Contraloría alerta por millonarias pretensiones contra el Estado

Luego de conocerse la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de admitir la demanda contra el Estado colombiano por el caso Santo Domingo -el bombardeo de la Fuerza Aérea a la zona rural de Tame, Arauca (13 de diciembre de 1998) en la que murieron 17 civiles-, la Contraloría alertó al gobierno sobre el impacto fiscal que para la Nación significaría las pretensiones contra Colombia, si prosperan las demandas en la justicia internacional.
 
En un informe presentado ante la Comisión Segunda del Senado, conocido por Semana.com, la Contraloría recuerda que en la actualidad hay 173 demandas contra Colombia por violación a los derechos humanos, a la vez que advierte que dichas pretensiones “podrían ascender” a 1.766 millones de dólares (alrededor de 3,2 billones de pesos), teniendo en cuenta el número aproximado de víctimas directas e indirectas en cada caso específico.
 
La Contraloría aclara que la cifra proyectada no debe ser entendida como el resultado de condenas sucesivas durante un mismo periodo, pero sí pone de presente que cada año “las condenas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) aumentan a razón de 500 dólares para cada una de las personas a indemnizar”.
 
Si esta cifra es proyectada a un periodo de seis o siete años, que es un promedio de lo que dura un trámite ante la SIDH, “no cabe duda”, dice la Contraloría, que las cifras “serán aún más alarmantes”.
 
El informe de la Contraloría se sustenta en una consultoría externa solicitada por el organismo de control.
 
Si bien estas cifras sólo se tratan de una “posible estimación” del posible desarrollo de las reclamaciones que cursan contra Colombia, la Contraloría traslada la “preocupación” sobre el curso que puedan tomar dichas demandas contra la Nación.
 
El informe de la Contraloría solo mide el impacto fiscal con base en los 173 casos que cursan contra Colombia en el SIDH, pero excluye otros posibles casos que, por violación a los Derechos Humanos, podrían comprometer a la Nación por hechos más recientes.
 
Por eso, en el estimativo de posibles víctimas elaborado por la Contraloría, no están considerados las 2’977.209 personas desplazadas (cifras de Acción Social a marzo 30 de 2009), ni la mayoría de los miles de homicidios de los que se han tenido noticia en el proceso de Justicia y Paz.
 
Siendo una posibilidad “no remota” que muchos de estos hechos lleguen en algún momento al conocimiento de los organismos del SIDH, “es del caso señalar que una situación tal aumentaría exponencialmente el número de víctimas y por lo mismo los montos de reparaciones aquí establecidos”.
 
Para la Contraloría es muy preocupante que en Colombia “todavía permanentemente se conozca la ocurrencia de hechos similares a los que hasta ahora han ocasionado condenas en su contra”, porque eso significaría que no se está ofreciendo la garantía de no repetición, “lo que tiene incidencia directa cada vez que dentro de los procesos actuales se avalúa la conducta del Estado colombiano”, y que en el país “se siguen generando hechos que previsiblemente derivan en nuevas denuncias contra Colombia que han de tener trámite ante los organismos del SIDH”.
 
En el documento entregado a la Comisión Segunda del Senado, Javier Alonso Lastra, contralor delegado para el sector Defensa, Justicia y Seguridad, recomienda que “es urgente también que la defensa judicial del Estado, particularmente a nivel internacional, se ponga en manos de un cuerpo profesional y técnico del más alto nivel, que sea independiente y autónomo”.