Detrimento por crédito de Banco Agrario a Odebrecht va en 135.000 millones

No paran los hallazgos y la indignación por la operación a través de la cual la entidad financiera a cargo de promover el agro a través de facilidades de crédito terminó entregándole de manera irregular 120.000 millones de pesos al consorcio Navelena, del que hace parte Odebrecht. 

La Contraloría acaba de revelar los hallazgos de una auditoría en la que alerta que el detrimento patrimonial por el préstamo, ya sumaría 135.000 millones de pesos. Este saldo se deduce del valor de los intereses que a la fecha no han sido pagados no obstante encontrarse vencidas las obligaciones a cargo de la sociedad Navelena SAS. 

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A la deuda con el banco, que cada día va en aumento se suma el hecho de que el consorcio perdió el contrato para recuperar la navegabilidad del río Magdalena por cuenta de la falta de cierre financiero. Esto ocasionó la imposición de una multa de más de 55.000 millones de pesos que deberán pagar proporcionalmente las firmas que integraban el consorcio: Odebrecht y Valorcon, de la familia Gerleín. 

Al respecto, dice la Contraloría, las posibilidades de que Navelena consiguiera financiación para el cierre financiero del proyecto eran remotas como consecuencia de sus condiciones reputacionales. En este sentido, todas las fuentes de pago estaban supeditadas al cierre financiero del proyecto o a las condiciones de terminación anticipada del convenio de APP por caducidad; ninguna de las dos se había dado para el momento del estudio y la toma de decisiones respecto del crédito. 

Para el ente de control, el Banco Agrario ignoró el escándalo de Odebrecht en Brasil para proceder a desembolsar el dinero. Para ese momento, exactamente el 20 de junio de 2015, ya era de público conocimiento que 5 directivos de la firma constructora habían sido detenidos por la Policía Federal de Brasil, dentro de la operación Lava Jato. 

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Pese a que algunos funcionarios del Banco Agrario que intervinieron en el estudio y análisis de la solicitud, identificaron y advirtieron del riesgo reputacional, las alertas no fueron atendidas y no se avizoraron las dificultades de pago que podrían darse.

"A pesar de lo anterior, el Banco Agrario desestimó y/o subvaloró los riesgos a los que se exponía, de llegar a ejecutar la operación de crédito con Navelena, pues aprobó y desembolsó los créditos sobre una expectativa incierta de flujo de caja", dice el informe de la entidad de control.

La Contraloría explicó que el desembolso se hizo a través de dos créditos: uno por 70.000 millones y otro por 50.000 millones. Este último no fue usado para inversión, como se aprobó, sino para cancelar un préstamo que tenía Navelena con el Banco de Occidente.

En el proceso de estudio, aprobación y desembolso, al igual que al estudiar, aceptar y valorar la garantía, el Banco Agrario habría desconocido lo dispuesto en materia de otorgamiento de créditos por la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia y su propio Manual de Políticas de Crédito, Cartera y Garantías, que para el otorgamiento de créditos a empresas exige tener en cuenta: “(…) la reputación moral y comercial de las personas que la representan o la administran”.

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También se encontró que las condiciones previas al desembolso aprobadas por la junta directiva del banco fueron modificadas de manera inconsulta por instancias internas del banco. En concreto se trata de la restricción referente a la constitución de la garantía y a su exigibilidad ante el incumplimiento en el pago de la obligación.

Para el ente de control, las condiciones finales de las garantías, que difieren de las aprobadas por la Junta Directiva, tuvieron origen en un concepto del abogado de Navelena, sin que las instancias del Banco Agrario que conocieron del mismo, hubieran realizado un análisis serio. De hecho, las modificaciones nunca fueron consultadas a la Junta Directiva del Banco para que sus miembros pudiera analizar y tomar una decisión seria e informada. 

También se incorporó un modelo de determinación y aprobación de la tasa de interés preferencial para los créditos de Navelena calculado con base a ingresos netos de 45.000 millones mensuales y 540.000 millones acumulados al año, esto es, dinero que no estaban percibiendo. De manera, que no se generarían operaciones directas con dicha empresa sino por operaciones de crédito que podrían realizarse en el futuro con algunos de sus empleados (Libranzas).

Por el caso, la Fiscalía llamó a imputación de cargos a Mónica Santamaría, vicepresidenta comercial; Juan Carlos Orjuela, gerente de asesoría jurídica; Alejandro Jiménez, exvicepresidente comercial, y Hernando Gómez Vargas, exvicepresidente jurídico, por el delito de administración desleal.