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| 11/1/2012 12:00:00 AM

Contralora pide declarar ilegal el paro judicial

La demanda fue presentada por la contralora general, Sandra Morelli, ante el Tribunal Superior de Barranquilla. En su criterio, la Nación "se encuentra en grave riesgo de resultar afectada patrimonialmente (...) por el cese de actividades".

Este jueves la contralora general, Sandra Morelli, solicitó declarar la ilegalidad del paro judicial promovido por Asonal Judicial y el sindicato de la Fiscalía General. En su criterio, el paro afecta un servicio público considerado como esencial, según la legislación vigente, y causa daño al patrimonio público.
 
La demanda fue presentada por la alta funcionaria ante el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Laboral.
 
Tras asegurar que se encuentra legitimida para esta acción, Morelli aseguró que la Nación "se encuentra en grave riesgo de resultar afectada patrimonialmente por las consecuencias propias del cese de actividades".
 
Según Morelli, el paro que comenzó el pasado 11 de octubre, "afecta parcialmente a las distintas regiones del país".

En su demanda, la contralora pide que se declare la ilegalidad del paro de conformidad con el artículo 56 de la Constitución Política y el numeral 1. del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, según la cual, “la suspensión colectiva es ilegal cuando se trate de un servicio público”.
 
Morelli aportó diferentes documentos sobre el cese de actividades, y la forma como se han cumplido los cierres y se obstaculizó el acceso a los despachos judiciales.

Con la decisión, la alta funcionaria también pretende que se advierta a los funcionarios para que reanuden sus actividades en los despachos judiciales y de la Fiscalía.
 
Así mismo, sordenó la constitución de una "comisión de verificación de la reanudación de actividades en los despachos judiciales, la cual debe presentar al tribunal de conocimiento, un informe sobre el acatamiento de la orden impartida de reanudar la prestación del servicio público".

Según el comunicado emitido por el ente de control, "la Constitución Nacional, el Decreto Ley 267 del 22 de febrero del 2000 y el artículo 125 de la Ley 1474 del 2011 otorgan competencia a la Contraloría para ejercer (...) la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o las entidades que manejan fondos o bienes de la Nación".
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