Graves hallazgos en la construcción de una sede de la U. Nacional

Hace poco menos de una semana, la Contraloría General sorprendió con un impresionante hallazgo de irregularidades en la contratación en la Unidad Nacional de Protección (UNP). Cerca de 14.000 millones de pesos fueron utilizados, presuntamente, de manera indebida, lo que encendió las alarmas entre los organismos de control y en la misma UNP, donde adentro es toda una caldera.
 
Ahora el ente de control vuelve a la carga con otra entidad en la que halló presuntas irregularidades. La Contraloría, luego de una compleja auditoría a las inversiones por concepto de regalías por parte de la Gobernación de Cesar, encontró irregularidades por cerca de 2.634 millones en la construcción del campus de la Universidad Nacional en el municipio de La Paz, que dependerá de la Sede Caribe del claustro.
 
Para empezar, la Gobernación firmó un contrato por más de 38.000 millones de pesos con la Unión Temporal Uninal Cesar, para que en un plazo de 18 meses (desde agosto del 2013 a febrero del 2015) se ejecutara toda la obra. Van casi dos años y la construcción no ha culminado.
 
Eso no es todo. Según el organismo, la autoridad departamental pagó por obras de mala calidad que no cumplían los mínimos parámetros técnicos requeridos, ni las normas de sismoresistencia.
 
Tanto así, que el concreto utilizado tenía caducada la fecha de vencimiento y los aceros fueron encontrados con alto grado de oxidación.

“El organismo de control estableció que los recursos invertidos y ejecutados a la fecha en esta obra no cumplen los parámetros técnicos, debido a presuntas deficiencias en las labores adelantadas por el contratista y por debilidades de supervisión y del nuevo equipo de interventoría (Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá)”, dice la entidad.
 
Y va más allá el informe de auditoría. “La CGR cuestionó que se haya permitido el avance de la obra sin corregir de fondo las debilidades estructurales del proyecto, ni tomar los correctivos necesarios de manera oportuna, lo cual ha generado esta posible afectación al erario público”, concluye el informe.
 
Lo más preocupante es que, según la entidad, la Gobernación hizo caso omiso a las observaciones brindadas en un primer momento por la sede de la Universidad Nacional en Manizales, que fue el primer interventor.
 
Así pues, estos hallazgos, según la Contraloría, podrían tener incidencia penal y disciplinaria para quienes no hicieron las previsiones necesarias para esta obra. Ahora el turno es para las otras entidades de control.

A través de una comunicación a Semana.com, la Universidad Nacional es clara en señalar que por parte de esa institución no ha habido irregularidad alguna. De hecho, según ellos, fueron los primeros en alertar sobre las fallas del contratista, al que "se le había pedido que realizara los correctivos".