Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2016/02/08 20:43

¿Dónde están los bienes incautados por la DNE?

La Contraloría asegura que solo se conoce el 26 % de los inmuebles confiscados por la liquidada entidad. La Sociedad de Activos Especiales, que reemplazó a esa Dirección, responde.

La Contraloría reveló una serie de presuntas irregularidades sobre los bienes incautados por la DNE. Foto: Archivo SEMANA

El viernes pasado el empresario Eduardo Benavides fue capturado por supuestas irregularidades en su gestión como administrador de algunos bienes incautados por la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes.

Según la Fiscalía, Benavides aprovechó sus contactos en la Dirección para hacerse a la administración de una finca en zona rural de Zambrano (Bolívar). Y aunque el empresario recuperó su libertad horas después porque el juez de control de garantías, ante el cual fue presentado, no le dictó medida de aseguramiento, la captura abrió un interrogante sobre qué ha pasado con los millonarios inmuebles confiscados a la mafia.

Este lunes, la Contraloría presentó un informe que muestra una serie de presuntas irregularidades en los bienes incautados por la liquidada entidad y que pasaron, desde hace un año, a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Según el ente de control, de todos los inmuebles con medida cautelar o extinguidos solo se conoce el 26%. “Se verificó que la entrega no correspondió a una entrega real y material de los bienes muebles e inmuebles, que incluyera una descripción del estado de cada uno de los negocios y su manejo operacional. Por el contrario, se trató de una entrega que no cumplió con lo que ordena la normatividad archivística y donde no se verificó el inventario transferido”, explica el informe.

Pero esto no es lo único hallado. La Contraloría asegura que no ha podido determinar si los bienes están registrados en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y que, además, algunos se encuentran con una destinación provisional y no fueron relacionados en las actas de entrega de inventarios.

Sobre los administradores o depositarios, el organismo manifestó que son muchos los que no rinden cuentas de su administración y que, pese al mal desempeño, no han sido removidos de los cargos.

Toda esta situación ha llevado a que, según el informe, no se conozca el valor exacto de los bienes que el Estado administra. “La entrega de inventarios de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes a su nueva administradora, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) no ha arrojado mejoras importantes frente al sistema de administración anterior”, puntualiza.

Pero para la SAE las cosas no son así. En respuesta a una solicitud de Semana.com, la Sociedad aseguró en un comunicado que, desde el 30 septiembre de 2014, cuando asumió como empresa administradora de los bienes, los funcionarios de la entidad están en la tarea de poder obtener un valor comercial de todos los inmuebles.

Es por eso que, desde el inicio, comenzaron el inventario en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, donde esperan recaudar cerca de 76.000 millones de pesos. Sin embargo, como apenas llevan un año a cargo de los activos, no han podido terminar todo el registro y, según la SAE, es por eso que la Contraloría dice que solo conoce el 26 % de los bienes.

Frente a las críticas del órgano de control a los administradores, la SAE aseguró que ha removido de sus cargos a 162 depositarios y liquidadores que tenían a cargo la administración de 340 sociedades en el país.

La remoción se hizo bajo las resoluciones 347 y 349 de 21 y 22 septiembre del 2015, donde -según la SAE- no solo se da terminación inmediata a los contratos, sino que se solicita una rendición de cuentas y se exigen la devolución de las sociedades, establecimientos de comercio y bienes a la entidad.

“Para tener control sobre los costos de mantenimiento de los inmuebles, la entidad conformó el comité técnico de expertos de bienes muebles e inmuebles, el cual verifica una a una de las solicitudes y aprueba las reparaciones y mejoras de los inmuebles que lo requieran. Así mismo, realizan estimados de renta y estudios de mercado con el objeto de tener actualizados los precios de cánones de arrendamiento y avalúos de comercialización”, dice el comunicado.

Por último, la Sociedad asegura que emitió 290 resoluciones de diligencias de desalojos en todo el país, sobre 419 bienes ocupados ilegalmente, con el objetivo de garantizar el control y la productividad de estos.

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