Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2015/11/09 17:04

Esquemas de protección, la otra vena rota que denuncia la Contraloría

El organismo de control habla en un informe de costos “exorbitantes” para atender a los beneficiarios de los servicios que presta la UNP.

Esquemas de protección, la otra vena rota que denuncia la Contraloría Foto: archivo SEMANA

Los hallazgos en la UNP por parte de la Contraloría no paran. El pasado 30 de julio un informe de ese organismo de control reveló que en esta entidad había un detrimento patrimonial de más de 14.000 millones de pesos por reconocimientos, pagos y gastos.

Luego, el pasado 7 de octubre, esa misma entidad aseguró que empezaría una actuación especial con el objetivo de establecer cuál fue el impacto económico de las irregularidades que se detectaron en la auditoría ejecutada en el primer semestre de este año.

Ahora, la Contraloría acusa de nuevo: en un informe asegura que los esquemas de protección se estarían convirtiendo en “otra vena rota para el erario”.

“El aumento de los esquemas está significando unos costos exorbitantes, al punto de que entre el 2011 y el 2014 la UNP ejecutó recursos por 1,12 billones de pesos (precios del 2014) para atender a los beneficiarios, y en el 2013 y el 2014 los gastos por esquema se incrementaron en 85 %”, dice el documento.

El gran problema, para el organismo, está en que mientras el incremento los servicios prestados en el 2013 y el 2014 fue del 51 %, el gasto se incrementó en 85 %. Además de eso, se asegura que los incrementos en personal de protección, conductores y vehículos blindados están muy por encima del IPC del año 2014.

La labor de la UNP está concentrada, sobre todo, en cinco grupos poblacionales: servidores y exservidores públicos; víctimas de violaciones a los DD. HH.; dirigentes y activistas sindicales; dirigentes representantes o activistas de organizaciones de DD. HH., cívicas, comunitarias o campesinas, y miembros de la Unión Patriótica y el Partido Comunista.

Según la Contraloría, entre el 2012 y el 2014 la Unidad recibió un total de 39.672 solicitudes de protección, y las personas que cumplieron los requisitos ascendieron a 31.383 (el 79 % del total).

“Las solicitudes se redujeron, pero el número de esquemas se incrementó en 51 %, lo que sugiere que hay inflexibilidad en los esquemas de seguridad aprobados y dificultad de decidir sobre el retiro de medidas para lograr estabilidad en la demanda y mantener un gasto sostenible en la gestión institucional”.

En ese sentido, según la Contraloría, los principales factores que incidieron en el incremento entre los años 2013 al 2015 fue el uso los vehículos convencionales (28 %), hombres de protección  y conductores (8 %) y los vehículos blindados (5 %).

“Porcentajes que contrastan con el aumento en el IPC (3,66 %). Como excepción se encuentran los medios de comunicación, que presentaron una reducción en costo del 35 %”, reza el informe.

El ente de control también aseguró que después de estudiar las variaciones en el presupuesto  aprobado a la UNP, debería mejorar los procesos aplicados para la planeación del manejo del dinero.

“Aunado a la deficiente planeación, toda esta variación presupuestal tiene origen igualmente en las acciones de tutela promovidas por los ciudadanos que solicitan esquemas de protección y que están motivadas por distintas razones, que van desde inconformidad con el estudio de riesgo y mantenimiento de las medidas cautelares hasta peticiones de reubicación”, dice.

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