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| 5/9/2014 12:00:00 AM

Regresa polémica por contrato de semaforización

Organismos de control y una concejala advierten posibles irregularidades en el proceso adelantado por la Secretaría de Movilidad.

Este vienes revivieron los líos del polémico contrato de modernización de los semáforos de Bogotá, firmado en la administración de Samuel Moreno Rojas y que no ha podido tener un 'final' digno en el gobierno de su sucesor, Gustavo Petro.

Esta vez los señalamientos sobre el proceso contractual vienen de dos frentes: por una parte, la Procuraduría General de la Nación instauró una acción popular contra el alcalde de Bogotá Gustavo Petro, con el fin de suspender un contrato que el mandatario local intentó revivir en el 2013 y que había sido liquidado por incumplimiento en el 2012. El contrato era entre la Secretaria Distrital de Movilidad y la Unión Temporal Modulos LEDS Bogotá, para cambiarle los bombillos LED a 26.625 semáforos de la ciudad por 6.000 millones de pesos.

Por otro lado, la concejala por el Partido de la U Sandra Jaramillo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción, en relación con el mismo proceso.

La historia es así. Todo empezó en diciembre de 2010, cuando la alcaldía de Samuel Moreno pretendió modernizar el sistema de semaforización de la capital. Ello incluía la reposición de las tradicionales bombillas incandescentes por nuevas luces LED que consumen menor electricidad y tienen una duración sensiblemente mayor.

Tiempo después, el interventor del contrato determinó que los bombillos no cumplían los requisitos. Entonces el contratista fue sancionado en julio de 2012 y luego condenado a pagarle al Distrito el valor de la cláusula penal del contrato, alrededor de 1.200 millones de pesos más 3.000 millones por la devolución del anticipo. Pero ahí no para todo.

En mayo de 2013 la subsecretaría de Movilidad publicó una nueva licitación con el siguiente objeto:  “adquisición de semáforos con módulos luminosos LED para la regulación del tránsito vehícular y peatonal dentro del sistema de semaforización de Bogotá D.C. por el sistema de precios unitarios fijos no ajustables, de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas indicadas en el estudio Previo y el presente pliego de condiciones”.

Es decir, una nueva contratación que buscaba cumplir con los objetivos del fracasado proceso anterior y que le permitiera a la ciudad renovar su sistema de semaforización y, de paso, mejorar la complicada situación de movilidad.

Sorpresivamente, en agosto del mismo año, época para la cual estaba prevista la adjudicación de un nuevo contrato, se publicó un aviso firmado por el entonces subsecretario de Servicios de Movilidad, Dagorberto Mejía, el cual señalaba que: “la licitación ya no se adelantaría por ahora”.

Ese "por ahora" terminó en la firma del contrato de transacción que hoy está bajo el escrutinio de las autoridades. Textualmente, el documento dice que el objeto del contrato es “solucionar las controversias surgidas entre el Distrito Capital- Secretaría de Movilidad Distrital y la unión temporal módulos LEDS Bogotá, en relación con el contrato de compraventa número 1628 de 2010”.

Después, en diciembre del mismo año, la Administración firmó el contrato de transacción para revivir la liquidada contratación de los bombillos LED. El documento advertía que, finalmente, se daban por recibidos a satisfacción por parte de la Secretaria de Movilidad los bombillos tipo LED para semáforos, fabricados en 2010. 

Además, las partes acordaban: “quedan revocados y sin efecto todos los actos administrativos proferidos por la Secretaria Distrital de Movilidad mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de compraventa número 1628 de 2010 y se liquidó unilateralmente dicho contrato”.

Palabras más palabras menos y con base a las denuncias de las autoridades, la Administración revivió sin fundamento legal el contrato que había sido liquidado por incumplimiento, con la misma unión temporal y cuyos documentos en Cámara y Comercio tenían registrada la sanción. Además, ya había desaparecido del mundo jurídico y había perdido su vigencia dos años atrás.

La denuncia de Jaramillo

Por lo anterior, es que la concejala Sandra Jaramillo, en la denuncia presentada a la Fiscalía, asegura que ese contrato de transacción es ilegal, según ella, porque habría cometido los delitos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción. ¿Por qué?

El primer delito (contrato sin cumplimiento de requisitos legales) -dice la concejala- porque se violaron todos los principios de la contratación estatal contenidos en la Ley 80: principio de selección objetiva, transparencia y publicidad. Ya que, en vez de proceder a la nueva licitación, la suspendieron y revivieron uno que había sido declarado liquidado por incumplimiento dos años atrás.

El de prevaricato porque: "no pueden suscribirse convenios o pactos para perdonar sanciones impuestas administrativamente", concluye la cabildante de La U. El movimiento que hizo la Administración, como lo dice en el contrato de transacción fue: “quedan revocados y sin efecto todos los actos administrativos proferidos por la Secretaria Distrital de Movilidad mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de compraventa número 1628 de 2010 y se liquidó unilateralmente dicho contrato”.

Según la ley de contratación, el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales significa: "El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones y con el propósito de obtener un provecho ilícito para sí, para el contratista o para un tercero, tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y en multa de veinte (20) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales". 

Y el de prevaricato por acción, significa: "El servidor público que profiera resolución o dictamen manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas hasta por el mismo tiempo de la pena impuesta".

Por otro lado, según la Procuraduría, dicho contrato de transacción vulnera “los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el patrimonio público y la seguridad ciudadana”, tal y como lo dice la acción popular que instauró dicho organismo de control contra Gustavo Petro, los contratistas y el secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez.

Responde la Alcaldía

En cuanto a los señalamientos, la vocera del tema, la secretaria General, Susana Muhamad, explicó que ya estaban investigando internamente el contrato, que respetaban las investigaciones de los organismos de control y que de ser ciertos los señalamientos responderían a ello públicamente.

La modernización de la tecnología de los semáforos de la capital ha sido todo un reto para Bogotá. Incluso, recién posesionado Gustavo Petro anunció que una de sus metas era el cambio de tecnología y modernización de los semáforos y que la tecnología del nuevo sistema de semaforización estuviera conectada a un puesto de control de tráfico vehicular. Al parecer, quedó en palabras, porque es cuestionable que se pretenda modernizar los semáforos en Bogotá con tecnología adquirida en 2010.

Con este, serían tres contratos los que quedarían en vilo. A partir de la fecha, empieza otro seguimiento de las autoridades a una contratación que tiene semejanzas al escándalo del cambio del modelo de basuras y a la polémica contratación de la Unidad de Mantenimiento de la Malla Vial con la empresa llamada Green Patcher S.A.S. para tapar los 220.000 huecos de la ciudad.
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