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| 3/25/2014 12:00:00 AM

Contrato de máquina ‘tapahuecos’ aterrizó en la Procuraduría

La Personería de Bogotá remitió el proceso al Ministerio Público, que deberá definir si se presentaron irregularidades.

La historia revelada por Semana.com sobre el polémico contrato de la Unidad de Mantenimiento de Malla Vial (UMV) con la recién creada empresa Green Patcher S.A.S., para tapar los 220.000 huecos de Bogotá, ha tenido desarrollos interesantes, por decir lo menos.

Pero, ¿por qué un contrato que resolvería en poco tiempo el lío de los huecos en Bogotá se convirtió en un problema? Desde la suscripción del contrato, el 27 de diciembre del 2013, no ha dejado de estar en bajo escrutinio público, no sólo por una aparente inconveniencia, sino porque, se cree, que fue entregado prácticamente a ‘dedo’ sin los rigores de la ley de contratación estatal. 

En efecto este contrato para ejecutar una obra civil se suscribió bajo el ropaje de ‘ciencia y tecnología’ porque según la entidad contratante, la tecnología de esta máquina no existía en el país y era del todo especializada.

El tema llegó a manos del concejal Jairo Cardozo, quien reveló una investigación que entre los hallazgos estaba el hecho de que la recién creada empresa con un capital pequeño, estaba representada por un actor de televisión que no tenía experiencia en el campo de la contratación, mucho menos en las de obras públicas. 

Hace unas semanas, la Contraloría y la Veeduría Distrital dedicaron tiempo al caso, y coincidieron en que en ese contrato ha podido configurarse una serie de irregularidades, entre otras cosas, por el puntual tema de haberse suscrito bajo el argumento de que se trata de un proceso de innovación tecnológica.

Ahora la historia va más allá. Este viernes, la Personería de Bogotá, remitió el expediente a la Procuraduría General de la Nación. Así, el Ministerio Público estudiará, en un proceso preliminar, si hubo o no irregularidades.

La indagación preliminar fue solicitada por la Procuraduría Segunda Distrital el 19 de marzo del presente año, para establecer irregularidades en la suscripción y ejecución del contrato

En el documento remisorio la Personería asegura: “se acudió a la contratación directa al calificar el contrato como una actividad de ciencia y tecnología, cuando se trata de un tipo de contrato que obligaba a acudir a la licitación pública, además de reprochar la calificación, capacidad y experiencia del contratista”.

La información acopiada contempla tanto los estudios de la Veeduría y la Contraloría Distrital, como los del propio IDU, conceptos de Colciencias y expertos en propiedad intelectual, además de datos adicionales aportados por el concejal Cardozo.

Desde que se conoció el contrato, expertos en el tema, le aseguraron a Semana.com que ese mecanismo de contratación se había hecho para evadir el de la selección objetiva. “El parcheo es una obra civil y todas las obras deben hacerse bajo el modelo de licitación pública”, concluyó la presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingeniería (SCI), Diana María Espinosa.

Un caso similar sucedió en el 2007 en el Quindío, donde un contrato de similares características terminó en la destitución e inhabilidad por 12 años a la entonces gobernadora del departamento Amparo Arbeláez en agosto del 2011 por haber suscrito un contrato bajo la modalidad de 'Ciencia y tecnología'.

Ahora el balón de este espinoso y delicado asunto queda en la cancha de la Procuraduría General.
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