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| 8/13/2014 12:00:00 AM

Fiscalía le imputará cargos a la contralora

El ente investigador no solicitará medida de aseguramiento, pero buscará que Sandra Morelli no salga del país.

Cuatro contratos relacionados con el arrendamiento de la sede actual de la Contraloría en el centro comercial bogotano Gran Estación y la venta de las antiguas instalaciones tienen bajo el escrutinio de las autoridades a la saliente contralora Sandra Morelli. 

La Fiscalía le imputará cargos a la funcionaria, al parecer, por los posibles delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado. El monto de este último está por establecer.  La razón es que los contratos carecerían de transparencia y plantación, principios básicos en la contratación estatal. 

La imputación será después de escucharla en interrogatorio realizado por un fiscal delegado ante el vicefiscal, Forge Fernando Perdomo.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha pedido medida de aseguramiento, pero buscará que Morelli no pueda salir del país pues los antecedentes de María del Pilar Hurtado, Luis Carlos Restrepo y Andrés Felipe Arias atemorizan al ente investigador. A ello se suma la doble nacionalidad de la contralora, que le daría más facilidades legales para establecerse en otro país. 

El anuncio de la Fiscalía se suma a los hallazgos de la auditora general de la República, Laura Emilse Marulanda, contra Morelli hace más de un mes. El mismo contrato de arrendamiento del edificio donde se trasladó el organismo de control en la zona de Ciudad Salitre, en el occidente de Bogotá, hizo que la auditora hablara de un detrimento al erario de 54.091 millones.

Incluso, la Auditoría está pensando en que cuando termine el proceso podrían ser embargados los bienes de Morelli.

En la cuerda floja

La Contraloría y el Ministerio de Hacienda habían acordado el traslado temporal del organismo de control, mientras se adecuaba y modernizaba la antigua Torre Colseguros y el edificio cardenal Crisanto Luque, antiguas sedes de la Contraloría. Sin embargo, estas acciones no se llevaron a cabo y, por el contrario, la contralora terminó vendiendo las viejas edificaciones por 12.000 millones de pesos, cuando su avalúo catastral ascendía a 34.000 millones de pesos.

Pero la contralora, según la Auditoría, jamás demostró por qué razón vendió el bien, aun cuando estudios consideraban que no presentaba problemas importantes de estructura o de sismorresistencia.

Según se ha conocido, el arriendo de la nueva edificación donde se trasladó la Contraloría fue de 2.600 millones de pesos mensuales y los costos generales en los que ha incurrido la entidad son de 76.400 millones pesos. “La contralora hizo una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente”, dijo Marulanda a Semana.com.
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