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| 12/5/2004 12:00:00 AM

Córdoba de luto

Una serie de asesinatos de abogados y algunos de sus familiares tienen atemorizado a este departamento.

Cinco reconocidos litigantes han sido asesinados en los últimos meses en Córdoba. Blas José Bernal, el 27 de noviembre en un mercado público de Cereté, a 20 minutos de la capital. Pompeyo Rafael Llamas, el 18 de noviembre, cuando iba en su carro por este municipio. Su hermano Franklin, que lo acompañaba, también murió. El 29 de octubre, el penalista Zorobabel Payares Mangones cuando llegaba a su casa en Montería. Su hijo de 9 meses, la niñera y su esposa, que estaban con él, fueron heridos. El 16 de julio, Harold Babilonia Negrete, en el municipio Lorica a una hora de Montería cuando sacaba a pasear su perro. Su hermano Manuel Joaquín, que intentó auxiliarlo, también murió de un tiro en la cabeza. Y Darío del Cristo Juris, el 27 de febrero, cuando salía de su casa en el barrio Pasatiempo de Montería. Todos los crímenes fueron cometidos por sicarios en moto. Todos, con armas cortas, y pese a la reacción de la Policía no hay un solo detenido.

Esta situación tiene alarmada a la comunidad de juristas de este departamento, y algunos de ellos sólo aceptan hablar garantizando la reserva de su identidad. "Se ha perdido la tranquilidad con la que vivíamos", dice uno de ellos. "Las muertes con sicarios era algo que sólo le sucedía a la gente de estratos bajos", dice otro, quien asegura que "por lo menos tres colegas que conozco ya empacaron y se fueron de la ciudad".

El comandante de la Policía, coronel José William Arias, dijo a SEMANA que según las investigaciones son casos aislados. Sin embargo, según él, todos tenían en común que llevaban procesos de sucesión de tierras, "negocios de entre 3.000 y 10.000 millones de pesos, dice Arias, pero no puedo afirmar que sea por esto. La Fiscalía está estudiando en cada caso diferentes hipótesis".

Varios de los abogados consultados aseguran que uno de los factores que ha generado mucho riesgo para su trabajo en Córdoba es llevar procesos contra entidades públicas. Pues según ellos, algunas están bajo el control de las autodefensas y no aceptan que los presupuestos se pierdan en pleitos legales. "Lo visitan a uno y le ordenan que termine el proceso, o que comparta los honorarios. Incluso una vez citaron a un grupo de abogados para levantar las medidas de embargo contra un municipio", dijo una persona que conoció los hechos.

En las calles se habla de una lista de ocho abogados, pero nadie la conoce. No obstante, la Policía se reunió con un grupo grande de juristas para orientarlos en medidas de autoprotección e invitarlos a que denuncien si tienen amenazas en su contra. Nadie dijo nada.

En declaraciones al Meridiano de Córdoba, el obispo de Montería, monseñor Julio César Vidal, "condenó los crímenes al tiempo que envió un mensaje a los asesinos para que cesen las hostilidades". También manifestó que no cree que miembros de las autodefensas tengan relación con estas muertes, pero les pidió que hicieran un pronunciamiento en el cual se aclare que no tienen nada que ver, "pues eso le daría tranquilidad a la opinión pública". Mientras tanto la sociedad cordobesa espera que las autoridades avancen en sus investigaciones.
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