Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2001/04/16 00:00

Contra la pared

Chávez pierde apoyo civil y militar. Hay quienes apuestan a su caída. Análisis de Mauricio Sáenz, enviado especial.

Contra la pared

La obsesión nacional venezolana. En eso se convirtió la captura en Caracas de José María Ballestas, el presunto responsable del secuestro del ELN al Fokker de Avianca. A juzgar por los programas de opinión, por la prensa y los debates de la Asamblea Nacional los venezolanos no se explican la negativa de su gobierno a entregarlo a las autoridades colombianas, ni las contradicciones incurridas por los funcionarios y mucho menos los argumentos esgrimidos en favor de la permanencia del detenido en territorio de su país. Para ellos el hecho se convirtió en la ‘prueba reina’ de que el gobierno de Hugo Chávez no sólo tiene relaciones con la guerrilla colombiana sino que abiertamente la protege. Literalmente, el gobierno fue descubierto con las manos en la masa.

Aunque aún no se ha hecho una medición en las encuestas los observadores coinciden en que la credibilidad del gobierno quedó gravemente afectada. Sobre todo luego de que, tras la destitución del jefe de la Policía Técnica Judicial (PTJ) por la captura del delincuente, un número indeterminado de agentes renunció en protesta. Un informante policial pareció resumir el problema cuando dijo a SEMANA que ellos estuvieron “siguiendo a Ballestas durante ocho meses mientras se daba la gran vida” y que “la Interpol estuvo informando a la Cancillería, al Ministerio del Interior y Justicia y a otros organismos de las andanzas de Ballestas”. Por eso, dijo, a sus compañeros no les quedó otra alternativa que “renunciar a sus cargos debido a la falta de respeto que ha demostrado al gobierno al insinuar que no actuaron apegados a la ley”.



Que se vaya

El caso del aeropirata se presentó en un momento en el que surgen y crecen en Venezuela movimientos civiles y militares con la mira no sólo en hacer oposición sino en conseguir la salida del presidente del poder. La proclama de la Coordinadora de Acción Cívica, lanzada el miércoles en el Multicentro Empresarial del Este, en Caracas, argumenta que el gobierno ha propiciado una crisis en los campos político, social, económico y moral “como consecuencia de la pérdida de credibilidad de las instituciones, la pérdida del Estado de derecho, la violación reiterada de la nueva Constitución y el estado de inseguridad en todos los órdenes de la vida republicana”. Sostiene que “el gobierno no tiene límites para atropellar leyes, instituciones y personas con tal de imponer sus planteamientos ideológicos, contrarios al sentimiento nacional y usa de manera abusiva pensamientos del Padre de la Patria para confundir al pueblo venezolano”.

Todos esos grupos se declaran defensores del Estado de derecho y las instituciones democráticas. Pero en Caracas es un secreto a voces que hay facciones dispuestas a todo, incluso a un golpe de Estado, para conseguir el objetivo.

El problema más apremiante para Chávez parece ser el militar. El síntoma más fuerte se dio cuando el presidente anunció su intención de gobernar desde el Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de Defensa. Para ello adujo recuperar el liderazgo de la Fuerza Armada, en cabeza de su comandante constitucional, el presidente de la República. Pero para los caraqueños era obvio que la verdadera razón fue el rechazo de los militares al nombramiento como ministro de Defensa de José Vicente Rangel, quien se venía desempeñando como canciller. Chávez anunció esa decisión en la mañana del 4 de febrero mientras celebraba el aniversario del intento de golpe contra Carlos Andrés Pérez y, al conocerla, los oficiales presentes en el casino del Tiuna a la hora del almuerzo protagonizaron en protesta una verdadera asonada. El rechazo fue tal que Chávez se vio obligado a nombrar al general Luis Enrique Amaya Chacón como ‘jefe’ de la Fuerza Armada, un cargo inexistente desde el punto de vista legal; aceptar que Rangel despachara desde una base aérea, relegado a funciones administrativas (lo cual no es poca cosa, pues maneja la chequera) y, por último, asumir el gobierno desde el Ministerio de Defensa. Para el analista Carlos Blanco, “el rechazo a Rangel es la metáfora del rechazo a Chávez. Como por ahora no se le pueden oponer lo hacen por interpuesta persona”.



Ejercito politico

Como dijo a SEMANA el general Fernando Ochoa Antich, quien dirige el Frente Institucional Militar, un grupo de oposición de militares retirados, el nombramiento de Rangel se debió, por una parte, “a que el chavismo no crecía entre los militares y, por la otra, a la conveniencia de tener una figura política para manejar la oposición al Plan Colombia”. Pero también resultó ser el último hecho de una serie que, según fuentes militares consultadas por SEMANA, acabaron con la luna de miel de Chávez y la institución armada. La primera señal de ruptura se presentó en diciembre de 1999 cuando se separaron, entre otros, los coroneles Francisco Arias Cárdenas y Joel Acosta Chirinos, lugartenientes de Chávez en la intentona de golpe de febrero de 1999. Esos oficiales, que habían participado en la concepción del proyecto político chavista, basado en la asunción de los destinos del país por una clase militar libre de los pecados de la política tradicional, se sintieron traicionados cuando dos civiles de vieja tendencia izquierdista, Rangel y Luis Miquilena, asumieron los cargos clave del gobierno.

La segunda ruptura se produjo cuando se evidenció la asociación de Chávez con el presidente cubano Fidel Castro. Las fuerzas armadas no ven con buenos ojos la cercanía con un líder que, como Fidel, infiltró hombres, financió y estimuló a las guerrillas que operaron en Venezuela entre 1960 y 1972. Para los militares ‘no bolivarianos’ esa es una amistad con su enemigo natural.

Lo mismo que el tercer factor de ruptura: la relación cada vez más clara con la guerrilla colombiana. Esa relación comenzó a influir cuando otro compañero de Chávez, Jesús Urdaneta Hernández, denunció antes de renunciar a la comandancia de la Disip, la policía política, haber recibido la orden de entregar a las Farc 300.000 dólares de la partida secreta. Para los militares ‘no bolivarianos’ esas componendas son inaceptables, no sólo por el carácter comunista de las Farc sino porque la guerrilla colombiana ha perpetrado múltiples ataques, en especial el de Cararabo en 1995, un hecho sanguinario que los oficiales venezolanos no olvidan.

Y el cuarto error de Chávez frente a sus compañeros se produjo con el nombramiento de Rangel. Para la oficialidad esa fue la máxima bofetada pues no olvida que durante sus años de periodista el hoy responsable de la cartera castrense no perdió oportunidad de atacar no sólo a las instituciones militares sino a sus integrantes. Para ellos Rangel amasó su notoriedad a punta de acusarlos, muchas veces injustamente, de corrupción.

Esas cuatro rupturas se produjeron con el telón de fondo de la politización de las fuerzas militares. La oficialidad se resintió de ver a su institución pasar de ser la defensora de la soberanía a convertirse en el brazo armado de un proyecto político, y, lo que es peor, a cumplir tareas que consideraba ajenas e incompatibles con su dignidad. “Los militares comenzaron a limpiar cloacas, recoger basuras, barrer calles, construir escuelas, trabajar como obreros mientras descuidaban sus obligaciones constitucionales y desgastaban sus precarios equipos”, dijo un militar retirado a SEMANA.

Otras causas de malestar entre los militares tienen que ver con la organización interna de la institución armada. La costumbre reiterada de Chávez de usar en presentaciones públicas su uniforme de teniente coronel es una de ellas, pues los generales se ven obligados a saludar como presidente a alguien de rango inferior. Y otra es la inclusión en las actas de ascenso de los militares golpistas que fueron dados de baja pero reintegrados con todos los privilegios y en contra de las normas. Un oficial del ejército se quejaba al periodista Sammy Eppel de que compañeros suyos perdieron su ascenso por llegar tarde al cuartel “y ellos, que mataron soldados y civiles inocentes, ascienden entre los primeros”.

El malestar en las fuerzas militares se ha manifestado en muchas formas. Una fuente que pidió el anonimato confirmó a SEMANA haber asistido a varias reuniones de miembros activos que están dispuestos a todo para sacar a Chávez. Y el caso de las ‘pantaletas’, en el que 142 oficiales recibieron un paquete con unos calzones de mujer, un video de ofensas de Chávez a los militares y un panfleto en el que se les acusaba de cobardes por no levantarse, no pudo haberse llevado a cabo sin la participación de elementos activos.

Sin embargo el presidente ha logrado manejar esos malestares con mucha habilidad. A nivel medio y bajo con la chequera, pues ha prodigado los beneficios laborales y económicos para los militares. Y a nivel alto ha neutralizado a los generales de mayor liderazgo, como Ovidio Jesús Poggioli, quien pasó de ser director de inteligencia a administrar el aeropuerto de Maiquetía; Raúl Baduel, antiguo comandante de paracaidistas, que fue trasladado como jefe del Círculo (Club) Militar; el general José Enrique Medina, director de la Academia Militar, hoy en un cargo de escritorio; Rommel Fuenmayor, comandante de una de las brigadas más importantes y hoy en la administración de la industria militar, y el almirante Bernabé Carrero Cuberos, trasladado a la secretaría del Ministerio de Defensa.

Y Chávez sabe que éstos no intentarán nada contra él mientras el apoyo popular le siga siendo favorable. La razón es que sobre la milicia venezolana gravita la responsabilidad histórica de haber apoyado en el siglo XX soluciones militares que iban en contravía de la voluntad de la población, lo cual le significó el rechazo social durante décadas. Por eso los últimos ejemplos de acción militar, como la intentona del propio Chávez contra Carlos Andrés Pérez, sólo se han presentado en un escenario de deterioro manifiesto de la popularidad del gobernante.



Civiles a la palestra

Si en el estamento militar la posición de Chávez es muy cuestionada, en la vida política la situación no es diferente. En este campo la oposición se ha visto radicalizada por la percepción de que ante el control total que ejerce el gobierno sobre todas las ramas del poder público es imposible disentir. Como dice Ochoa Antich, “como la regla de oro de la democracia, de que la mayoría se puede convertir en minoría, no existe, la oposición no ve otro camino que buscar la salida del gobernante como un medio para restituir el juego democrático”.

Los activistas de esa oposición radical, como Blanco, sostienen que Chávez ha demolido las instituciones para imponer un modelo de revolución que no se compadece con el sistema democrático en el que se mueve, al menos desde el punto de vista formal. Con el totalitarismo a la vista, dicen, los partidarios de Chávez excluyen expresamente de las funciones públicas a quienes no comulgan con sus postulados. Aunque reconocen que la llegada de Chávez al poder fue la consecuencia de la miopía y la inacción de generaciones de venezolanos, no aceptan que el presidente haga tabla rasa para descalificar absolutamente todo lo caminado hasta su llegada al poder. Sostienen que esa condena deja por fuera a muchos venezolanos honestos que podrían contribuir a la construcción de un país libre de las cargas del pasado. Y que ello se siente, por ejemplo, en la empresa petrolera estatal Pdvsa, de la que el gobierno expulsó a los cuadros más importantes, creados mediante años de preparación, mientras, en palabras de Blanco, “tiene que recurrir a la marginalidad profesional”.

Ese rechazo por el pasado ha conseguido, según sus críticos, que el gobierno se debata en una extrema incompetencia e incapacidad de ejecución que hace, por ejemplo, que desde el comienzo del gobierno de Chávez no se pueda hablar de una sola obra pública de importancia a pesar de que los precios del petróleo han llenado las arcas federales. No obstante el crecimiento económico de 2000, que fue del 3,2 por ciento, se sostuvo por un gasto público enorme, posibilitado por los favorables precios del petróleo. Aunque las reservas internacionales de 16.000 millones de dólares harían feliz a cualquier país latinoamericano no se compadecen con el ingreso petrolero, que en dos años ha sido de 45.000 millones. Y mientras el gobierno proclama el triunfo contra la inflación los economistas opositores sostienen que ello trajo como subproducto el surgimiento de una economía importadora y la ruina de la industria exportadora. Según Fedeindustria, más de 100.000 empresas cerraron desde 1998. Lo cual explica que el desempleo está llegando a niveles inconcebibles hace algunos años.

Los críticos sostienen que, por otra parte, esa renovada economía del petróleo ha conducido, ante la ausencia de organismos de control independientes del gobierno, a un crecimiento desmesurado de la corrupción. Y si a nivel macro se regresó a la dependencia del petróleo, a nivel de la población se volvió a la cultura de esperar que el Estado resuelva los problemas de subsistencia. Esa es la lectura de programas como el Plan Bolívar 2000 y el Fondo Unico Social. Como dijo un economista a SEMANA, “Chávez logró disociar a la riqueza del trabajo, algo en lo que el país ya había avanzado”.

SEMANA estuvo presente en el lanzamiento de la Coordinadora de Acción Cívica (Caciv), un organismo que aglutina a varios grupos de oposición que buscan un mecanismo legal y constitucional para que Chávez deje el poder. Allí estaban representadas las más variadas tendencias de la vida política venezolana, desde viejos políticos, antiguos guerrilleros y militares retirados hasta economistas, sindicalistas, estudiantes y señoras de sociedad. Una cosa parecía unirlos: la obsesión por conseguir, con la mayor rapidez, la caída de quien llamaban, sin ambages, el tirano.

Esa caída, sin embargo, no parece estar en el horizonte, al menos a corto plazo. El presidente no se ha quedado quieto en su intento por controlar la totalidad de la sociedad venezolana. Como dijo Ochoa, “en un régimen democrático el paso del tiempo favorece a la oposición. Pero en este caso, en mi criterio, el tiempo favorece a Chávez”.

Ante este panorama existen varias posibilidades de salida. Una, la optimista, plantea que Chávez finalmente caiga en cuenta de que está atrapado entre las expectativas creadas por su gobierno y sus posibilidades reales, deje su concepción épica de su papel en la historia nacional y continental y se convierta en un presidente ‘normal’, respetuoso de las opiniones de los demás y listo a aceptar las limitaciones que encarna la democracia para el ejercicio del poder. Otra, la pesimista, sostiene que Chávez está listo para intentar un autogolpe. Y la más extrema, que piensa, como propuso el respetado columnista José Muci-Abraham en El Nacional, que Chávez debe ser separado del cargo por incapacidad mental, al estilo de Abdala Bucaram.

Y, por último, están quienes reconocen que Chávez, para bien o para mal, es el resultado de años de prácticas corruptas e inconducentes que se derrumbaron por su propio peso. Es el caso de un movimiento llamado Primero Justicia, conformado por yuppies, profesionales de menos de 40 años empeñados en reformar, con gran pragmatismo, las costumbres políticas venezolanas. Su líder, Julio Borge, es un abogado de 31 años que conduce un programa de televisión y a punta de un mensaje de sensatez y realismo ha conseguido el segundo nivel de aceptación en las encuestas después del presidente. Su segundo a bordo es Leopoldo Martínez, el líder de su pequeña bancada en la Asamblea Nacional. Para ellos el gobierno de Chávez no es una dictadura sino “un gobierno que se descose sin oportunidades para el diálogo”. Y Chávez es “un gran comunicador, pero un hombre solo e incapaz de formar un equipo de gobierno”. Martínez sostiene que “la oposición que no pueda imaginarse al país recompuesto con Chávez desafía al 60 por ciento de favorabilidad que conserva. Nosotros miramos las cosas con más inteligencia y sostenemos que el cambio no le pertenece”. Y Borge, quien claramente es la opción presidencial, dice que “lo nuestro no es que Chávez salga o se quede, nuestra apuesta es a que las instituciones funcionen con él o sin él. Nosotros criticamos lo que hay que criticar, pero dedicamos más tiempo a hacer propuestas concretas, reivindicando cosas perdidas en política, como la generación de empleo. Esta es la clave de nuestra aceptación”. Por eso los miembros de Primero Justicia andan con la Constitución en la mano haciendo una oposición sin histerismos, recordándole al gobierno sus deberes y sin echar mano de recursos conspirativos. “Nosotros pensamos que si el presidente no es viable, la trampa se la va a poner él solo. Si no logra finalmente conciliar con el concepto de ser un gobernante escogerá su propia suerte”.

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