El freno de la alta Corte a la contralora

Por estos días la contralora Sandra Morelli ha estado bajo escrutinio por cuenta de cinco contratos por un monto de 6.000 millones de pesos, presuntamente sin licitación pública, con la compañía ibérica Mnemo, experta de ciberseguridad. Una empresa que, según dio a conocer Noticias Uno este fin de semana, estuvo vinculada a un caso de espionaje político en España.

Mientras despuntan los datos de este escándalo, la contralora recibió otro golpe. Semana.com conoció que una decisión de la Corte Constitucional le pone freno a la forma como la contralora contrata su círculo más cercano de asesores.

En una demanda de inconstitucionalidad, con ponencia del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, se declara inconstitucional un aparte del artículo 128 de la Ley 1474 del 2011, que le permitía a Morelli elegir a su conveniencia a jefes de altos cargos en el ente fiscal.

En este caso se trata de diez asesores, algunos de los cuales se encuentran adscritos a las Unidades de Apoyo Técnico al Congreso y a la de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático. Estas dos unidades fueron creadas en el 2011, precisamente, para fortalecer la Contraloría en su lucha contra la corrupción y que, por cuenta de esta ley, dependen directamente del despacho de la contralora.

En el fallo se hace un fuerte llamado de atención a la forma de elección de dichos funcionarios. “La independencia y la autonomía de que debe gozar la Contraloría General como órgano de control, sustraída del quehacer político y de la injerencia en la conformación de su planta de personal, la cual se debe basar en una estricta aplicación de la meritocracia, más aun tratándose de cargos en las unidades especiales creadas para fortalecer institucionalmente a la Contraloría en acciones contra la corrupción”, indica la sentencia.

De la misma forma, para la Corte, “la aplicación del mérito en el proceso de selección o que este se lleve a cabo evaluando las calidades de cada uno de los posibles candidatos estaría dejando abierta la posibilidad para que se realicen nombramientos arbitrarios o clientelistas fundados en intereses particulares distintos de los auténticos intereses públicos”.

La Corte señaló que “las funciones que corresponden a estos cargos no justifican la excepción a la regla general de la carrera administrativa”, y por ello le quitó este poder a Morelli su facultad extraordinaria para nombrar a dichos funcionarios según su conveniencia.

Para el magistrado Martelo, la meritocracia y la carrera administrativa merecen especial respeto por parte de las entidades de control, se tiene que “salvaguardar la función pública de la influencia directa de los partidos y de los intereses políticos de carácter partidista en la integración y conformación de los cuadros de la administración” y para “garantizar el funcionamiento idóneo y continuado de la administración”.

Con este fallo, Sandra Morelli ya no podrá elegir ‘a dedo’ su círculo más cercano de asesores. Ahora tendrá que someterlos a concurso de carrera administrativa.