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| 4/16/2012 12:00:00 AM

Contraloría es competente para investigar 'carrusel' de pensiones: Consejo de Estado

La sala de consulta civil del alto tribunal emitió un concepto en que establece que la Contraloría tiene la competencia para realizar las investigaciones fiscales y que el fuero constitucional no opera para procesos en los que haya de por medio recursos públicos.

La decisión se da luego de que el Gobierno, en cabeza del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, solicitó al alto tribunal un concepto para determinar si la Contraloría podía investigar fiscalmente a los magistrados de las altas cortes.

La providencia rechaza el fallo de la sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura que determinó que el órgano encargado de investigar a los altos magistrados es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El texto del concepto declara que "la Contraloría General de la República es competente para adelantar los procesos de responsabilidad fiscal en contra de los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura doctores José Ovidio Claros Polanco, Julia Emma Garzón de Gómez, Henry Villarraga Oliveros y Pedro Alfonso Sanabria Buitrago, por el presunto detrimento patrimonial que se podría haber causado para el Estado con ocasión del nombramiento de magistrados auxiliares en los despachos de que son titulares".
 
Por lo tanto, el alto tribunal decidió: "La autoridad competente para adelantar los procesos de responsabilidad fiscal en contra de los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura corresponde, de manera exclusiva y excluyente, por mandato constitucional, a la Contraloría General de la República".
 
La controversia jurídica inició cuando la Morelli se presentó con la decisión de adelantar un juicio fiscal contra 23 magistrados (entre auxiliares y titulares) por el posible detrimento patrimonial al Estado producto del aumento de las pensiones de 14 exfuncionarios de la Justicia.

Al abrir investigaciones a los magistrados y reclamar la competencia para hacerlo, la funcionaria se enfrentó a dos instituciones poderosas. Por un lado, a un sector de la Rama Judicial que ve con recelo la posibilidad de terminar investigado por el ente de control y, por el otro, a la Comisión de Acusaciones, famosa por su falta de decisiones en los procesos, que arguye una usurpación de sus competencias constitucionales.
 
Dos semanas atrás, la sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura les dio la razón a los congresistas. El fallo del alto tribunal ordenó trasladar la investigación por el polémico carrusel de las pensiones de la Rama Judicial a la comisión parlamentaria. Ante esta sentencia, Morelli pateó el tablero. Anunció que no investigaría a funcionarios aforadosmientras no se aclare si esa es su competencia.
 
Con esta reacción dio a entender que estaba maniatada para investigar a otros personajes como el exministro Andrés Felipe Arias por el manejo de los subsidios del controversial programa Agro Ingreso Seguro, o al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos por el manejo de los recursos del departamento durante su gestión. Además, aseguró que el paso de la investigación a esa célula legislativa era prácticamente una decisión "absolutoria".
 
Así consiguió el apoyo de sectores de opinión que se preguntan a la Justicia quién la ronda, y rechazan las pensiones inmerecidas en una sociedad caracterizada por la inequidad. También prevalece en el ambiente la idea de que lo más probable es que la investigación a los magistrados duerma el sueño de los justos y ratifica que hay poderes 'intocables'. Con su paso al costado, Morelli envió el mensaje de que, en últimas, la víctima es la Justicia.



 



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