Contraloría reasume investigaciones fiscales que había dejado en suspenso

El choque entre la Contraloría General y el Consejo Superior la Judicatura (CSJ) parece que no termina. En una comunicación del ente de control no sólo se anuncia que reasume las investigaciones fiscales a los no aforados, sino que también asegura que no tiene impedimento en indagar las actuaciones fiscales de los magistrados de la Sala Administrativa.
 
La decisión va claramente en contravía del fallo de la sala de conjueces del CSJ, que determinó que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes la encargada de investigar a los magistrados de las altas cortes, incluido el CSJ.
 
En el comunicado se señala que la contralora general, Sandra Morelli, entendió en las declaraciones de los conjueces que este es un fallo que solamente surte efectos para el caso concreto, es decir, por el llamado 'carrusel' de pensiones.
 
"Y que en nada afecta, no solamente a los demás aforados constitucionales, tampoco a las investigaciones que posteriormente pudieran abrirse contra otros magistrados de esa alta corporación", aseveró.
 
Precisamente, anuncia que abrirá investigación a los magistrados de la sala administrativa del CSJ "(...) básicamente porque no estaban abiertas al momento de la decisión y porque se debe entender que estos magistrados sí realizan gestión fiscal".
 
Para la Contraloría, los magistrados de la Sala Administrativa tienen la responsabilidad del manejo del patrimonio público por lo cual deben responder.

Esta semana los conjueces determinaron no entregar las explicaciones solicitadas por la contralora Morelli cuando suspendió las investigaciones fiscales ya que para ellos el fallo era claro y no cabía interpretación.

Con la decisión de la contralora queda claro que ella va a investigar a los magistrados de la sala administrativa del CSJ así como a ministros, gobernadores y directores de Departamento Administrativo.

Este lunes se espera el concepto del Concejo de Estado le ponga punto final al el tema, luego de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, elevó una consulta al Consejo de Estado.