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| 10/29/2013 12:00:00 AM

Morelli gana batalla y podrá investigar a magistrados

La Corte Suprema deja en firme facultades de la contralora para investigar fiscalmente a altos funcionarios.

La Contraloría General de la República sí tiene competencia para investigar a los magistrados en tanto que ellos hagan manejo de recursos públicos, según se desprende de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que deja intacto un concepto del Consejo de Estado en ese sentido.

Dicha competencia había sido puesta en duda en medio del desarrollo de las investigaciones por el ‘carrusel’ de las pensiones en la cúpula de la Rama Judicial que inició la contralora Sandra Morelli, que buscó abrir un juicio fiscal contra 23 magistrados (entre auxiliares y titulares) por el posible detrimento patrimonial al Estado producto del aumento de las pensiones de 14 exfuncionarios de la Justicia.

Al abrir dichas investigaciones y reclamar la competencia para hacerlo, la funcionaria se enfrentó a dos instituciones poderosas. Por un lado, a lo más granado del poder judicial, que ve con recelo la posibilidad de terminar investigado por el ente de control. Por el otro, a la Comisión de Acusación de la Cámara -famosa por sus absoluciones- que arguyó entonces una usurpación de sus competencias constitucionales.

El 16 de abril del 2012, tras consulta del Gobierno Nacional, la Sala de Consulta Civil del Consejo de Estado emitió un concepto en que establece que la Contraloría tiene la competencia para realizar las investigaciones fiscales y que el fuero constitucional no opera para procesos en los que haya de por medio recursos públicos.

Con este espaldarazo, la contralora Morelli seguía a todo vapor con sus investigaciones contra magistrados. Sin embargo, los juristas Eduardo Carmelo Padilla, Víctor Velásquez encontraron razones para demandar ante la Corte Suprema dicho concepto, al manifestar que el ente de control no tenía competencia para realizar dicho procedimiento.

La Sala Plena del alto tribunal se inhibió, es decir no estudió de fondo la competencia de la Contraloría para investigar a los magistrados, debido a que un concepto no es un fallo, sino la respuesta a una consulta y su conclusión no es vinculante.

Esa así que queda en firme la potestad de la Contraloría para investigar a altos funcionarios del Estado, incluso aquellos que tienen fuero constitucional, en el caso en el que sus conductas involucren el manejo de recursos públicos.

Con esta decisión, se da luz verde a las investigaciones fiscales contra magistrados involucrados en el ‘carrusel’ de pensiones, cuyos protagonistas son Julia Emma Garzón, Angelino Lizcano y Henry Villarraga Oliveros.
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