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| 8/15/2014 12:00:00 AM

Lista la imputación a la contralora

La Fiscalía imputará a Sandra Morelli el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Se pedirá que no pueda salir del país.

Este viernes la Fiscalía dio a conocer los motivos por los cuales le imputará cargos por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a la contralora general, Sandra Morelli Rico, esto por presuntas irregularidades cometidas desde su cargo, como el arrendamiento de la sede de la entidad.  
El director institucional en materia penal de la Fiscalía, Camilo Burbano, señaló que este viernes se radicará la solicitud de reparto de la diligencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, corporación ante que  adelantará la diligencia. 

“Esta actuación fue iniciada con base en la denuncia presentada por Carlos Abel Saavedra, presidente de uno de los sindicatos de la Contraloría General de la República, quien informó la presunta existencia de irregularidades en el proceso de arrendamiento de las instalaciones que actualmente ocupa esa entidad”, dijo Burbano.

La Fiscalía también pedirá medida de aseguramiento no carcelaria con la finalidad de que la funcionaria no pueda salir del país, pues cuenta con doble nacionalidad, colombiana e italiana.

“La posición de la Fiscalía, garante absoluta de los derechos fundamentales, es que la imposición de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad tienen carácter excepcional, en ese orden para el caso concreto, se solicitará que el honorable Tribunal Superior de Bogotá imponga una medida de aseguramiento no privativa de la libertad a la doctora Morelli Rico. En este caso la prohibición de salir del país. Dicha medida se juzga en suficiente para asegurar su comparecencia al proceso penal”, explicó Burbano.  

Estas serían las presuntas irregularidades cometidas por la contralora 

En primera medida, la Fiscalía considera que Morelli desconoció el principio de planeación porque presuntamente no se adelantaron los estudios técnicos para establecer si los dos edificios ubicados en el centro de Bogotá en los cuales funcionaba anteriormente la Contraloría presentaban fallas estructurares que impidieran que la entidad siguiera allí. 

“Este punto resultaba esencial para decidir si era urgente o no el traslado de sus funcionarios a otras sedes, propias o arrendadas”, puntualizó Burbano. 

El ente investigador argumentó como segunda irregularidad la posible violación del principio de transparencia exigido en este tipo de casos, además de que los documentos con los que se soportó la suscripción de los contratos de arrendamiento son “simples conceptos y recomendaciones de organismos y entidades que no tienen capacidad técnica para hacer un diagnóstico estructural objeto de tales edificaciones”, dijo el fiscal y añadió que en ningún documento fue sugerido el cambio de sede de la entidad. 

Como tercer punto citado por la Fiscalía está el que presuntamente existieron “graves irregularidades en los estudios de mercado que llevaron a la suscripción de los contratos mencionados”. Estudios que, según Burbano, se realizaron con fundamento en una comparación de precios extraídos de una página web. “No fueron realizados con inmuebles, ofertas y proponentes comparables entre sí y que guarden relación con las necesidades de la Contraloría General de la República”, explicó el funcionario. 

Como cuarta razón, la Fiscalía aseguró que se pudo afectar también el principio de selección objetiva “que desnaturalizó el contrato de arrendamiento para incluir en el mismos la adquisición de ductos, sanitarios, aires acondicionados y mobiliarios, entre otros, con pagos amortizados a 10 años o en todo caso, en el momento de darse por terminado el caso”. Burbano explicó que con la anterior figura la Contraloría se obligó a llevarse en caso de terminado el contrato, varios elementos de los que compró. 

Por último, se señaló que la contralora pudo haber violado el principio de economía porque aun existiendo ofertas más favorables por parte del mismo contratista, el convenio se habría suscrito con un sobrecosto cercano al 10 %, respecto de la oferta inicial recibida por el órgano de control. 

Burbano recordó que la actuación fue iniciada con base en la denuncia presentada por Carlos Abel Saavedra, presidente de uno de los sindicatos de la Contraloría General de la República, quien informó la presunta existencia de irregularidades en el proceso de arrendamiento de las instalaciones que actualmente ocupa esa entidad.

Las cifras 

La Contraloría y el Ministerio de Hacienda habían acordado el traslado temporal del organismo de control, mientras se adecuaba y modernizaba la antigua Torre Colseguros y el edificio cardenal Crisanto Luque, antiguas sedes de la Contraloría. Sin embargo, estas acciones no se llevaron a cabo y, por el contrario, la contralora terminó vendiendo las viejas edificaciones por 12.000 millones de pesos, cuando su avalúo catastral ascendía a 34.000 millones de pesos.

Pero la contralora, según la Auditoría, jamás demostró por qué razón vendió el bien, aun cuando estudios consideraban que no presentaba problemas importantes de estructura o de sismorresistencia.

Según se ha conocido, el arriendo de la nueva edificación donde se trasladó la Contraloría fue de 2.600 millones de pesos mensuales y los costos generales en los que ha incurrido la entidad son de 76.400 millones pesos. “La contralora hizo una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente”, dijo en su momento la auditora general de la República, Laura Emilse Marulanda.

Juan Carlos Prías, defensor de Morelli, quien acompañó en las tres sesiones de interrogatorio que la contralora cumplió ante la Fiscalía por el tema, una vez conoció la determinación del ente investigador, dijo que hay que espera conocer la imputación, pero que sabe que no se tienen elementos para adelantar la actuación en contra de su representada. 

”Yo creo que no es necesario siquiera la imputación, yo conozco las actuaciones de la Fiscalía a partir de los interrogatorios, y no hay nada. La Fiscalía tiene un contrato en condiciones aun más gravosas y no pasa nada. Francamente, sólo hay unas condiciones para correr traslados a unas sanciones administrativas. Con esos interrogatorios lo único que faltó fue imputar delitos sexuales”, dijo. 

Ahora resta esperar que el Tribunal fije la fecha para la imputación de la funcionaria, que sería en los próximos días. Morelli entrega su cargo el próximo 31 de agosto.  
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