Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2016/07/17 12:13

Los nuevos pecados de Electricaribe

El contralor Edgardo Maya reveló la existencia de hallazgos fiscales en tres millonarios contratos que Minminas asignó a la empresa.

La Contraloría evaluó la ejecución de tres contratos. Foto: Electricaribe

La Contraloría tiene en la mira a Electricaribe por los supuestos incumplimientos en la ejecución de recursos públicos para normalizar redes eléctricas de las que dependen 63.783 familias de la costa atlántica. Según el ente de control, la empresa pudo haber causado el menoscabo de 65.732 millones de pesos.   

Así se deprende de la evaluación a la ejecución de tres contratos otorgados a la electrificadora por parte del Ministerio de Minas y Energía, que ascienden a 86.072 millones, 46.076 millones y 21.489 millones de pesos, respectivamente. De ahí que la Contraloría también cuestione a la cartera por su falta de vigilancia al programa de normalización.

Como parte del incumplimiento, la entidad comprobó que no se alcanzaron las metas de normalización dentro de los plazos a los cuales Electricaribe se había comprometido. Pese a que recibió el 100 % de los recursos, sólo alcanzó el 65 % de los objetivos, según lo refleja esta actuación.

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“Esto sucedió sin que el Ministerio de Minas y Energía hubiese tomado las acciones necesarias que condujeran al logro de la finalidad perseguida con la asignación de los recursos públicos destinados a cubrir las necesidades de normalización en el servicio de energía, para las comunidades menos favorecidas en los departamentos de la costa caribe”, resaltó el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón.

Frente al primero de los contratos, en el que estaban en juego 86.072 millones de pesos para normalizar el suministro de energía en Atlántico, La Guajira, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre, sólo han puesto en operación 75 de los 134 proyectos aprobados. Dice la Contraloría que para colmo de males, encontró que los términos ya vencieron.

Al final, esta deficiente gestión contractual pudo haber ocasionado un detrimento patrimonial de 46.442 de pesos, debido a que no se cumplieron los objetivos, advierte el ente de control fiscal.

En un segundo convenio, de 46.076 millones de pesos, la criticada empresa de energía prometía normalizar el servicio para 21.707 familias más en esas mismas zonas, mediante la realización de 27 proyectos.

Pese a que el compromiso de la firma era ejecutar la totalidad de lo acordado al 30 de diciembre del 2015, luego de haber recibido la totalidad de los recursos, lo cierto es que hasta ese entonces solamente había puesto en marcha 18 de los 27 proyectos aprobados. La Contraloría calcula que esta infortunada gestión habría causado detrimento a las finanzas estatales en 12.699 millones de pesos.
 
Los 21.489 que costaría la normalización en 7.136 hogares más en esos siete departamentos tampoco habrían sido suficientes para alcanzar todos los objetivos. El ente de control afirma que sólo 23 proyectos vieron la luz, pese a que estaban previstos 38.

La indagación del organismo de control fiscal dice que en este caso también ya se cumplieron los términos, lo que, en suma, pone en evidencia otro probable detrimento patrimonial por 6.591 millones de pesos.

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