Contraloría General pide al Presidente Santos suspender al gobernador del Magdalena

Por considerar que puede obstaculizar la investigación fiscal, comprometer aún más el patrimonio público y el interés colectivo, la Contraloría General de la República solicitó ayer al Gobierno Nacional, la suspensión del cargo de gobernador del Magdalena, Omar Diazgranados Velásquez, contra quien abrió un juicio de responsabilidad fiscal el pasado 10 de noviembre.
 
La investigación contra el gobernador Diazgranados y el senador Manuel Julián Mazenet, se abrió el pasado 2 de noviembre con base en una denuncia presentada por el ciudadano Cesar Castillo Cruz, por la adquisición en los años 2008 y 2009 de 66.000 kits escolares con destino a alumnos de educación preescolar y básica primaria de las instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento del Magdalena.
 
La actual administración departamental habría comprado, según las denuncias, 66.000 kits escolares a un precio tres veces superior al del mercado. Y más aún, estos kits aparentemente fueron utilizados por Manuel Mazenet, hoy senador del PIN, para hacer proselitismo durante su campaña.
 
Aunque las denuncias se conocen desde principios de año en Santa Marta, SEMANA publicó una nota el pasado mes de agosto, sólo hasta el pasado 2 de noviembre la CGN abrió la investigación.
 
Los hechos se remontan a marzo 28 de 2008, siendo secretario de Educación, el hoy senador Manuel Mazenet contrató la compra de 30.000 kits escolares para niños de escuelas departamentales, por valor de 3.135 millones de pesos. Dos meses después, y argumentando que 83.000 niños no estarían recibiendo el auxilio, firmó un contrato adicional -ya no como secretario de Educación sino como secretario privado- con el que adquirió 9.000 kits más.
 
Los registros oficiales de la mayoría de municipios que serían beneficiarios de la iniciativa indican que en vez de recibir 1.000 kits, como tenían previsto, solo les fueron entregados 300. Y lo que es más grave aún, cada uno de ellos -que traía un morral, un lápiz, dos cuadernos, un bloc, un borrador, un tajalápiz de metal y un libro- costaba 104.700 pesos, mientras las cotizaciones del mercado demuestran que se podían comprar por 34.000.
 
En 2009, cuando Mazenet dejó el cargo para no inhabilitarse para las elecciones al Congreso, el departamento volvió a adquirir 27.000 kits a un costo de 2.829 millones de pesos. Varios ediles le aseguraron a SEMANA que estos fueron entregados en plena época electoral. Este hecho, sumado al exagerado costo de los kits, molestó a algunos funcionarios. "La donación es ilógica e irracional por su alto costo y baja calidad", dejó escrito ante la Personería municipal el secretario de Educación de Ariguaní, Fred Peñaranda.
 
La coordinadora de Educación de Pivijay, Bárbara Polo, dejó constancia de que sólo le enviaron 100 de los 300 kits que le habían anunciado. Y por si fuera poco, varios ciudadanos y medios locales denunciaron que estos se estaban vendiendo en las calles de Santa Marta a 20.000 pesos.
 
La solicitud de suspensión está contenida en la resolución 033 y es una medida provisional porque, en opinión de la Contraloría, ‘existen razones poderosas para temer que, por la permanencia del funcionario responsable, se pueda afectar o entorpecer las investigaciones, dificultar la tarea de fiscalización y continuar malversando los recursos del erario o comprometer más el interés colectivo mientras culminan las investigaciones en el ámbito penal, fiscal o disciplinario’.
 
Este proceso contra el gobernador Omar Diazgranados, también cobija al senador del PIN Manuel Julián Mazenet, quien para la época de los hechos, se desempeñaba como secretario de Educación y Privado del gobierno departamental. La investigación de carácter fiscal cobija a los también exsecretarios de Educación Pablo Beltrán Gómez, Pedro Padilla y el empresario vallecaucano Hernán Ortiz Chaparro.
 
El tema de los kits escolares ha dado lugar a un largo debate durante todo el año contra el gobernador Diazgranados, el senador Mazenet y otros exsecretarios de educación departamental, al punto que el pasado mes de octubre en una ceremonia en la que el gobernador Omar Diazgranados condecoraba al Procurador General, Alejandro Ordoñez Maldonado, el exsenador Luis Eduardo Vives, presentó denuncia por estos hechos, con el argumento de que ese ente investigador archiva o no tramita las denuncias contra los funcionarios del departamento del Magdalena existiendo pruebas irrefutables de sobrecostos.
 
En la ceremonia de condecoración los periodistas le preguntaron al Procurador Ordoñez por qué aceptaba condecoraciones de funcionarios sometidos a su control disciplinario, a lo cual respondió que la condecoración era a la Procuraduría General, no a la persona que desempeña el cargo.
 
La Contraloría tuvo en cuenta, de acuerdo con un oficio interno, que existen varias denuncias contra el gobernador Omar Diazgranados Velásquez, que existe un presunto daño patrimonial en cuantía de 2.542 millones de pesos, por todo lo anterior pidió al Gobierno Nacional la suspensión inmediata del gobernador del Magdalena.