Miércoles, 18 de enero de 2017

| 2016/08/16 22:19

¿Quiénes están detrás de los elefantes blancos de Electricaribe?

La familia García Zuccardi estaría detrás de una de las empresas que ejecutaron proyectos para normalizar la energía en la costa caribe. Algunos de los contratos están vinculados con el detrimento que denunció la Contraloría.

Los habitantes de la región Caribe llevan años protestando por el mal servicio de Electricaribe. Foto: Twitter / @DavidJoseVC

Electricaribe, la compañía que está en el ojo del huracán por problemas en la prestación del servicio de energía en el norte del país, realizó contratos con algunas firmas que incumplieron en reiteradas ocasiones las obras de mejoramiento de redes. Una de ellas vinculada a cuestionados políticos de la región.

Así lo conoció Semana.com en un documento que soportaría parte del detrimento por 65.737 millones de pesos que denunció la Contraloría General de la República en el informe de auditoría que hace unas semanas le hizo al Ministerio de Minas y Energías por recursos girados a esta operadora para la normalización de la energía.

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En dicho material se encontró que las dos empresas con mayor adjudicación de proyectos para mejorar la infraestructura de redes eléctricas fueron Carlos Vengal Pérez Construcciones e Inversiones y Promotora El Campín. Ambas compañías han sido señaladas por incumplimiento de ejecución de obras de infraestructura en varias ocasiones.

Promotora El Campín habría estado vinculada con la familia García Zuccardi en el momento en que fueron firmados los contratos, como lo denunció Semana en anteriores publicaciones. Algunos miembros de dicha familia, que no son los que aparecen en las actas de la empresa pero que tienen parentescos directos con estos, han sido investigados y otros condenados por vínculos con el paramilitarismo, masacres y desfalco al Estado.

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A esta compañía se le asignaron 23 obras, entre el 2011 y el 2012. Tres proyectos hacen parte del detrimento expuesto por la Contraloría: Regidor (Regidor), Nueva Colombia (Magangué) y Nueva Esperanza (Magangué). Todos en Bolívar. En total, la empresa habría recibido más de 13.762 millones de pesos, de los cuales 1.881 millones harían parte del hallazgo fiscal.

Para conocer cuáles son los proyectos que hacen parte de los hallazgos fiscales denunciados por la Contraloría haga clic en la imagen y navegue en el mapa.

Fuente: Informe de auditoría al Ministerio de Minas y Energía - vigencia 2015- de la Contraloría General de la República.

Luis Fuentes, gerente de la empresa, habló con Semana.com y confirmó que hicieron contratos con Electricaribe. Aseguró que “todas las obras están liquidadas, menos Nueva Esperanza, que fue suspendida porque la comunidad se opuso. No sé por qué no aparecen liquidados porque yo he pasado todos los informes, quizás en el momento en que hicieron la revisión no los habían ingresado”. Aclaró que los “anticipos que hizo la empresa prestadora del servicio de energía se destinaron directamente a los proveedores. No recibimos dinero por la ejecución para el caso de Nueva Esperanza, que es la que está suspendida”.

Sin embargo, la pregunta que más inquieta es por qué Electricaribe le dio tantos contratos a esta empresa, que tenía (en el momento de la firma) como socios directos o indirectos a Mady Ester Romero de García, suegra de la exsenadora Piedad Zuccardi; Juan José García Zuccardi, hijo de esta, y Betty Romero de García, madre del exalcalde de Cartagena Gabriel García Romero, como en su momento denunció SEMANA. Juan José García Romero, esposo de Piedad Zuccardi y exsenador, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a tres años de prisión por apropiarse de 110 millones de pesos de auxilios parlamentarios. A su hermano, Álvaro García, lo sentenciaron a 40 años de prisión por vínculos con paramilitares y la Corte lo consideró autor intelectual de la masacre de Macayepo. La misma entidad dictó orden de captura a Zuccardi por supuestos vínculos con paramilitares (la investigación continúa).

Promotora El Campín ha ejecutado millonarios contratos de gobernaciones y alcaldías de la costa Caribe. También, supuestamente, es dueña del 50 % de una concesión minera en la que tuvo participación Betty Castro, relacionada y procesada con el paramilitarismo en el 2012 y que luego pasaron a manos de uno de los hijos de Alfonso ‘el turco’ Hilsaca, como denunció SEMANA.

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El otro caso

Carlos Vengal Pérez Construcciones e inversiones fue la que más recibió dinero y contratos de la empresa prestadora de energía. Le adjudicaron 26 proyectos y 13 aparecen en el informe de la Contraloría. Cinco en Atlántico, siete en Cesar y uno en Magdalena, que aportan 11.578 millones al hallazgo fiscal por 65.738 millones de pesos que expuso la Contraloría.

El ingeniero Carlos Vengal Pérez, dueño de la compañía, estuvo involucrado en el atraso del proyecto Avenida del Río (Barranquilla) y de la Concesión Plazas y Parques en Atlántico. Ha estado relacionado con escándalos por incumplimiento en la ampliación de la doble calzada de la vía Circunvalar (Barranquilla) y en la concesión de la malla vial de Puerto Colombia.

Semana.com se comunicó con la compañía pero manifestaron que la persona encargada de coordinar estos proyectos estaba fuera de la ciudad.

Electricaribe también se negó a dar declaraciones relacionadas con los contratistas argumentando que sería contraproducente para ellos dada la crisis que atraviesan con diversas entidades del Estado.

Para ver los detalles de los contratos y compararlos con los hallazgos de la Contraloría, vaya a este documento.

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