Controversia sobre si familiares de guerrilleros son incluidos en ley de víctimas

Irma Franco fue una de las guerrilleras del M-19 que participaron en el asalto al Palacio de Justicia en 1985. Según testimonios y pruebas judiciales, la Fiscalía determinó, como un hecho probado, que fue una de las personas que salieron vivas del Palacio y luego fue desaparecida.
 
La desaparición forzada es una violación al Derecho Internacional Humanitario. Y son precisamente esas conductas las que buscan ser reparadas en Colombia a través del proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras.
 
Sin embargo, el texto del proyecto, que ya fue aprobado en dos debates por la Cámara de Representantes, excluyó como beneficiarios de la eventual ley a familiares de guerrilleros que, como el caso de Irma Franco, sufrieron menoscabo de sus derechos fundamentales.
 
Al definir la condición de víctima, fueron excluidos los miembros de grupos armados ilegales y sus familiares, pero esta definición podría ser inconstitucional en casos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
 
Pero el tema, que no deja de ser controversial, podría ser revivido en el debate del Senado.
 
Juan Fernando Cristo (Partido Liberal), coordinador de ponentes, admite que el tema de los combatientes de grupos ilegales y sus familiares es un “muy sensible”.
 
“El texto de Cámara excluye totalmente del concepto de víctimas a estos, sin tener en cuenta si fueron víctimas en combate o de violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Vamos a trabajar una redacción que nos permita el derecho a la igualdad, pero también que quede absolutamente claro que ningún guerrillero puede ser víctima reconocida en esta ley, sino victimarios de la población civil, pero dejando abierta la puerta para su familiares”, explica Cristo.
 
Este es un tema jurídica y políticamente complejo y el propósito es tener una posición de acuerdo con los estándares internacionales, pero también de acuerdo con la política nacional.
 
Sin acuerdos respecto a la fecha
 
De momento, los ponentes del proyecto, que llevan reunidos varias semanas en la redacción de la ponencia, no han llegado a ningún acuerdo respecto a este sensible tema.

En las dos semanas de trabajo que completan los ponentes del proyecto de ley de víctimas y reparación de tierras en el Senado, de momento, las controversias continúan.
 
Y una de ellas es la de la fecha de los alcances de la ley. Según el texto de la Cámara de Representantes, las víctimas desde 1991 son las que pueden reclamar su derecho a la reparación.
 
Esto dejaría por fuera, según explicó otro ponente, el senador Luis Carlos Avellaneda (Polo), a las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica y a los familiares de los cuatro candidatos presidenciales (Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro) asesinados entre 1987 y 1990. “Ese no es un buen mensaje de reconciliación para la sociedad colombiana”, dijo.
 
Todo parece indicar que el polémico tema de la fecha tendría avances. Hay quienes proponen que sea a partir del primero de enero de 1980, aunque la tesis que puede triunfar sería la de 1984, un año que no tendría reparos por parte del Gobierno.
 
“Estamos estudiando la fecha, la sostenibilidad fiscal, a quiénes cobija. Estamos estudiándolo. Somos capaces de evacuar este tema. Falta mucho. Esta es la tercera reunión y faltan 15”, explicó el senador conservador Hernán Andrade, quien hace parte del bloque más crítico a los alcances de la ley.

El trámite

Aunque varios congresistas señalan el trabajo como “productivo”, no es claro aún que el proyecto bandera para el gobierno vaya a tener una ponencia definida.
 
La apuesta del senador Juan Fernando Cristo es que a más tardar el lunes 15 de febrero, todos los partidos políticos firmen una sola ponencia. Sería un gran avance. De lo contrario, se presentaría más de una ponencia y dilataría la aprobación del proyecto.
 
Antes de eso, los ponentes se reunirán este miércoles con el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, y la fiscal general, Vivianne Morales.
 
El jueves harán lo propio con el ministro de agricultura, Juan camilo Restrepo, pues el capítulo de restitución de tierras también ha sido objeto de varias controversias.