Contraloría embargó el salario del director de Invias, Carlos Alberto Rosado

La Contraloría imputó este lunes responsabilidad fiscal en contra del actual director del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), Carlos Alberto Rosado, y Adolfo Garcés Valencia, otro funcionario del instituto, por un presunto daño patrimonial avaluado en $105.675.000 pesos.

La medida también cobija al Grupo Nule, específicamente a la Sociedad Ponce de León y Asociados S. A. Ingenieros Consultores en Liquidación. Ante el ente de control deberán responder su representante legal actual, Saúl Sotomonte, y quien ocupó el cargo en la época de los hechos, Antonio José Rodríguez.

"El juicio fiscal se deriva de las gestiones antieconómicas, ineficientes e ineficaces que se dieron" en el contrato de interventoría 3119 del 2008, sobre la pavimentación de unas vías en el Cauca. Se trata de los tramos Crucero La Virgen-Restrepo, vía Pavas-Restrepo, ruta Vijes-Restrepo, y obras complementarias.

La Contraloría ordenó el embargo de los bienes de los implicados.
 
En ese sentido, embargó el salario devengado por Carlos Alberto Rosado, vinculado como responsable fiscal por la unidad anticorrupción del ente de control.
 
"Ostenta la condición de gestor fiscal en los hechos objeto de investigación, porque tenía bajo su responsabilidad el ejercicio del control jerárquico y la tutela sobre las actividades desarrolladas por el instituto", dice el comunicado, que agrega que el funcionario debía velar por la protección de los recursos de esta entidad estatal".

De acuerdo con el organismo, Rosado "omitió adelantar actuaciones adecuadas para el cumplimiento de sus funciones y dejó de efectuar un control de tutela adecuado en el manejo de las actuaciones necesarias para la liquidación de este contrato, y por lo tanto, la recuperación de los recursos del anticipo girado".

"Desde el 2009 a la fecha, es decir, transcurridos más de dos años de los hechos, no ha adelantado las gestiones necesarias para liquidar el contrato", agrega el comunicado.

El ente de control también cuestionó la actuación de la Sociedad Ponce de León y Asociados S.A., perteneciente al grupo empresarial Nule, “quienes a través de sus socios y órganos de administración, defraudaron la confianza legítima del Estado (...) usando los recursos del erario público en propósitos particulares", y sin contribuir "a los fines de la interventoría a las obras publicas, objeto para el cual fueron contratados"

"Quienes intervienen en la contratación pública deben legalmente defender los intereses del Estado y no les es dado realizar actividades que vayan en perjuicio de los fines estatales", aseguró la Contraloría, que aclaró que en el caso citado se evidenció el no pago por parte del contratista de obligaciones laborales y comerciales, "que dan cuenta de la desviación de recursos públicos destinados para tal fin, permitiendo que el particular-contratista, a expensas del erario, se beneficie injustificadamente".

Para la Contraloría, la administración de recursos públicos por parte del representante legal de la sociedad Ponce de León y Asociados, Antonio José Rodríguez, "no propendió por la salvaguarda de los dineros públicos y permitió que el anticipo no cumpliera con el objeto fijado, y que hasta la fecha no se hubiere amortizado la totalidad del anticipo".

De igual manera, el ente de control señaló la negligencia en la actuación de Rosado como supervisor en la ejecución del contrato.

Finalmente, el organismo investigador citó a audiencia pública de descargos a los presuntos responsables fiscales el próximo 1 de julio.