligroso jefe de sicarios de Los Paisas, la temida banda criminal que tiene asolada la región de Bajo Cauca. El problema es que la captura se hizo sin una orden. Es decir, era ilegal y por eso el juez del caso tuvo que abrirle las puertas para que volviera a la calle. No era la primera vez. Semanas atrás la Policía ya lo había capturado y también quedó libre por un tecnicismo.

La decisión del juez desató la ira del presidente Uribe, quien pensó en decretar la conmoción interior para darle a la justicia facultades extraordinarias en la lucha contra el narcotráfico. Bajo esta figura, por ejemplo, se creó hace dos décadas la justicia sin rostro que fue crucial para combatir a los grandes carteles de la droga. Pero así mismo fue duramente criticada porque era una justicia que mientras velaba por la protección de jueces y testigos no les daba garantías elementales a los procesados, lo que la convirtió a la postre en una justicia de hierro, pero en muchos casos arbitraria.

Uribe desistió finalmente de decretar la conmoción, pero expidió un decreto con el que crea una comisión interinstitucional contra las bandas y redes criminales, uno de cuyos principales componentes serán 35 jueces de garantías con competencia regional y nacional. Y aunque la noticia ha sido bien recibida, es claro que apenas se configura como una solución parcial a un problema estructural y muy preocupante: que el crimen organizado tiene a los jueces en la mira.

El asesinato del juez Diego Escobar Múnera, ocurrido en Medellín el pasado 22 de abril, tiene alarmados a todos sus colegas. "Cualquier joven que usted procese en Medellín resulta que hace parte de una red mafiosa, de combos peligrosísimos que tienen acceso a todo tipo de armas, sistemas de comunicación y dinero ilimitado. Usted alcanza a sentir esa presión en un tribunal, entonces imagínese lo que siente uno en la calle después de condenarlos", dice un juez de esa ciudad, donde 150 funcionarios judiciales comparten la única camioneta blindada que les ha sido asignada. La mayoría se mueve en sus propios carros o en bus.

En los últimos cuatro años, por lo menos 700 jueces de todo el país han reportado problemas de seguridad. Su vulnerabilidad es peor en ciudades pequeñas como Caucasia, Tumaco o Montería, —donde las bandas tienen aún más capacidad de acción—, mientras trabajan, según la judicatura, sin papel, sin caja menor y sin las mínimas garantías. El miedo lleva a muchos jueces a buscar tecnicismos en la ley para no comprometerse con una captura. Un hombre aprehendido en flagrancia con cuatro fusiles dentro de su carro convenció al juez de que era un padre de familia que velaba por sus hijos, lo que le dio la libertad. Otro ordenó que se dejara libre a un sicario al que le encontraron el silenciador de un arma, y legalmente este no se considera un arma en sí misma. Los mismos delincuentes han aprendido cómo buscarle grietas al sistema. "Mienten en las audiencias. Un sicario que capturamos cuando se cayó de la moto en medio de la huida le dijo al juez que la Policía les había dado los golpes, y eso bastó para quedar libre", dice el general Orlando Páez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía.
 
También ha generado mucha controversia el abuso de la figura de la detención domiciliaria que se les ha otorgado a muchos sicarios de manera irregular, puesto que este beneficio no se aplica en casos de grave conducta criminal. La punta del iceberg fue la fuga de alias 'Kener', un temido jefe de la Oficina de Envigado que se evadió a pesar de tener la manilla del Inpec. Por estos casos se adelantan más de 250 investigaciones en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pues en muchos casos no es el miedo sino la corrupción lo que se mueve tras estos generosos beneficios.

Pero lo que hay detrás de todos estos casos es más complejo. Tiene que ver con la aplicación del sistema penal acusatorio que entró en vigencia hace cinco años. Si bien tirios y troyanos elogian las virtudes del sistema oral por expedito, también se le critican dos cosas: que no tiene el desarrollo técnico que necesita y que les da demasiadas garantías a los criminales. El alcalde de Medellín, Alonso Salazar, dice que en esa ciudad la falta de tecnología y sistemas de información ha hecho que la justicia termine apoyándose sobre todo en testimonios, y eso era justamente lo que se quería cambiar. "La Alcaldía compró unos equipos de interceptación para que los usara el CTI, pero lograr la interceptación de una línea es un drama", dice. Y señala que el otro talón de Aquiles del sistema es la protección de testigos, que es muy débil.

En cuanto a las garantías, muchos consideran que para luchar contra la mafia estas deberían estar más limitadas. El fiscal general encargado, Guillermo Mendoza, cree que se debe hacer más difícil la excarcelación. Actualmente, si los capturados aceptan cargos les rebajan el 50 por ciento de la pena y quedan libres.

Por eso el gobierno también anunció un proyecto de ley para reformar no solo la ley sino la Constitución, buscando que se cree, posiblemente, una jurisdicción más punitiva para combatir el crimen organizado. Sin embargo, recortar garantías no resuelve el problema. Por un lado, la Policía y los demás organismos de seguridad tienen que ajustarse a los requerimientos técnicos y legales del nuevo sistema. Muchas veces el juez queda en el ojo del huracán cuando dados los errores de una captura no tiene más alternativa que poner en libertad al inculpado. El atraso de la justicia y la precariedad de recursos son muy críticos. La sola implementación de los 35 jueces de garantías que se moverán por todo el país para los casos más connotados costará 3.200 millones de pesos. Y si falta plata para que la justicia se modernice, la crisis actual también es consecuencia de la falta de políticas derivadas de la desafortunada desaparición del Ministerio de Justicia y de la batalla campal en la que el gobierno Uribe se involucró con buena parte de las cortes.

El asunto ya entró en crisis y los jueces nombrados son apenas los paliativos a un problema que está desbordado y que le queda al rojo vivo al nuevo gobierno.

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