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| 6/21/2009 12:00:00 AM

Corazón contra chequera

Las intenciones de la fracasada ley de víctimas podrían ser muy nobles. Pero económicamente el proyecto no era viable.

Con el hundimiento en el Congreso de la ley de víctimas, la semana pasada, los únicos perdedores fueron los damnificados por la violencia que claman por una indemnización, así sea económica, que en algo les repare el sufrimiento que han padecido.

El gobierno y la oposición se responsabilizaron mutuamente por el fracaso de esta iniciativa que se comenzó a tramitar en el Congreso a finales de 2007 y se vislumbraba como una respuesta del Estado a la tragedia de las víctimas.

El senador liberal Juan Fernando Cristo, quien fue el impulsor del proyecto, dijo que al gobierno le interesaban más los victimarios que las víctimas y lo tildó de discriminatorio. Éste, mientras tanto, lo culpó de querer hacer política con las víctimas y crearles falsas expectativas.

Uno de los argumentos del gobierno que más debate generó ante el hundimiento del proyecto fue el tema económico. El presidente Uribe señaló que la iniciativa, tal como se aprobó en la comisión de conciliación, no era viable fiscalmente. La oposición tildó al gobierno de avaro. El senador Cristo dijo que el cálculo oficial se hizo sobre la base de artículos que no están en el proyecto y que en el fondo el problema era de principios y no de plata.

Pero el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, sacó la calculadora. El proyecto inicial que avalaba el gobierno tenía un impacto fiscal de 22,2 billones de pesos y en el Senado se adicionaron y cambiaron conceptos que incrementaron el costo, según el gobierno, en 53,8 billones de pesos. Así las cosas, la cuantía total del indemnizar y reparar a las víctimas ascendería a 75 billones de pesos, 15 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). "Esto quebraría al país y la iniciativa se quedaría en letra muerta, porque no habría forma de cumplirla", dijo.

Los puntos que marcan la diferencia en materia fiscal entre lo que el gobierno avaló y lo que se aprobó en el Senado se resumen de la siguiente manera.

Hay que anotar que el gobierno hizo sus cálculos con base en un universo de 926.103 víctimas registradas a la fecha en Acción Social (233.103 víctimas y 693.000 familias desplazadas).

El proyecto tiene cinco programas básicos. En el primero, de restitución patrimonial, el gobierno había delimitado este rubro a la restitución de bienes inmuebles de las víctimas, como los enseres. En la versión del Senado se amplió el concepto a otros derechos y obligaciones y se dejó explícita la expresión de "todo el patrimonio". El impacto fiscal de este programa sería de 11,1 billones de pesos. El gobierno dice que tiene en cuenta para calcularlo fallos recientes que han obligado al Estado a pagarles a familias bienes inmuebles.

En el programa de protección, se modificó el concepto inicial avalado por el gobierno. Según lo aprobado en el Senado, se estableció el deber de adoptar medidas especiales de protección a toda la población definida como víctima, independientemente de la existencia del nivel de riesgo. Con base en cifras de la Fiscalía sobre lo que vale un esquema de protección, este programa costaría 19 billones de pesos. La propuesta del gobierno valía dos billones.

En el tema de garantía de un proyecto de vida, en el Senado se le adicionó un programa de sostenibilidad y generación de ingresos. Según el Ministerio de Agricultura, un proyecto productivo como lo contemplaba la ley tendría un costo de 3,5 billones de pesos, aproximadamente.

En el programa de vivienda, el gobierno planteó subsidios para las víctimas que se hubieran visto afectadas en su vivienda. En el nuevo articulado del Senado se incluyeron subsidios para todas víctimas. Lo avalado por el gobierno costaba 7,9 billones. Con lo ampliado, se sube a 11 billones.

Y en el plan de indemnización, fue ampliado el concepto de víctimas a un rango mayor de familiares (según grado de consanguinidad) y personas a cargo y afectadas. Esto elevaría el universo de las víctimas, y por consiguiente haría más costosa la reparación. Se incluyó lucro cesante, daños emergentes, perjuicios morales. De 4,6 billones de pesos previstos por el gobierno, subió a 23 billones con los ajustes hechos en el Senado.

El gobierno anunció que volverá a presentar el proyecto el 20 julio y que sólo puede garantizar recursos, como lo había planteado, por 22 billones de pesos. La oposición dice que llevará su propia iniciativa. En semejante tire y afloje, los opositores pueden tener la razón moral, pero sin duda el gobierno tiene la razón económica de su insostenibilidad.
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