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R A M A    <NOBR>J U D C I A L</NOBR>

Copia al carbón

Un escándalo por plagio enreda a Amelia Mantilla, ex presidente del Consejo Superior de la Judicatura y seria aspirante a la Procuraduría General.

13 de noviembre de 2000

El nombre de Amelia Mantilla es uno de los más respetados en la rama judicial. Su hoja de vida está llena de múltiples reconocimientos. El más importante de todos es haber sido la primera mujer en ocupar la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, corporación de la cual fue magistrada de la sala disciplinaria durante siete años. Antes había sido procuradora delegada, magistrada del Tribunal de Cundinamarca y catedrática de varias universidades. Es abogada de la Universidad Externado y tiene un magister en ciencias penales y criminología.

Gracias a su tenacidad Mantilla logró sobreponerse a grandes tragedias personales, entre ellas la muerte de su esposo, Emiro Sandoval Huertas, el 7 de noviembre de 1985 cuando el M-19 atacó el Palacio de Justicia. Sandoval era magistrado auxiliar del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, también inmolado en ese acto terrorista.

Ahora su nombre vuelve a sonar porque es una seria aspirante a Procuradora General al expresar públicamente su deseo de integrar, como candidata de la Corte Suprema, la terna sobre la cual el Congreso escogerá al jefe del Ministerio Público. Otro aspirante es Edgardo Maya —también ex integrante de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura— esposo de la ministra de Cultura, Consuelo Araujonoguera.

Pero Mantilla está a punto de ver frustradas sus legítimas aspiraciones de ser procuradora al convertirse en el centro de una polémica relacionada con su ponencia en el XXI Congreso de Derecho Procesal en septiembre pasado en Cartagena, evento organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. La ponencia de Mantilla —recogida posteriormente en un libro que acaba de ser publicado— tuvo por título Victimología. Hablando de la victimización Mantilla afirma que “se han distinguido tres clases de victimización: primaria, secundaria y terciaria. Por victimización primaria entendemos, la que se deriva directamente del crimen. Por victimización secundaria los sufrimientos que a las víctimas, los testigos y mayormente a los sujetos pasivos de un delito les infieren las instituciones más o menos directamente encargadas de hacer justicia: policías, jueces peritos, criminólogos, etc. Y la victimización terciaria procede, principalmente, de la conducta posterior de la misma víctima (…)”.

La intervención de Mantilla mereció la aclamación de los 1.500 asistentes al evento. Pero su ponencia tiene un serio problema: algunos de sus apartes fueron sacados textualmente del libro Criminología y victimología del sacerdote español Antonio Beristaim, quien es considerado una eminencia en criminología. La cita en cuestión figura en la página 225 del libro publicado por Editorial Leyer en Bogotá en 1999, un año antes de la intervención de Mantilla (ver recuadro).



¿Que dice la ley?

Aunque es normal que en círculos académicos se utilice la obra de otros autores para ilustrar algunas aseveraciones, llama la atención el hecho de que en ninguno de los apartes de la ponencia de Mantilla se diga quién es el autor original de los textos. Tampoco hay utilización de comillas, como debería hacerse cuando se trata de afirmaciones tomadas de otros autores.

Según varios asistentes al congreso —quienes prefirieron omitir sus identidades—, por lo menos existen en la ponencia de Mantilla 12 afirmaciones tomadas de manera textual del libro de Beristaim sin que éste tenga el reconocimiento que por ley le corresponde por parte de la expositora.

El caso de Amelia Mantilla no pasaría de ser una discusión académica sino fuera porque como presidenta del Consejo Superior de la Judicatura habría violado las normas sobre protección de la propiedad intelectual, contempladas en la Ley 44 de 1993 sobre derechos de autor. Dicha ley establece en su capítulo IV (de las sanciones) artículo 51 que “incurrirá en prisión de dos a cinco años y multa de cinco a 20 salarios legales mínimos mensuales”, quien “de cualquier modo o por cualquier medio reproduzca, enajene, compendie, multiplique o transforme una obra literaria, científica o artística, sin autorización previa y expresa de sus titulares”.

Al ser consultada por SEMANA Mantilla afirmó que su hoja de vida es intachable, que en los círculos académicos esas son cosas obvias y que se trata de hacerle daño, debido a su deseo de ser Procuradora General. “Estas acusaciones me parecen injustas. De mi intervención en el Congreso de Derecho Procesal en Cartagena recuerdo muy bien que mi ponencia fue la que más gustó de todas”, dijo Mantilla.



Mala conducta

Aunque la controversia apenas comienza, no se puede desconocer que tiene muy mala presentación el hecho de que un funcionario judicial de una de las altas cortes del Estado presente como ponencia suya en un acto académico un documento que a la postre se demuestra que pertenece a otro autor. Por lo menos deja en evidencia que la falta de preparación del expositor sobre el tema se llenó acudiendo al cuestionable recurso de copiar parcialmente una obra de un reconocido tratadista internacional.

Eso es más reprochable aun cuando tal conducta proviene de quien ha sido presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y presidenta de la sala jurisdiccional disciplinaria, precisamente la corporación judicial que tiene la función constitucional y legal de vigilar la conducta ética de jueces, fiscales y abogados. Y el asunto se vuelve mucho más delicado si esa misma persona aspira a ser Procuradora General de la Nación.